La Fiscalía de la Nación informó hoy que el primer ministro Aníbal Torres y al titular de Justicia, Félix Chero, fueron incluidos en la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento personal que se le sigue al presidente de la República, Pedro Castillo, en el marco del caso de la salida de Mariano González del Ministerio del Interior.
La decisión del Ministerio Público contra los dos integrantes del Ejecutivo se concreta tras la presentación de hoy de Castillo Terrones, quien se habría acogido a su derecho al silencio frente a las imputaciones que hizo González que denunció que existen trabas para dar con el paradero de Juan Silva, exministro de Transportes, y el sobrino del presidente, Fray Vásquez.
Al respecto, Infobae consultó con especialistas en materia penal para analizar estos dos escenarios que complican a las cabezas del Gobierno.
Brazo legal
Para el penalista Carlos Caro Coria, la decisión de la fiscal de la Nación Patricia Benavides de agregar a Aníbal Torres y Félix Chero a una de las pesquisas que se le sigue a Castillo se debería que ambos han sido identificados como el “brazo legal” de la pregunta organización criminal que lideraría el presidente de la República.
“Toda organización criminal requiere de un aparato legal para poder cometer actos ilícitos. En este caso, pese a no conocerse los fundamentos de la Fiscal de la Nación, parece que han identificado al premier Aníbal Torres, en su rol de exministro de Justicia, y Félix Chero, como quienes cumplirían la tarea del brazo legal dentro de esta red criminal que lideraría el presidente Castillo”, indicó.
En esa línea, Caro sostiene que la Fiscalía habría tomado en consideración en que Torres y Chero se han convertido en los voceros oficiosos de Castillo frente a las investigaciones fiscales que se le han abierto por diversos delitos. En lo que respecta al primer ministro, recordó que tenía reuniones con uno de los abogados del presidente, Eduardo Pachas, cuando estaba al frente del Minjus como consta en el registro de visitas de esta cartera.
“Ellos decían que se reunían para hablar sobre conceptos constitucionales y penales, pero inevitablemente hace suponer que también habrán conversado en algún momento sobre las investigaciones contra el presidente”, añadió.
El especialista indicó que las investigaciones contra Torres y Chero tendrán que seguir su curso para resolver si tienen responsabilidad penal por los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento personal contra Castillo. En lo que respecta a lo político, Caro respondió que una eventual acusación constitucional contra el primer ministro queda en manos del Congreso del República.
Estrategia
Por su parte, el penalista Mario Amoretti sostuvo que, si bien es un derecho de Castillo a acogerse al silencio para no responder las preguntas de la Fiscal de la Nación como sucedió por los casos de la salida de Mariano González del Ministerio del Interior y Petroperú, esto no retrasaría la labores de investigación por ambos temas debido a que se cuentan con testimonios y pruebas documentales contra el presidente.
Sin embargo, el ex decano del Colegio de Abogados de Lima cuestionó que el mandatario tenga doble discurso cuando señala que colabora con las investigaciones, pero al final no responde a las interrogantes que buscan esclarecer su responsabilidad en presuntos actos de corrupción. Indicó que los abogados del presidente, Benji Espinoza y Eduardo Pachas, tendrán la misma estrategia del silencio de Castillo en todas las futuras citaciones fiscales que se le haga.
“La defensa del presidente lo que busca es que saber todos los testimonios y pruebas que hay en su contra para recién responder al último si tiene responsabilidad o no en los presuntos actos de corrupción que se le imputan. Esa será su estrategia de aquí en adelante en todas las citaciones fiscales que se le haga al presidente”, apuntó Amoretti.
Por otro lado, el letrado cuestionó la recusación planteada por el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, contra el juez Raúl Justiniano que provocó la suspensión de la audiencia de hoy en la que se iba a resolver el impedimento de salida del país por 36 meses contra la primera dama Lilia Paredes y dos hermanos suyos.
Amoretti consideró que el recurso de dicha autoridad busca retrasar la resolución de la situación legal de la esposa del presidente Castillo que es investigada también por pertenecer a una presunta organización criminal que direccionaba obras en Cajamarca y otras regiones del país.
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