Acuerdo de Escazú: los pros y contras del acuerdo ambiental en el Perú

Con opiniones a favor y en contra se llevó a cabo el último jueves el conversatorio ‘Análisis del Acuerdo de Escazú’, organizado por el Parlamento Andino, en las instalaciones del Congreso de la República.

En el debate, la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Fey Yamina Silva Vidal, indicó que el documento de Escazú se sustenta en la necesidad de preservar los recursos que no son ilimitados los que en su explotación deben ser sostenibles.

Además, la funcionaria afirmó que este acuerdo no es una limitación desde el punto de vista económico y en cambio se sustenta en tres ejes que armoniza la parte social, económica y ambiental.

La representante del Ministerio de Ambiente sostuvo que otro de los objetivos del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es darle seguridad a los protectores y defensores medioambientalistas ya que nos encontramos en una de las regiones menos seguras para estas personas, constituyendo países como Colombia y Perú los de mayor incidencia.

“La defensa de los recursos y cuidado del ambiente, no se contradice con el desarrollo ni con la soberanía nacional”, aseguró la funcionaria.

Otras de las voces a favor de firmar el Acuerdo de Escazú, Katia Bocanegra, de la Adjuntía de Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, aseguró que actualmente más del 60% de los problemas sociales en el país son de origen ambiental. “Las comunidades demandan el respeto y cumplimiento al Convenio 169 sobre consulta previa y derecho a decidir sobre los lugares donde ancestralmente viven”, acotó.

La defensora también llamó la atención al número de defensores asesinados en el país y en la región en eventos asociados a temas de tráfico ilícito de madera producto de la tala ilegal.

Bocanegra, asimismo, aseguró que los alcances del Acuerdo de Escazú no tienen carácter punitivo, ni atenta contra la soberanía de los estados firmantes, sino se basa en el principio de cooperación entre sus partes, no está sujeto a ningún órgano judicial internacional.

En el debate, una de las voces que se expresaron en contra fue el parlamentario Jorge Montoya, quien afirmó que el Acuerdo de Escazú viola la soberanía nacional, atenta contra el derecho a decidir que tenemos como país.

“Firmar Escazú sería abdicar y aceptar que no somos capaces de auto gobernarnos. En la escena internacional que promueve este acuerdo también hay intereses subalternos”, advirtió.

En ese contexto consideró que no necesitamos firmar el Acuerdo de Escazú porque todas sus propuestas están contempladas en la Constitución.

Por su parte el abogado Ángel Delgado sostuvo que no está de acuerdo con la firma del Convenio de Escazú pero que ello no lo convierte en defensor de los depredadores y rechaza tajantemente los atentados contra la vida de los defensores de los derechos ambientales.

Delgado advierte sobre la figura de derecho subjetivo que empodera en este caso a las organizaciones civiles (ONG) en los países firmantes que se encontrarían en la posición de objetar decisiones de gobierno, no solo en la Amazonia, sino en todo el país. “Firmar Escazú sería involucionar en nuestros derechos como país”, aseguró.

“Las ONG responden a sus propios intereses son financiadas por países que tienen liderazgos internacionales o que en algunos casos son por ejemplo productores de madera que no ven con buenos ojos la competencia que es perjudicial para ellos, dijo el jurista.

Por su parte, el excanciller Francisco Tudela explicó que Escazú es fruto de un frustrado proyecto globalista internacional que se desarrolló luego de la desaparición de la Unión Soviética (URSS).

Tudela se refirió al planteamiento ya aprobado en algunos países de la región como Bolivia que en su legislación ya reconoce los derechos de la naturaleza. El excanciller afirmó que no puede haber derechos de la naturaleza porque no son seres de conciencia. No pueden ser sujetos de derechos, aseguró.

De la misma forma dijo que la OSD no menciona en sus textos constitutivos condicionamientos de la firma de Escazú para dejarnos fuera del sistema internacional financiero.

El vicepresidente del Parlamento Andino, Juan Carlos Ramírez, anunció que desde su despacho continuará promoviendo este tipo de debates porque en ello consiste la democracia, escuchar a todas las partes, a todas las posturas por igual.

Mientras que el parlamentario Gustavo Pacheco Villar invitó a los asistentes al Congreso internacional sobre Derecho Parlamentario Andino que se efectuará este fin de mes en Lima, donde precisamente se tocará también este tipo de temas con expertos internacionales.

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