Han pasado 13 meses desde que Pedro Castillo Terrones asumió el cargo de presidente de la República. Siendo exactos, son 405 días en los que el jefe de Estado ha nombrado a siete ministros del Interior, en promedio uno cada dos meses. Estos cambios solo dejan atrás la prioridad con la que debe ser atendida la inseguridad ciudadana, puesto que las cifras por delincuencia y crímenes siguen en aumento. Actualmente, Willy Huerta Olivas se convirtió en el sétimo titular de esta cartera, en reemplazo de Mariano González.
Los nombramientos uno tras otro solo ha generado que las bandas delincuenciales ganen terreno día tras día. Sin embargo, no es algo exclusivo de esta cartera, ya que hasta el momento se cuentan 67 ministros desde que inició el actual gobierno.
Con este panorama desolador, Nicolás Zevallos Trigoso, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y exjefe de Gabinete del Despacho Ministerial señaló en diálogo con Infobae que la alta rotación de los ministros impide tener una estrategia que muestre resultados.
“Es muy complicado. No estamos hablando de la calidad de las personas, sino el sostenido cambio y la alta rotación en un sector que tiene en sus manos uno de los temas más complicados como la seguridad ciudadana de los peruanos”, recalcó.
Sin embargo, para Zevallos, la autoridad de turno debe tener una perspectiva clara para combatir los problemas que se presentan en la ciudadanía, ya que los cambios perjudican toda una planificación.
“Uno de los caminos es establecer metas claras y ahí aparece nuevamente un nuevo problema. Cuando asume un nuevo ministro bajo su responsabilidad en el sector del Interior, propone una estrategia específica en seguridad ciudadana. Lo hizo Carrasco, Guillén, (…) Sin embargo, estuvieron muy poco tiempo para poder caminar hacia adelante. Es importante comenzar a tener en perspectiva una propuesta clara, técnica y bien estructurada de cómo se va a trabajar frente a los principales problemas. Lamentablemente, los cambios hacen imposible que estos puedan tener cierta garantía”, sustenta el exjefe del Gabinete del Despacho Ministerial.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, indica que, en el periodo de enero a junio de 2022, los departamentos con mayores hechos delictivos son: Puno (30,8%), segundo Tacna (30%), le sigue Cusco (30,0%), Junín (27,6%), Lima Metropolitana (26,9%). Mientras que, los que tienen un porcentaje menor son los de Amazonas (12,6%), Lambayeque (12,1%), Huánuco (12,1%) y Tumbes (11,1%).
En este mismo informe, se presenta la percepción de inseguridad en las ciudades en los próximos 12 meses. Cusco es la ciudad que lidera (95,7%), Tacna (93,6%), Lima Metropolitana (92,6%), Provincia Constitucional del Callao (91,3%) y Trujillo (91,1%). Esto, a pesar de que el Ejecutivo decidió ampliar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 45 días más; es decir, hasta el próximo 15 de septiembre.
Inestabilidad ministerial
El primer ministro que asumió el cargo en esta cartera fue Juan Carrasco Millones, quien solo permaneció por casi tres meses, porque presentó su renuncia luego de conocerse que el control interno de la Fiscalía abrió una investigación por su designación, al haber hallado supuestas irregularidades en la licencia que pidió en su cargo como fiscal provincial de Lambayeque. Fue reemplazado por Luis Barrenzuela, quien el 31 de octubre, en plena crisis por la COVID-19, realizó una fiesta en su vivienda. Tras cerca de un mes en el cargo, decidió renunciar por los cuestionamientos en su contra.
El tercero en ocupar el cargo fue el exfiscal Avelino Guillén, quien estuvo frente a esta cartera hasta enero de 2022. Su renuncia se debió a la tensión suscitada al interior de la Policía Nacional de Perú ante las diferencias con el comandante general de la Policía, Javier Gallardo. Seguidamente, se nombró a Alfonso Chávarry para liderar el Mininter, pero su salida se debió al manejo que tuvo en el paro de transportistas que dejó cinco fallecidos.
Otro de los ministros que llegó al cargo es Dimitri Senmache, pero fue censurado por el Congreso de la República ante la fuga del exministro de Transporte y Comunicaciones Juan Silva, quien se encuentra investigado junto al jefe de Estado.
“El que tenga un mínimo de criterio sabe que lo único que han hecho es buscar excusas, porque lo que quieren es entorpecer la gestión del presidente Pedro Castillo y ahora están buscando separarlo de su cargo y censurar al ministro de Justicia. Es decir, acá hay un objetivo que, el que quiera verlo, lo hará”, manifestó Senmache a RPP Noticias.
En este sentido, Mariano González se convierte en el sexto ministro del Interior. Luego de 15 días de su designación, se enteró que no iba más en esta cartera a través del Twitter del presidente Pedro Castillo. En una entrevista a Panamericana, mencionó que el mandatario está obstaculizando la búsqueda de los prófugos de la justicia referente al círculo familiar de Castillo.
El actual ministro del Interior es Willy Huerta, pero todo indica que su permanencia en el cargo está con los días contados. Fue citado ante la Comisión de Defensa del Congreso el pasado lunes 29 de agosto, con la finalidad que responda los nombramientos de los altos mandos de la Policía Nacional. Ante ello, indicó que se debió a que “los objetivos de la seguridad ciudadana no se estaban cumpliendo de manera programada”. En tanto, sobre la denuncia presentada por el mandatario, a través de su abogado, contra el jefe del Equipo Especial de la Policía, Harvey Colchado, no quiso responder.
Asimismo, con 67 votos a favor, 36 en contra y una abstención, Huerta ya cuenta con una moción de interpelación presentada por el Congreso de la República. Por ello, deberá asistir para responder 12 preguntas ante el Pleno hoy miércoles 7 de septiembre a las 18:00.
Nombramientos en la mira
Además del Ministerio del Interior, existieron cambios en la institución de la Policía Nacional del Perú. Como se recuerda, el pasado 27 de agosto, se conocieron movimientos en los altos mandos de la PNP. Entre ellos se nombró a Raúl Alfaro Alvarado como teniente general de la PNP, Segundo Leoncio Mejía Montenegro como inspector general y, por último, a Vicente Álvarez Moreno como el jefe del Estado Mayor General de la PNP.
Antes de este cambio, el presidente Pedro Castillo decidió denunciar al coronel PNP Harvey Colchado tras el allanamiento que realizó en Palacio de Gobierno. Para el mandatario, el coronel debe tener una sanción y luego ser destituido de la institución, porque habría cometido una falta grave. Entre sus argumentos está que habría “vulnerado la inmunidad del presidente”.
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