Yenifer Paredes Navarro, cuñada del presidente Pedro Castillo, fue trasladada durante la madrugada del lunes al Establecimiento Penitenciario Transitorio de Lima (conocido como carceleta), el cual está ubicado en un ambiente del penal Ancón II.
Junto con ella estuvo José Nenil Medina Guerrero, alcalde de Anguía. Así, ambos se encontraban detenidos en la sede de la Diviac de la Policía Nacional del Perú (PNP), ubicada en el Centro de Lima, desde la segunda semana de agosto del presente año.
En esa línea, se encuentran a la espera de que la Junta Técnica de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), pueda establecer en qué penal tendrán que cumplir la orden judicial de 30 meses de prisión preventiva que se les impuso.
Cabe resaltar que, de acuerdo con fuentes del INPE, debido a los días feriados este proceso de clasificación se ejecutaría este 31 de agosto. Asimismo, revelaron a El Comercio que el traslado de los investigados -que se llevó a cabo al promediar las 2 a.m.- fue decisión de la Policía y que la carceleta funciona durante las 24 horas del día.
Como se recuerda, Paredes Navarro y Medina Guerrero son investigados como parte de una organización criminal, cuyo líder sería el jefe de Estado.
Por su parte, durante la noche del domingo, el juez Johnny Gómez dictó la medida coercitiva contra ambos, al determinar que existían elementos probatorios sobre los hechos delictivos que se les atribuyen. Además, dicha decisión fue sustentada por el peligro de fuga y la obstaculización de las investigaciones en que se podría incurrir si ambos permanecían en libertad durante el proceso.
Organización criminal familiar
La Comisión de Fiscalización del Congreso, que preside Héctor Ventura (Fuerza Popular), empezará mañana con las primeras acciones dentro de las investigaciones contra Castillo y su familia debido a las obras en Cajamarca y Chachapoyas, la cuales han sido viabilizadas mediante el Ministerio de Vivienda.
“Este miércoles tenemos en agenda la moción para investigar a una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno”, señaló Ventura.
En ese sentido, recordó que en el periodo legislativo anterior, la Fiscalización ya había alertado sobre la actuación de dicha organización que partía desde el entorno familiar del Gobierno, pero que no se llegó a investigar porque culminó la labor con el Caso Sarratea.
“Esta es una nueva línea de investigación, por lo tanto, el presidente de la República será perfectamente convocado a que rinda su declaración ante la Comisión de Fiscalización. Vamos a llamarlo”, comentó.
Este viernes, inicialmente anunció que se está citando a la exviceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, quien denunció irregularidades en la actuación de funcionarios del Ministerio de Vivienda en el caso de las obras de Anguía (Cajamarca). Del mismo modo, también se ha previsto la concurrencia del exasesor de Vivienda, Salatiel Marrufo.
“También se va a citar a la primera dama Lilia Paredes, al actual ministro de Transportes, Geiner Alvarado, a los hermanos Espino Lucana, a los hermanos de la primera dama”, acotó.
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