Tras iniciar las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo se mencionó que estas no podrán llegar a la fase de acusación sino hasta finalizado el mandato vigente. Esto debido al impedimento explícito que se lee en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, desde el Congreso se pretende realizar un cambio a la cita mencionada para continuar con un eventual proceso contra el jefe de Estado cuestionado.
Aragón presentó el proyecto de ley 2911 para la “reforma constitucional que modifica el artículo 117 de la Constitución Política del Perú que permite acusar al presidente de la república por delitos contra la administración pública y por violación de la libertad sexual”. El cambio permitiría que las investigaciones contra Pedro Castillo vayan más allá de la recopilación de información y declaraciones de involucrados.
En la Constitución vigente solo se mencionan cuatro causales para acusar al jefe de Estado como la traición a la Patria, el impedimento de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, la disolución del Congreso y el impedimento de reunión o funcionamiento del Congreso, Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
“Debemos tener en cuenta que hace más de 30 años la política peruana decae, dado que son seis presidentes salpicados por escándalos de corrupción, entre ellos podemos citar a los expresidentes Alan García, Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y ahora tenemos al actual presidente Pedro Castillo”, se lee en la exposición de motivos del proyecto de ley.
Tras mencionar los cuestionamientos contra algunos expresidentes, el autor del proyecto resaltó el hecho de que varios mandatarios intentaron fugar del país “y ocultar las evidencias que podrían contribuir a su juzgamiento inmediato”. Esta situación fue usada para respaldar el pedido para acusar al presidente de la república por la comisión de los delitos descritos anteriormente.
Presidente investigado
Poco después de cumplir un año en el poder, Pedro Castillo ya enfrenta seis investigaciones en el Ministerio Público, siendo la mayoría de ellas por supuestos actos de corrupción durante su gobierno. El inicio de estos procesos también provocó una discusión en torno a su legalidad y la constante mención al artículo 117 de la Constitución por parte de aquellos que defienden al cuestionado mandatario.
Estos señalaban que el mencionado artículo impedía que el presidente fuese acusado durante el desarrollo de su mandato y, si bien lo dicho es cierto, el Ministerio Público lo que ha iniciado es una investigación con el fin de salvaguardar la información obtenida hasta el momento. La Fiscalía no podrá acusar al mandatario hasta la conclusión de gobierno dado que la Carta Magna se lo impide.
Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, indicó que el inicio de estos procesos tiene como fin una acusación y este hecho sería motivo para señalarlo de ilegal. Es por ello que, a pesar de las varias reconsideraciones presentadas por la defensa legal del jefe de Estado, estas han sido desestimadas por las autoridades correspondientes respaldando así las labores que viene llevando a cabo el Ministerio Público.
Cabe recordar que Pedro Castillo ha sido señalado como el líder de una organización criminal en la que operarían no solo funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, sino también su familia incluyendo a su esposa Lilia Paredes, su cuñada e hija no biológica Yenifer Paredes, entre otros. Paredes cumple en estos momentos 30 meses de prisión preventiva en el anexo del penal Santa Mónica.
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