Este lunes 5 de setiembre, el Poder Judicial decidirá si sentencia o no al periodista peruano Daniel Yovera a tres años de prisión tras ser denunciado por difamación agravada por una persona vinculada al Sodalicio.
Todo empezó en el 2016, cuando Yovera realizó el reportaje ‘The Sodalitium Scandal’ (El escándalo del Sodalicio) para la cadena internacional Al Jazeera, de Qatar. Con esta investigación, se reveló como la mencionada comunidad de la Iglesia Católica le pagaba a la organización criminal denominada “La Gran Cruz” para desalojar a gente de escasos recursos de sus viviendas ubicadas en la comunidad de Castilla y Catacaos, en la región de Piura.
El objetivo era conseguir tales tierras para realizar un proyecto inmobiliario valorizado en 1 billón de dólares. “A mí me consta que han sido los del Sodalicio porque yo he visto al cura allí en el terreno”, contó para el reportaje una mujer que fue brutalmente desalojada junto a sus hijos por hombres armados.
Tras la emisión del informe periodístico, Alberto Gómez de la Torre Pretell, un exrepresentante de empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana, querelló a Yovera Soto en el 2019 alegando que la información recabada y publicada por este último es falsa ya que los testigos habrían mentido.
“Dos años después de emitir el reportaje, recibo la notificación de que fui querellado por uno de los representantes de las empresas vinculadas a la organización que habían sido mencionadas en el reportaje”, declaró el hombre de prensa al noticiero virtual “La Encerrona”.
“Alberto Gómez de la Torre Pretell decía haber sido vulnerado en su honor. A partir de allí, empieza el juicio. En enero pasado, el juez de primera instancia declaró que el caso había prescrito, pero luego, el querellante y su defensa señalan que el caso no ha prescrito y mi defensa y yo buscábamos que nos absuelvan”, añadió.
Del mismo modo, consideró que “si se lee bien cuál es el contenido de la querella, versus lo que realmente se dijo en el reportaje, los magistrados verán que no hay difamación excepto en la imaginación de quienes me acusan de difamador”. “El texto de la querella no transcribe frases del reportaje y no precisa que frase es difamatoria, solo dice ‘el periodista insinúa, el periodista deja a entrever’”, determinó.
“Es distinto a señalar cual es la frase difamatoria por el periodista. En todo caso, hay frases que ellos consideran difamatorias pero que son dichas por testigos y entrevistados, que es un tema distinto. Mis expectativas son buenas por ese sentido”, continuó.
Por tal motivo, las expectativas de Yovera de cara al juicio son buenas. Según explicó al mismo medio, los posibles escenarios son los siguientes: “1) que la sala pueda confirmar la prescripción ya decretada por el juez en primera instancia; o 2) todo lo contrario, puede decir que no ha prescrito, que continúa el juicio, pero allí se abren dos salidas: que la sala se pronuncie sobre mi inocencia o culpabilidad, o le ordena al juez de primera instancia pronunciarse sobre mi inocencia o culpabilidad”.
Juicio público
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha pedido que la audiencia de este lunes 5, de la Décima Sala Penal Liquidadora, sea pública y se trasmita a través del canal Justicia Tv. Además, que cuente con la participación de veedores.
“A ese pedido se ha adherido la Fundación Mohme y también el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS). Yo estoy de acuerdo con este pedido, por supuesto, porque yo también he solicitado la palabra, yo quiero hablar, tengo muchas cosas que decir”, contó Daniel Yovera a Epicentro TV.
Mediante un comunicado, la ONG alertó que, de no declararse la inocencia del hombre de prensa, se estaría poniendo “en peligro la libertad de expresión en el Perú, pues busca responsabilizar al periodista por lo declarado por sus fuentes, vulnerando así la doctrina de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.
Criminalizar investigaciones
Asimismo, la CNDDHH ha señalado que este argumento podría crear un precedente ya que cabe la posibilidad que sea usado por “personajes públicos para criminalizar investigaciones periodísticas en base a testimonios sobre hechos de interés público”.
En esa línea, recordó que el periodista lleva recibiendo cartas notariales intimidatorias desde que se difundió su reportaje. “Hay un interés por evitar que se investiguen los negocios de las empresas con las que se le vinculan. Son negocios inmobiliarios y de los importantes. Quienes han investigado sus negocios, como Paola Ugaz y yo, hemos recibido este tipo de tratos, como ofensiva legal y de otro tipo (ataque en redes sociales)”, sostuvo Yovera Soto a Marcos Sifuentes.
En tanto, Roberto Pereira, abogado de Yovera, incorporó al proceso un amicus curiae, recurso legal para ofrecer una opinión a favor de algún derecho, para defender la libertad de expresión del periodista.
También coincidió en que el Sodalicio busca criminalizar a quienes los investigan. “El documento plantea al juez una serie de criterios que le ayuden a tomar una mejor decisión. La denuncia pretende criminalizar un reportaje que publica cuatro testimonios de personas que incriminan a personajes vinculados al Sodalicio”, señaló a Wayka.
“Se trata de un caso de reportaje neutral, toda vez que el periodista cumplió con las exigencias de esta figura conforme a lo establecido por la doctrina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo Plenario N°3-2006/CJ-116″, aseveró Pereira, del Estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados.
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