En el marco de las investigaciones anunciadas hoy por el Ministerio Público contra César Acuña, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, la fiscal Anticorrupción, Janny Sánchez Porturas, acudió hoy al Congreso para recabar, en la Comisión de Descentralización, información vinculada a los temas que el líder de APP abordó en reunión con congresistas de su partido.
La fiscal Sánchez llegó a las intalaciones del Parlamento alrededor de las 10:00 horas e inmediatamente se reunió con representantes de la Comisión de Descentralización como parte de la investigación que está a su cargo.
César Acuña hasta el momento no se ha pronunciado respecto a esta investigación de la Fiscalía y solo el vocero de APP sostuvo en RPP que está de acuerdo con el anuncio del Ministerio Público, porque “permitirá esclarecer los hechos en los que está involucrado el líder de su partido y la vacada expresidenta del Congreso, de su misma agrupación política”.
“Sí (estoy) totalmente de acuerdo. Creo que todos debemos la obligación de concurrir al llamado de las autoridades y poder esclarecer los hechos que son materia de investigación”, dijo.
Sin embargo, manifestó que no existiría el delito de tráfico de influencias porque no hay una contraprestación económica por la exigencia de César Acuña a Lady Camones.
En tanto la censurada presidenta del Congreso también ha optado por el silencio mientras su caso se ve en la Comisión de Ética del Parlamento por el audio con César Acuña sobre la aprobación de un proyecto de ley.
El analista político Arturo Maldonado indicó que este caso de los audios agrega un elemento más a la crisis política que sigue atravesando el Perú.
Indicó que este nuevo escándalo que involucra a APP podría generar una mala imagen del partido. “La bancada de APP queda mal parada porque la percepción pública es que hay infiltrados o hay gente que internamente quiere sabotear los intereses del partido”, precisó en entrevista con RPP.
Fiscal anticorrupción
Janny Sánchez Porturas es conocida por tener a su cargo la investigación preliminar por el millonario contrato de la FAP con Samir Abudayeh, además de llevar a cabo la intervención de las oficinas del GORE y los municipios de Nauta (Loreto), donde se detuvo al gobernador Elisbán Ochoca Sosa, en cuya vivienda se incautó S/50 mil.
Según la investigación fiscal, los imputados intercedían ante trabajadores de los citados ministerios a solicitud de algunos alcaldes para la aprobación de proyectos de inversión pública y el financiamiento de proyectos de manera irregular. Por esta indebida gestión, los involucrados recibían a cambio un porcentaje obtenido de las licitaciones con las empresas responsables de la ejecución de los trabajos.
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