Desde Estados Unidos informaron que su Departamento de Justicia le devolverá a Perú aproximadamente 686 mil dólares provenientes de ganancias delictivas “vinculadas a la corrupción y soborno del expresidente Alejandro Toledo por parte de Odebrecht, conglomerado de construcción global con sede en Brasil”.
Como se recuerda, Toledo Manrique es acusado de recibir millones de dólares por parte de la constructora brasileña para favorecerlos con contratos con el Estado, entre los años 2001 y 2006, cuando era presidente de la república. Por tal motivo, es procesado por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.
El propio Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el país, le confesó a la Fiscalía que el exmandatario recibió un pagó total de 31 millones de dólares para la construcción de la obra de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur que une el sur de Perú con Brasil.
“Este caso es un ejemplo importante de la cooperación internacional necesaria para abordar la corrupción en el extranjero donde las ganancias ilícitas son traídas a los Estados Unidos”, dijo el vicefiscal de la división Criminal del Departamento de Justicia, Kenneth Polite, en un comunicado.
“El departamento está comprometido a hacer su parte para recuperar y repatriar dichas ganancias de la corrupción donde sea apropiado”, agregó.
La justicia estadounidense determinó que Toledo utilizó 1,2 millones de dólares, que fueron obtenidos a través de sobornos, para comprar propiedades en el estado de Maryland. Los fondos incautados provienen de las ganancias de la venta de esas propiedades. En tanto, la Fiscalía peruana solicitó 20 años y 6 meses de cárcel por los hechos que se le imputan al otrora fundador del partido Perú Posible.
“Las pruebas documentarias dadas por el gobierno peruano proporcionaron las pruebas necesarias para decomisar los bienes ubicados en los Estados Unidos y contribuyeron considerablemente al éxito oportuno de las acciones de decomiso de EE.UU”, se lee en la misiva.
Cabe destacar que el exjefe de Estado fue detenido en 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años. Sin embargo, fue excarcelado el pasado mes de marzo del 2020, para que cumpla arresto domiciliario ante el peligro que significó para su salud la pandemia de la COVID-19.
En septiembre pasado, la Justicia de Estados Unidos dio luz verde a la extradición del expresidente, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final está ahora en manos del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.
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