Vladimir Cerrón, fundador del partido político Perú Libre, solicitó permiso ante el Poder Judicial para asistir a un seminario político internacional que se realizará entre el jueves 22 hasta el sábado 24 de setiembre en México. Este pedido lo hizo su abogado en la última audiencia realizada el 2 de setiembre.
En la sesión virtual, su defensa mencionó que a raíz de su cargo como dirigente nacional del partido fue invitado. En uno de sus argumentos de este pedido, informó que no existe peligro de fuga al momento que viaje. Asimismo, la investigación que se le sigue no le impide que difunda la posición política de su partido a nivel nacional e internacional.
Además, aseveró que Cerrón Rojas no ha vulnerado ninguna restricción o un intento de evasión de las medidas impuestas. Asimismo, en caso de que se le otorgue el permiso, el juez puede imponer una comunicación de manera continua o informar de manera periódica sus actividades.
Postura de la Fiscalía
El fiscal Leopoldo Lara le recordó al letrado que el investigado incumplió dos veces las normas de conducta, porque no marcó el control biométrico cuando le correspondía. En este caso, Cerrón cuenta con comparecencia con restricciones, una de ellas es que no puede salir del país.
Para el fiscal el secretario general debe atender su derecho político dentro del marco de restricción. Asimismo, otro de los sustentos que menciona la Fiscalía es que al salir un investigado del país, se pierde la jurisdicción sobre el mismo, porque no existe ningún control, el cual conlleva a una fuga.
“Se cree que como ese derecho (político) no está restringido, entonces puede salir. Bajo esa lógica la persona que está en la cárcel también podría salir porque dirá voy a hacer mi derecho político, porque no está restringido en la sentencia”, manifestó el fiscal.
Finalmente, la decisión tomada por el juez Jhon Bernandino Pillaca Valdez será notificada en los próximos días a ambas partes.
Investigación contra Vladimir Cerrón
El también secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón es investigado por los presuntos delitos de agrupación ilícita, cohecho pasivo propio y colusión agravada, por lo que habría integrado la organización criminal de Martín Belaunde. En este sentido, habría ejecutado obras por más de 26 millones de soles cuando fue gobernador regional de Junín en el año 2011 y 2014.
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