El Ministerio del Ambiente pide diálogo abierto para detallar acerca del acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú. Este pedido tiene como finalidad que el Congreso de la República ratifique dicho tratado, el cual fue archivado en julio.
“El Ministerio del Ambiente propone sostener un diálogo abierto e informado sobre los reales alcances del acuerdo de Escazú para que sea revisado y ratificado por el Congreso de la República, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más responsable con el medio ambiente y uniendo esfuerzos para proteger a aquellos que con su vida vienen protegiendo el patrimonio natural de todos y todas, como son las personas defensoras ambientales”, se lee en la misiva.
En este sentido, el Minam indicó que es un tratado que ya se encuentra vigente en 13 países y “pionero” a nivel internacional, por lo cual busca fortalecer la “Democracia Ambiental”. Esto generaría protección a las personas defensoras del medio ambiente de las diferentes regiones.
“En los últimos años, ciudadanos de este país, principalmente, pertenecientes a los pueblos indígenas de la Amazonía, han sido asesinados como consecuencia de actividades ilícitas como la minería ilegal, tala ilegal y el narcotráfico”, se lee en una parte del documento.
Desde otro punto, señaló que el Acuerdo tiene el objetivo de garantizar los derechos de las personas a vivir de manera saludable y en armonía con la naturaleza. Por ello, exhortó que se requiere que las autoridades tomen una mejor decisión porque estas impactan al país. Asimismo, recordó la crisis climática, contaminación global y la pérdida de la biodiversidad por diferentes causas.
Cabe recordar que, el 11 de julio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso reafirmó archivar la propuesta del Acuerdo de Escazú, la que buscaba fortalecer la participación ciudadana en asuntos ambientales del país. En este sentido, con 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la Comisión presidida por el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, no aprobó por segunda vez.
Posiciones contrarias
Ante la decisión del Parlamento, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, saludó este archivamiento e indicó que así debe pertenecer este tratado, porque “no corresponde a los intereses del país”.
No obstante, el ministro de Justicia, Félix Chero, discrepó de las declaraciones del canciller. En una entrevista que sostuvo con el portal Epicentro, mencionó que su posición era personal, pero no era la decisión oficial del Gobierno de Pedro Castillo.
En este sentido, el canciller Rodríguez Mackay decidió volver a pronunciarse y reafirmar su postura. Asimismo, comentó que por ser el titular de una de las carteras ministeriales sus declaraciones representan al Ejecutivo.
“La Corte Internacional de Justicia puede tomar una decisión que será vinculante y obligatoria para todos los peruanos, campesinos y ambientalistas. Ahí está el impacto a nivel de soberanía”, indicó Rodríguez Mackay a RPP
Países que pertenecen al Acuerdo
En este Acuerdo, 13 países han ratificado su participación y son los siguientes: Chile, Antigua y Barbuda, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía. De todos ellos, Chile fue el último Estado en unirse a este pacto.
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