El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, respondió sobre la investigación preliminar que dispuso la Fiscalía de la Nación y que la entidad anunció este lunes a través de sus redes sociales.
Para el jurista, el caso abierto en su contra, negó categóricamente estar relacionado con algún acto ilícito o de corrupción.
“A fin de aclarar esta imputación, expreso mi disposición de concurrir a todos los actos y citaciones que se dispongan, a pesar que dicha investigación carece de sustento jurídico y probatorio”, expresón en su Twitter.
En el anuncio hecho por el Ministerio Público, fueron incluidos el ministro Chero y Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, en el caso que se le sigue al presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento personal.
La decisión del Ministerio Público contra estos dos integrantes del Ejecutivo se hace pública tras la presentación de esta mañana del jefe de Estado, quien ante la Fiscalía se habría acogido a su derecho al silencio frente a las imputaciones que existen trabas para dar con el paradero de Juan Silva, exministro de Transportes, y el sobrino del presidente, Fray Vásquez.
Críticas por audios de APP
En la víspera, Félix Chero, sostuvo que el audio de la reunión entre dirigentes de Alianza para el Progreso (APP), la banca parlamentaria y la presidenta del Congreso, Lady Camones, evidencian presuntos delitos que deben ser investigados por las autoridades.
En conferencia de prensa, afirmó que los congresistas no tienen mandato imperativo y que la única que pueden agendar en el pleno el debate de un proyecto de ley es la presidenta de este poder del Estado, a pedido de los parlamentarios, no de los líderes políticos de su partido.
Considero por ello que las coordinaciones para aprobar en el Congreso un proyecto de ley para que Alto Trujillo sea distrito, como lo solicita César Acuña, presidente de APP, constituiría los presuntos delitos de usurpación de funciones, patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
“No se descarta que se investigue una presunta organización criminal, porque, en el entendido de cómo la fiscalía maneja las investigaciones, hay un líder, brazo legal para facilitar los trámites y operadores”, refirió.
Chero señaló que, en estricta aplicación de las normas, el Ministerio Público debió abrir de oficio investigación preliminar y realizar las diligencias para determinar si hay presuntos delitos. “Hemos sido prudentes para ver si actuaban las autoridades, pero no lo ha hecho”, afirmó.
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