Adelanto de elecciones generales: ¿Una solución constitucional para la crisis política?

Un nuevo debate se ha abierto en el escenario político. Algunos grupos parlamentarios aseguran que el recorte del mandato presidencial y gestión congresal es inconstitucional, otros lo rechazan y hasta lo denominan un “golpe de Estado”. Especialistas consultados por Infobae desmienten estas afirmaciones.

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Serán 24 millones 760 mil
Serán 24 millones 760 mil 62 de peruanos y extranjeros que se encargarán de elegir a los próximos gobernadores regionales, así como alcaldes provinciales y locales.

La prisión preventiva de Yenifer Paredes —cuñada de Pedro Castillo y acusada de integrar una organización criminal—, ha agudizado en el escenario político el debate sobre la solución a la crisis que atraviesa el Perú. Desde que inició el gobierno del profesor, en el Congreso de la República se voceó la presentación de una moción de vacancia de parte de la oposición, iniciativa que ha permanecido en el discurso político de los parlamentarios desde entonces. Sin embargo, durante los últimos días, una nueva presunta solución a la desconfianza, rechazo y caos que experimenta la política peruana ha sido cuestionada en el Poder Legislativo: el adelanto de elecciones generales.

El congresista Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, manifestó al diario Perú21 que la bancada fujimorista se resiste a debatir la medida que los obligaría a dejar el Palacio Legislativo para convocar a nuevos parlamentarios. Según precisó, la vacancia es la figura que se debe emplear para destituir a Castillo Terrones de la presidencia de la República.

Anteriormente, Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, dijo a Infobae que su grupo parlamentario no considera la idea de participar de un proyecto de adelanto de elecciones porque representaría realizar un “golpe de Estado” al país. “La Constitución no permite cualquier salida como la que se escucha de ‘vámonos todos’. Eso representa una modificación constitucional y es como un golpe. Es decir, no me gusta la Constitución, la cambio y la cambio para beneficio personal, político, porque eso es lo que daría como resultado una situación de esa naturaleza”, expresó.

Pese a ello, el proyecto de adelanto de elecciones ha sido presentado dos veces en el Congreso de la República. El primero de ellos proviene de Susel Paredes, de la bancada de Integridad y Desarrollo, y fue propuesto el 3 de marzo de 2022. Se trata de una ley de reforma constitucional que adelanta las elecciones generales para presidente, vicepresidente y congresistas, Ley Nº. 01918/2021-CR. Hasta la fecha, apenas cuatro congresistas se han adherido a esta medida.

La tercera vicepresidenta, Digna Calle, también presentó una reforma constitucional que “recorta el mandato presidencial, congresal y del Parlamento Andino” y convoca a nuevas elecciones generales. La iniciativa legislativa fue propuesta el 28 de abril y no cuenta con parlamentarios adherentes hasta el momento.

¿Una iniciativa constitucional?

El carácter legal de esta medida ha sido arduamente cuestionada durante los últimos meses. Se ha abierto en el ámbito público un debate para definir si convocar a nuevas elecciones generales antes de haber terminado el mandato establecido por las normas legales de Perú representa una medida constitucional. De acuerdo a especialistas en derecho consultados por Infobae, se trata de un procedimiento que sí se encuentra regulado en la Carta Magna.

El adelanto de elecciones representa
El adelanto de elecciones representa una medida constitucional, según abogados consultados por Infobae. | Foto: Andina

El abogado constitucionalista Joel Campos explicó a Infobae que el término “adelanto de elecciones” corresponde a dos procedimientos distintos. El primero de ellos hace referencia al calendario electoral que establece la Constitución Política de Perú —programado para convocar a las elecciones generales cada cinco años— y es competencia del Poder Ejecutivo. El segundo, es el recorte del mandato de los representantes del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. “Lo que se están planteando en el Congreso algunos congresistas como Digna Calle o Susel Paredes es el recorte de mandato de los actuales parlamentarios, del presidente y vicepresidenta de la República”, indicó.

De acuerdo a Campos, desde la Comisión de Constitución del Parlamento se ha evaluado debatir esta propuesta. De ser aprobado, esta iniciativa deberá ser discutida en el Pleno del Congreso, donde deberá alcanzar un total de al menos 87 votos en dos legislaturas consecutivas. “Otra opción también contemplada en la Constitución es que ese dictamen se apruebe con una mayoría de 66 congresistas, pero que luego se convoque a un referéndum para que sea el pueblo el que determine si es que está a favor o no de esa propuesta. Los dos caminos son caminos constitucionales y están expresados en la Constitución, en el artículo 206″, explicó. El letrado detalló que la medida podría ser empleada en estos momentos, sin embargo, considera el escenario no muestra una gran voluntad política para aprobar este proyecto.

“Como se trata de una reforma a la Constitución, se tendría que contar con un apoyo importante dentro del Congreso, ya sea porque se va por el camino de las dos legislaturas y la votación calificada de dos tercios, o ya sea porque se tomará el camino de la votación con mayoría absoluta y luego referéndum. En ambos casos tiene que haber consenso”, recalcó.

Por otro lado, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Rafael Cantoni, recordó que en Perú ya existe un antecedente de adelanto de elecciones. “En el año 2000 se hizo una una convocatoria de elecciones generales a través de una disposición transitoria especial, pero era esto producto de una crisis institucional ante una renuncia de un presidente y una vacancia que se impuso”, mencionó.

