El primer ministro Aníbal Torres aseguró que las últimas amenazas de muerte que recibe el presidente Pedro Castillo y miembros del Gabinete Ministerial provienen de sectores de la oposición que están ligados a la ultraderecha. En esa línea, pidió que dejen “los odios y reconocer” para buscar un mejor clima de gobernabilidad para el país.
“Las amenazas de muerte vienen de distintos sectores, de la ultraderecha, lamentablemente en nuestro país. Yo, a ese sector, le pido que dejemos los odios, dejemos los rencores, que nos unamos todos por nuestra patria, la satisfacción de las necesidades de educación, salud, infraestructura, de promover el agro, la minería, no tiene color político”, sostuvo.
De otro lado, Torres se refirió otra vez a los audios en donde el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, exige a Lady Camones, en su condición de presidenta del Parlamento, priorizar un proyecto de ley que beneficiaría su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad.
“[Los audios] nos preocupó enormemente. [Por ello,] el Congreso no vio los proyectos de ley que el Ejecutivo le ha remitido, uno de los primeros fue para establecer una estabilidad política, en otras palabras, para reducir al mínimo la vacancia presidencial por incapacidad moral y la cuestión de confianza”, afirmó.
“Esa situación creó inseguridad y dio lugar para que en el Perú tengamos 5 presidentes en 5 años y un cierre del Congreso. Ese tema se debería ver, porque la estabilidad política es fundamental para que haya estabilidad económica”, concluyó Torres Vásquez.
Estas declaraciones del primer ministro las realizó en la conferencia de prensa que brindó junto a los ministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y Turismo, Miguel Ángel Rodríguez Mackay y Roberto Sánchez, y el secretario general adjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ulrik Vestergaard, para tratar sobre el proceso de adhesión y la importancia para el Perú.
Investigado
Ayer, la Fiscalía de la Nación decidió incluir a Aníbal Torres en la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento personal que se le sigue al presidente Castillo. La indagación también abarca al actual titular de la cartera de Justicia, Félix Chero.
La decisión del Ministerio Público también coincide con los últimos ataques de Torres contra la fiscal de la Nación Patricia Benavides en redes sociales. El pasado 29 de agosto, publicó un hilo de mensajes en Twitter, donde indicó que el narcotrafico está detrás de las acusaciones contra el mandatario Castillo.
“La fiscal de la Nación nombrada por la Junta Nacional de Justicia, cambió a la fiscal Revilla que investigaba a su hermana, Emma Benavides, porque habría liberado a narcotraficantes a cambio de coimas”, se lee en la publicación del premier. Asimismo, recordó la decisión de Benavides de retirar al fiscal Almanza del caso vinculado a la familia Sánchez Paredes por narcotráfico y la reacción de algunos fiscales.
Torres aseguró que fiscales como Cubas Villanueva, Frank Almanza, Salas Zegarra y Bersabeth Revilla son honestos y que su salida evidenciaría “que el narcotráfico ha tomado a un sector de la administración de justicia que investiga a la familia del presidente”.
Brazo legal
Para el penalista Carlos Caro Coria, la decisión de la fiscal de la Nación Patricia Benavides de agregar a Aníbal Torres y Félix Chero a una de las pesquisas que se le sigue a Castillo se debería que ambos han sido identificados como el “brazo legal” de la pregunta organización criminal que lideraría el presidente de la República.
“Toda organización criminal requiere de un aparato legal para poder cometer actos ilícitos. En este caso, pese a no conocerse los fundamentos de la Fiscal de la Nación, parece que han identificado al premier Aníbal Torres, en su rol de exministro de Justicia, y Félix Chero, como quienes cumplirían la tarea del brazo legal dentro de esta red criminal que lideraría el presidente Castillo”, indicó.
En esa línea, Caro sostiene que la Fiscalía habría tomado en consideración en que Torres y Chero se han convertido en los voceros oficiosos de Castillo frente a las investigaciones fiscales que se le han abierto por diversos delitos. En lo que respecta al primer ministro, recordó que tenía reuniones con uno de los abogados del presidente, Eduardo Pachas, cuando estaba al frente del Minjus como consta en el registro de visitas de esta cartera.
El especialista indicó que las investigaciones contra Torres y Chero tendrán que seguir su curso para resolver si tienen responsabilidad penal por los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento personal contra Castillo. En lo que respecta a lo político,
Caro respondió que una eventual acusación constitucional contra el primer ministro queda en manos del Congreso del República.
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