La trágica cifra de 14 mil personas fallecidas en 420 mil accidentes de tránsito en los últimos 5 años deja al descubierto la latente problemática que hay en el Perú en cuanto a una escasa educación vial y con ello una gran necesidad por revertir las conductas por parte de los conductores y de los peatones; ambos, protagonistas y encargados de poder atenuar los lamentables números que lo ponen como una de las causas de muerte más recurrentes entre los peruanos.
En lo que va del 2022 ya se han registrado al menos 2.075 personas fallecidas a consecuencia de los accidentes de tránsito y otros 35 mil ciudadanos quedaron discapacitados por la irresponsabilidad, tanto por quien va al volante como por quien camina por las diferentes calles y avenidas.
Según un reporte realizado por la Defensoría del Pueblo a finales del 2021, son 20 años que el Perú vive una aguda problemática de inseguridad vial en la que ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Municipalidades Provinciales y la Policía Nacional del Perú, han podido acertar con las medidas para disminuir los índices de bajas por este adverso contexto.
El pasado 15 de agosto entró en vigencia la norma para el control de velocidades en calles, avenidas, jirones y pasajes. Antes, la velocidad en calles y avenidas eran de 60 km/h, pero ahora se disminuyó a 50 km/h como límite máximo; mientras que en jirones y calles solo será de 30 km/h.
El especialista de la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gabriel Legua sostuvo que, si en alguna vía no se ha realizado el reemplazo de señalizaciones para el nuevo control de velocidades, en caso de fiscalización se realizará de acuerdo a la señalización que se tenga en la zona; es decir, si en una calle o avenida aún se menciona que el máximo de velocidad es 60 km/h, se respetará esa indicación.
Lo que suceda en caso los conductores excedan los nuevos límites que se han establecido se les impondrá una multa a los infractores; estas oscilan desde los 828 y 2.300 nuevos soles.
Saludo a la bandera
Infobae Perú conversó con el presidente de la ONG Luz Ámbar Perú, Luis Quispe Candia, quien lamentó que la actualización de la norma para controlar los límites de velocidad, tan solo es un saludo a la bandera por el escaso recurso logístico y carente política fiscalizadora, la cifra es una clara muestra de por qué los accidentes de tránsito siguen su rumbo sin la necesidad de voltear un segundo para atrás.
“Esta modificación que está entrando en vigor, en la práctica no se va a cumplir por una sencilla razón, los únicos controles electrónicos de velocidad que hay en el país están en el Callao de tal forma que ahí los conductores sí son fiscalizados; en cambio en Lima y demás regiones no ocurre esto. La Policía tiene 10 cinemómetros y esa cantidad es lo único que se tiene para controlar a un millón 900 mil vehículos para una población de 10 millones de personas, evidentemente es nulo, por eso es que la norma no se va a cumplir”.
El también abogado especializado en seguridad vial sostuvo que en la Provincia Constitucional del Callao se ejecutó un contrato en el que la empresa que entregó los controladores de forma gratuita, iba a hacerse con un porcentaje de las multas que se fueran colocando; no obstante, cuando se quiso replicar en demás lugares no se pudo.
“Cuando el Callao entregó en concesión los controles electrónicos a una empresa privada a cambio de un pequeño porcentaje de la multa a favor de la empresa que colocó estos controles, este mismo modelo se trató de reproducir en Lima y otras ciudades, pero el ministerio de Economía sostuvo que el dinero de las multas pertenecía a las arcas del Estado Peruano, esa consulta no se hizo cuando en el Callao se realizó la concesión, pero evidentemente hay que modificar la norma, hay que hacer excepciones, hace falta que el propio Estado haga estos cambios, ya lo hemos planteado al Congreso y al Ejecutivo”.
Controladores de velocidad electrónicos, ¿la solución de todos los males?
Los controladores de velocidad electrónicos, como bien el mismo término lo explica, tan solo va a controlar, fiscalizar, ser un medio regulador que, en la teoría, está en la búsqueda de disminuir el índice de vehículos que vayan a altas velocidades o que sea la influencia para que los conductores, al estar bajo el seguimiento de estos controladores, declinen a burlar los límites establecidos, ¿pero es la solución al problema?
Quispe Candia considera que no, ya que en el Perú la dificultad para poder obtener una licencia de conducir es prácticamente nula o mínima. Por ello, sostiene que es importante realizar un reforzamiento en cuanto a la rigurosidad para que quienes quieran tener el privilegio y el deber de conducir, lo hagan con la responsabilidad del caso y con los conocimientos suficientes para poder hacerlo.
“Para obtener licencia de conducir se requieren 3 requisitos, examen médico, psicológico, aprobar un examen de capacidad de conducción del vehículo y conocer el Reglamento Nacional de Tránsito, lamentablemente esta norma no es suficientemente difundida por el Estado. No hay una exigencia en el conocimiento de este reglamento de tránsito, ese es el problema, por tanto, el resultado es que los conductores desconocen la norma y consecuentemente su comportamiento es altamente reprobable”.
No hay luz al final del túnel
El presidente de la ONG Luz Ámbar Perú recalcó que no habrá mayor cambio o mejora en cuanto a la reducción de conductores que acaten las medidas debido a lo que enunciamos líneas más arriba, una laxa fiscalización por las entidades encargadas.
“Lamentablemente no habrá mayor cambio porque se necesita fiscalización y si no hay eso, evidentemente, de nada sirve cualquier medida que se adopte en cuanto a los límites de velocidad en tanto no se incorpore en la vía los controles de velocidad. Nuestras ciudades a consecuencia de la ineptitud de las autoridades no estamos al tono de la tecnología; tenemos un pronóstico reservado, no creo que tengamos mayores cambios en el Perú”.
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