No obstante, el constitucionalista advirtió que el uso continuo de esta figura, al igual que la vacancia presidencial, pueden afectar la institucionalidad el país, pues afirmó que desde el Estado se deben plantear soluciones para los problemas que atraviesan los representantes de los poderes.

“Si nos acostumbramos a emplear estas salidas, dejamos un pésimo antecedente de que nosotros rompemos las reglas, vamos contra la institucionalidad y la institucionalidad también son nuestros periodos presidenciales. Estamos normalizando el uso desproporcional de una figura como la vacancia o el adelanto de elecciones como regla general y esas no son reglas generales. Los estamos usando como una regla general simplemente porque tenemos una situación de crisis política que no sabemos manejar”, detalló.

“Como hay cuestionamientos sobre la vicepresidenta, también vamos a querer sacar a Dina Boluarte y finalmente nos empujamos nuevamente al abismo. Hay una irresponsabilidad del Ejecutivo y Legislativo porque se exige una responsabilidad constitucional de ambos órganos de actuar de acuerdo a los canales institucionales que están previstos. Entonces, hay una obligación tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo de someterse a las normas que hemos establecido en la Constitución de 1993 y su sucesivas reformas. No podemos ir contra las reglas institucionales”, agregó.

Las principales Comisiones del Congreso
Las principales Comisiones del Congreso de la República están lideradas por parlamentarios que cuentan con investigaciones por delitos como organización criminal, lavado de activos, entre otros.

Nuevas elecciones, más inestabilidad

Pedro Castillo enfrenta un total de seis investigaciones de parte de Ministerio Público por presuntos actos de corrupción. Además, es acusado junto a su esposa, cuñados y demás familiares, de integrar una supuesta organización criminal. Pero eso no es todo. El Congreso está integrado por más de 16 congresistas con antecedentes de corrupción, lavado de activos y hasta violencia contra la mujer. Y, si eso no fuera poco, cuenta con un parlamentario acusado de abusar sexualmente de una trabajadora de su despacho, legislador que, hasta hace pocos días, continuaba laborando en el Congreso pese a tal acusación.

Para el politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, para solucionar la crisis política que atraviesa Perú no basta con la convocatoria de elecciones generales, sino que es necesario hacer una reforma de los partidos políticos y sus integrantes.

“Yo creo que el adelanto de elecciones podría agravar la crisis política. ¿Por qué? Porque no se han hecho la reformas del sistema político para que haya una mejor oferta. Esta propuesta no es otra cosa que hacer lo mismo, esperando resultados diferentes. A nosotros nada nos garantiza de que tendremos resultados diferentes si mantenemos las mismas reglas del juego. Tendremos el mismo modelo. Por ejemplo, veamos la oferta de políticos que tenemos en las elecciones regionales. Es una oferta realmente muy mala. Si no existen estas reformas de fondo casi casi refundacionales del sistema político peruano, desde mi punto de vista, unas elecciones anticipadas podrían traer inclusive mucho más inestabilidad”, enfatizó.

Para el especialista en Ciencias Políticas, en caso de optar por tal solución, es necesario que se trabaje de forma paralela para fortalecer el sistema político peruano, iniciativa que asegura que no se evidencia desde el Congreso ni el Ejecutivo. “Estamos en un empate catastrófico, en una parálisis a nivel político, cuando el país tiene pues enormes retos y enormes dificultades. La más importante, creo yo, la inseguridad alimentaria que se predice para el próximo año”, añadió.

Respecto al antecedente de adelanto de elecciones en el país, recalcó que este no estuvo acompañado de reformas políticas a favor del sistema. Por este motivo, pese a haber pasado una considerable cantidad de años, el panorama no ha mejorado.

“No se llevó a cabo ninguna reforma política de fondo, es así que volvemos después de pocos años a estar en una crisis política que parece interminable. Recordemos que el gobierno de Toledo también fue sumamente criticado. También se hablaba de sacarlo, de la vacancia. Tuvo una popularidad de que llegó a un dígito y así hemos estado, de turno en turno porque no se ha modificado el problema central, que es el sistema político”, dijo.

Una decisión temida

Esta iniciativa ha sido considerado por determinadas fuerzas políticas como una de las posibles soluciones a la crisis. Incluso, ha sido planteada por expresidentes, como Francisco Sagasti, y colectivos ciudadanos, como La Propuesta. Sin embargo, a cambio de la figura de vacancia presidencial, significa el fin de la gestión de los actuales congresistas. Por este motivo, el temor de ciertos parlamentarios ha sido evidente. En uno de los audios de una reunión del partido Alianza Para el Progreso, difundidos por EpicentroTV, la legisladora María Acuña expresa su preocupación ante la aprobación de esta medida.

“Dos temas. El tema de la vacancia de Pedro Castillo ya es insostenible. Ya todos sabemos lo que viene sucediendo y siempre hablamos de los 87 votos, pero nadie lidera que se busquen esos 87 votos. Yo creo que el partido debe ser el que lidere con los presidentes de los partidos, que se reúna y que hablemos, que el presidente de cada partido hable con su bancada y le den los 87 votos y que, nosotros los congresistas, también nos comprometamos a hablar con los congresistas de las otras bancadas para hacerles ver de que, si no lo sacamos a Pedro Castillo ¡nos vamos a ir todos! O sea, la población, ya los alcaldes han dicho que están pidiendo que se vayan todos, lo que falta es estrategia política para que se dé este tema de la vacancia. Nosotros somos, pero nunca nadie ha liderado. En ese sentido, yo creo que nosotros, como APP, también podemos presentar una moción de vacancia”, alertó la parlamentaria.

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