Dina Boluarte perdería a sus dos viceministros en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La presidenta del Servicio Civil (Servir), Janeyri Boyer Carrera, señaló que María Tarazona Alvino y William Contreras Chávez no cumplirían con el perfil profesional para ocupar los puestos en los cuales fueron nombrados por la también vicepresidenta de la República desde que empezó su gestión en la cartera en julio del año pasado.
En declaraciones al portal Epicentro, la titular de Servir indicó que ambos funcionarios no cumplen con el Manual de Obligaciones y Funciones (MOF), motivo por el cual tendrían que dejar los cargos de confianza. “La ley n.° 31419 establece responsabilidades penales y administrativas para quien nombra funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos, y es extensiva para quien los mantiene después del informe de Servir”, señaló.
María Tarazona Alvino se desempeñaba como viceministra de Políticas y Evaluación Social, mientras que William Contreras Chávez lo hacía en el viceministerio de Prestaciones Sociales. Según Boyer, se alertó en el mes de junio que la “viceministra María Abigunza y el viceministro William Ciro Contreras no cuentan con cinco años de experiencia específica en puestos o cargos de directivos a nivel jerárquico similar en el sector público o privado”.
Investigación
Mientras Boluarte enfrentaría la salida de sus viceministros, su caso se encuentra literalmente congelado en el Congreso de la República. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), donde se analiza la denuncia contra la vicepresidenta por presunta infracción a la Carta Magna, no se instala hasta ahora y tampoco hay nuevo presidente.
En la legislatura pasada, Rosío Torres (Alianza para el Progreso) estuvo al mando. Ahora, bancadas de oposición como Renovación Popular (RP) planean liderarla. Si RP captura la presidencia de la SAC, lo que vendría después sería poner a debate una nueva reconsideración sobre quién debería ser el delegado de la denuncia contra Boluarte.
Como se recuerda, el pasado 1 de agosto, ratificaron al parlamentario Edgar Reymundo como el encargado de realizar el informe de calificación sobre si procedía o no acusar a la vicepresidenta de la República.
La congresista Norma Yarrow (Avanza País) había solicitado el cambio de Reymundo debido a que pertenece a la bancada Cambio Democratico-Juntos por el Perú- que resulta ser aliada del Gobierno de Pedro Castillo.
Plazos
Si en la SAC se termina por cambiar al delegado de la denuncia contra Boluarte, todo el proceso volvería a foja cero. Alberto Otarola, defensa legal de la vicepresidenta, indicó a Perú 21 que se tomarían entre ocho meses a un año resolver el caso de cliente. Sin embargo, señaló que si todo sigue igual; es decir, esperar el informe de calificación, realizar las audiencias, debatir el documento y la votación, habría una resolución en diciembre.
Por lo pronto, el abogado de Boluarte ya presentó ante la Mesa de Partes del Parlamento un documento de 80 páginas en el que se sustenta su defensa respecto a la acusación constitucional. En paralelo, hay que recordar que se presentó un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que solicite al Estado peruano a que suspenda este proceso que es llevado a cabo por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República.
En su escrito ante la instancia internacional, la vicepresidente sostiene que el proceso de la SAC tiene que quedar sin efecto porque se transgredió con sus acciones los artículos 38 y 126 de la Constitución, y por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y aprovechamiento indebido del cargo.
En esa línea, el recordado exministro de Defensa del expresidente Ollanta Humala sostiene que la oposición parlamentaria intenta “hacerse con el poder y revertir la derrota” que sufrió en las urnas en las elecciones presidenciales pasadas.
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