Gobierno de Pedro Castillo acuerda con la Fenatep tomar la Derrama Magisterial

El Gobierno de Pedro Castillo sigue pagando favores a organizaciones a cambio de respaldo político. Así se podría entender en cómo el Ministerio de Educación suscribió acuerdos con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), sindicato del presidente de la República, para llevar a cabo un proceso de democratización de la Derrama Magisterial en las regiones.

Según el diario La República, el último martes, el Minedu y unos 20 dirigentes de la Fenatep firmaron un acta con varios compromisos que comenzará con la instalación de una mesa de trabajo para “la revisión y aportes a la actualización y evaluación del currículo”.

Allí se abordarán tres puntos: los nombramientos de docentes para el 15 o 16 de septiembre, la implementación de una Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA) para tratar temas de Educación Intercultural Bilingüe para el 26 de septiembre y la revisión del currículo después del 30 de septiembre.

Adicionalmente, el ministro Rosendo Serna le habría dicho a los integrantes de la Fenatep que se efectuará la suspensión de las evaluaciones de desempeño y todas las “acciones vinculadas” a este proceso.

En paralelo a estos acuerdos con el Minedu, los dirigentes de Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Pasco, Arequipa, Ancash, Junín, Apurímac, Ica, Lima y Callao se reunieron entre lunes y martes con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno.

La toma de la Derrama

En julio, el Gobierno promulgó un decreto supremo que propone una serie de modificaciones al estatuto de la Derrama Magisterial con la finalidad de cambiar la designación de su directiva y también la administración de los fondos económicos de esta entidad que superan los 3 mil millones de soles.

La decisión fue rechazada por el presidente de la Derrama Magisterial, Luis Espinoza, aseguró que esto se trata de un atentado y que es una forma de apoderarse de los aportes de los maestros.

“Esta norma que ha generado el gobierno es un atentado a la previsión social de los maestros, es un atentado a una entidad privada, como es la Derrama Magisterial, y es un atentado a los fondos que tienen los maestros en la Derrama Magisterial. Es una forma de apropiarse a la fuerza de todo lo que el Magisterio ha venido construyendo a lo largo del tiempo”, expresó en RPP Noticias.

De igual manera, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) salió al frente para acusar al presidente Pedro Castillo, a querer apoderarse de esta institución privada para entregarla a su sindicato.

“La Fiscalía ha señalado que Castillo y su entorno sindical, político y familiar es una organización criminal. Y esa red ha visto al Estado como botín y ahora ha puesto los ojos sobre otro botín: La Derrama Magisterial”, denunció Lucio Castro, secretario general del Sutep, en entrevista con el diario Correo. Añadió que el presidente siempre tuvo entre sus planes acabar con la institución y recordó algunas acciones que realizó en los últimos meses.

“Castillo decía que iba a liquidar la Derrama porque la devolución de los aportes está concatenado con la liquidación de la Derrama. Con el Sutep no ha podido. Cuando entró al Gobierno, nombró a Iber Maraví que era de Sendero Luminoso y él le dio legalidad a su sindicato gobiernista: el Fenate. A Castillo no le importa nada. La organización criminal encabezada por Castillo busca apoderarse de la Derrama”, agregó.

Demandas y ley

Frente al decreto supremo promovido por el Ejecutivo se han presentado 80 demandas ante el Poder Judicial. Además, la bancada de Alianza para el Progreso presentó un proyecto de ley para que se deje sin efecto el dispositivo legal que modifica los estatutos de la Derrama Magisterial. Hoy se vería en el Pleno del Congreso de la República.

En el proyecto se indica que tiene por objeto proteger y garantizar la plena autonomía de la institución financiera. Además, se precisa que el estatuto de la Derrama Magisterial, vigente desde 1988, define a la institución como una “persona jurídica de derecho privado con autonomía administrativa y económico-financiera”.

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