Proponen proyecto de ley para acusar a presidentes por delitos contra la administración pública y violación sexual

Según el articulo 117 de la Constitución, referido a las causales de vacancia presidencial, se le puede acusar a un jefe de Estado por cuatro motivos: por incapacidad moral permanente, traición a la patria, obstruir e impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, y por disolver el Congreso de la República. Sin embargo, se agregarían más puntos.

La bancada de Acción Popular ha planteado un proyecto de ley que permita acusar al presidente de la República por los delitos contra la administración pública y por violación de la libertad sexual. La iniciativa es promovida por el congresista Luis Aragón, quien apunta a establecer nuevos delitos con los que se les pueda juzgar a la persona que ostenta el máximo cargo de la administración pública en el país.

En la exposición de motivos que agrega un análisis hecho por la Defensoría del Pueblo que considera que tanto el presidente de la República como otros altos funcionarios “pueden ser sancionados por la comisión de todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas”.

“El artículo 117 precisa que la prohibición de persecución penal del presidente en funciones no es absoluta, dado que se permite la acusación penal en determinados supuestos y, más allá de eso, no impide que se puedan realizar diligencias de investigación preliminares contra el mandatario por la posible comisión de cualquier delito”, acota el documento.

Hay que recordar que en los últimos 30 años, todos los presidentes de la República que ha tenido el país han terminado condenados o en proceso penal antes de cumplir prisión. En el 2009, la Corte Suprema de Justicia condenó a Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por el caso de La Cantuta y Barrios Altos, considerados como crímenes de lesa humanidad para la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Alejandro Toledo se encuentra en Estados Unidos esperando por su extradición para que responda la grave acusación de Jorge Barata, exdirector de Odebrecht, que le habrían entregado un total de 31 millones de dólares para la construcción de la obra de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur que une el sur de Perú con Brasil.

Por su parte, la fiscalía acusó al fallecido Alan García de lavado de activos, cohecho y colusión agravada a favor de Odebrecht en la adjudicación de las obras Metro de Lima y la Carretera Interoceánica Sur. Ante una eventual detención, el líder aprista se suicidó para no responder a la justicia.

Según el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, el ex jefe de Estado Ollanta Humala y Nadine Heredia recibieron dinero ilícito de parte del gobierno de Venezuela para financiar su campaña presidencial en 2006. Por ello, actualmente, ambos se encuentran en juicio.

Según el equipo de fiscales del Ministerio Público a cargo de los implicados en el caso Lava Jato, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski habría recibido pagos de parte de Odebrecht para favorecer a sus empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise.

Las investigaciones de la Fiscalía precisaron que estos beneficios económicos se habrían otorgado a PPK cuando se desarrollaba como presidente del Consejo de Ministros, titular del Ministerio de Economía y Finanzas en el gobierno de Alejandro Toledo.

El expresidente Martín Vizcarra fue involucrado en el caso “El Club de la construcción” tras ser acusado de recibir sobornos cuando trabajó como gobernador en Moquegua en los años 2013 y 2014. En un inicio, el “Club” estaba integrado por determinadas empresas dedicadas a construcción las cuales ofrecían entre el 1% y 3% del valor total de los contratos a los funcionarios que otorguen las adjunciones.

Por último, el mandatario Pedro Castillo afronta seis investigaciones fiscales por diversos delitos como organización criminal, colusión agravada, encubrimiento real y tráfico de influencias.

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