Un mensaje de impunidad desde el Congreso en el caso de la denuncia por violación contra Freddy Diaz

Sobre Freddy Diaz pesa una acusación penal por violación sexual, la víctima es una extrabajadora suya a quien retiró de sus labores tras la denuncia. Más de un mes después de los hechos y a pesar de la gravedad del asunto, el Congreso avanza a paso lento y pasivo con la inhabilitación y desafuero del congresista debido a la falta de voluntad para acelerar los procesos de la denuncia constitucional en su contra.

Infobae corroboró, a través de la revisión de las grabaciones de las sesiones del Pleno del Congreso, que el denunciado registra asistencia hasta dos días después (el jueves 1 y el viernes 2 de septiembre) de que la Comisión de Ética presentara su informe final en el que recomienda su suspensión.

Incluso votó a favor del proyecto de ley que propone crear el Registro Nacional de las micro y pequeñas empresas (Mype) acreedoras del Estado y a favor de la gratuidad en la entrega del DNI para personas en condiciones de pobreza. Sigue en funciones, hay impunidad.

Aunque hay plazos determinados, el Parlamento tendría que actuar con celeridad, según coinciden especialistas en materia de derechos de las mujeres, pues el delito tiene agravantes.

“Hay un mensaje de impunidad porque si hubiese voluntad política todos estos procesos se podrían hacer mucho más rápido. El mensaje para las mujeres es terrible, te pueden violar en tu lugar de trabajo y es lo que también me parece aberrante. Cómo vas a meter licor a tu oficina, hacer una fiesta y terminar violando a una de tus trabajadoras en tu oficina de trabajo. Luego encima sale otro congresista a decir que ella tiene la culpa por trabajar con “puros hombres”, sale otro a decir que cómo se sentirá el “pobre congresista” (Diaz) con tremenda denuncia. El mensaje es atroz. Entonces, por lo menos, el Congreso debería reflexionar o tomar acción”, reflexiona Anahí Durand, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

A fines de julio la denuncia por violación contra Freddy Diaz debió conmocionar al Parlamento peruano y a sus integrantes, pero recién un mes después la Comisión de Ética culminó un informe en el que recomiendan la suspensión por 120 días, sin goce de haber, del parlamentario, luego de concluir que Díaz transgredió el código de ética por beber alcohol durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de julio, y agredir sexualmente a una trabajadora, según la versión de la denunciante y la Fiscalía, en las instalaciones del Congreso. Dicha sanción aún no es discutida ni aprobada por el Pleno.

Ahora, si bien este informe no se pronuncia sobre la investigación penal, sí hay una denuncia constitucional vigente por infracción constitucional a los artículos 38 y 39 de la Constitución y los delitos tipificados en los artículos 170 y 171 del Códigos Penal. Dicha acusación recomienda un juicio político que culmine con su inhabilitación por 10 años de la función pública.

Sin embargo, el Congreso tampoco avanza con esta medida y el exvocero de Alianza Para el Progreso (APP) sigue en funciones, asiste y vota.

Consultamos a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SCAC), área responsable de revisar la denuncia, sobre sus siguientes acciones en torno a este delicado caso. La presidenta de dicha área, Rosío Torres, indicó que recién sería agendada en la siguiente sesión (pero no precisó cuándo).

Además, señaló que antes de ello, la Comisión Permanente del Congreso debe elegir a una nueva directiva de la SCAC, es decir nuevo presidente y recién entonces se instalarán las sesiones que vean el caso de Freddy Diaz. No hay sentido de urgencia.

Recién luego de esto deberán elaborar un informe final, que luego deberá ser revisado por la Comisión Permanente y en caso sea aprobada recién pasará a discusión en el Pleno del Congreso, que finalmente podría determinar su desafuero e inhabilitación. Un proceso largo mientras la víctima exige justicia.

Solo las congresistas Flor Pablo y Patricia Chirinos, quien presentó la denuncia constitucional, se han sumado a las voces que exigen sanciones severas. “Somos mal vistos por la ciudadanía, porque internamente tampoco somos capaces de poner orden y aplicar la ley sin mirar los acuerdos y alianzas. La Comisión de Ética ha obrado bien, pero frente al tamaño de la falta es muy bajo 120 días, aquí corresponde el desafuero totalmente”, dijo la primera ante la prensa.

Según Cynthia Diaz, experta en temas de género y directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), ya existen indicios suficientes como para que la fiscalía solicite la prisión preventiva contra Diaz, quien estuvo no habido por cinco días tras la denuncia.

“Más allá de los plazos, corresponde que se establezcan medidas extraordinarias, incluso más allá de lo previsto para que así se pueda evitar lo que está pasando, que este señor todavía esté asistiendo, ejerciendo sus labores como si nada hubiera pasado. Es como desafiar todas las normas. Corresponde que el Congreso asuma esa celeridad necesaria, la cual también tiene que ser correspondida por parte del sistema de justicia, ya que desde el Ministerio Público debería elevarse un pedido de prisión preventiva porque tenemos ya los elementos de convicción suficientes para establecerla”, advierte Cynthia Diaz, experta en temas de género y directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).

La socióloga y exministra de la Mujer, Anahí Durand, en cambio, señala que la figura de prisión preventiva no es aplicable para Diaz debido a su inmunidad parlamentaria.

“Estamos ante un viejo problema del Parlamento que tiene que ver con la inmunidad parlamentaria y con los fueros que protegen a un parlamentario ante una acusación fiscal, pero eso no debería servir para blindarse de delitos comunes y eso es lo que está pasando ahora. Si este fuese un ciudadano cualquiera con una denuncia como la que tiene él, con las pruebas y testimonios que lo involucran en un delito tan grave como violación sexual, tendría por lo menos prisión preventiva. Sin embargo, lo que tenemos es que tiene que tuvo que ir a la Comisión de Ética, luego deben elevarlo al Pleno, el Pleno no lo ha discutido, el tipo sigue votando, luego de que pasen esos 120 días tiene que ir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, otro informe, otra vez al Pleno y así. Al final puede estar casi un año como si no hubiese pasado nada, favoreciéndose de una inmunidad que no debería operar para delitos de violencia sexual”, manifiesta Durand.

Diaz explica que ante la gravedad de un delito como este la pena de prisión efectiva no baja de 14 a 20 años, pero como existe el agravante de consumo de alcohol iría hasta los 26 años de cárcel.

Vale precisar que solo hasta la primera mitad de este 2022, un total de 6805 mujeres, niñas y adolescentes denunciaron haber sido víctimas de violación sexual en el Perú, un delito que va en ascenso, según registros de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esto sin contar los subregistros, ya que debido al contexto social muchas víctimas aún temen realizar sus denuncias.

De estas dolorosas cifras, la tendencia señala que al menos el 68% de las agredidas son menores de 17 años, mientras que el 30% de las víctimas tienen de 18 a 59 años.

“Lo que podemos ver es que las y los congresistas no toman este caso con la debida inmediatez y urgencia porque lo que hay detrás es que posiblemente ellos tampoco piensan que haya un grave problema. Vemos demoras en un caso que es escandaloso y debería movilizar unánimemente a todas las bancadas para adoptar decisiones que puedan dar mensajes contundentes a la sociedad respecto a que como poder del Estado respaldan la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, sentencia la directora de Demus.

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