Pedro Castillo, el Ministerio del Interior y la polémica que envuelve a esta cartera desde el inicio de su gobierno

Desde que ingresó Pedro Castillo a la presidencia de la República de Perú ha nombrado un total de 67 ministros de Estado. La cartera que más cambios ha sufrido es el Ministerio del Interior, el cual ha tenido 7 titulares en 13 meses de gobierno. Esta crisis que enfrenta el sector se desarrolla en medio de un incremento considerable de inseguridad ciudadana a lo largo del territorio nacional.

Uno de los recientes problemas que ha enfrentado el Mininter ha llevado al actual titular de la cartera, Willy Huerta, a la Comisión de Defensa del Congreso de la República por presuntas irregularidades en los cambios de los altos mandos de la Policía Nacional. Estos cambios se dieron a conocer a través del boletín de Normas Legales del diario El Peruano, donde se reportó el nombramiento de Raúl Enrique Alfaro Alvarado como nuevo comandante general de la PNP, mientras que el general PNP Segundo Leoncio Mejía Montenegro encabezará la Inspectoría General de la institución. Asimismo, el general Vicente Marcelo Álvarez Moreno fue designado como jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú.

Estas modificaciones se han realizado dos días después de que se informe que la defensa legal del jefe de Estado, Eduardo Pachas, presentara una denuncia en la Inspectoría para que el coronel Harvey Colchado pase a situación de retiro por el allanamiento de Palacio de Gobierno con motivo de la detención preliminar de Yenifer Paredes, quien actualmente cumple prisión preventiva por supuestamente pertenecer a una red criminal encabezada por Castillo Terrones.

“Nosotros estamos pidiendo que dentro del debido proceso administrativo, previa presentación de las pruebas, que el inspector de la Policía Nacional recabe las pruebas que crea conveniente y verifique si (Colchado) rompió el acta. Si no la rompió, se le absuelve. Si lo hizo, que se cumpla la ley. (…) La constitución señala que el presidente tiene inmunidad y si se le va investigar metiéndose a su dormitorio para ver si está o no está la señorita (Yenifer), lo tiene que hacer la fiscal de la Nación, previo informe del Congreso de la República”, señaló la defensa legal.

Además, de acuerdo al exministro del Interior, Mariano González, estos cambios de Castillo Terrones pretenden facilitar el camino a la sanción del coronel Harvey Colchado. “Estos cambios en la Policía, la denuncia contra Harvey Colchado y el fiscal Hans Aguirre, lo que no está diciendo el presidente es que se zurra en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, no cree en la institucionalidad de estos entes autónomos y poderes del Estado, no cree en la institucionalidad”, declaró anteriormente el exfuncionario a Infobae.

Este medio también se comunicó con el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, quien mencionó que la modificación del cuadro de la PNP está siendo manipulado por temas personales del Presidente para buscar protegerse ante las seis investigaciones fiscales que enfrenta.

“Los cambios vienen siendo dirigidos por el Presidente de la República de una manera absolutamente acelerada y no hace más que responder a la necesidad que tiene el Presidente de generar un circuito de poder en torno a él que genere protección ante las investigaciones de la Fiscalía de la República. Eso es lo que está significando, que se instrumentalice a la policía y al Ministerio del Interior en desmedro de toda la ciudadanía, de los 33 millones de habitantes de este país”, afirmó a Infobae.

De acuerdo al especialista, estos cambios constantes no solo perjudican la institucionalidad de la Policía, sino que impide el desarrollo de políticas públicas a favor de la ciudadanía, sobre todo, en épocas de alto índice de criminalidad como el que está viviendo ahora el país. Valdés recordó que solo en el primer semestre del año Perú ha tenido cuatro generales de la policía. “Es imposible que se trabaje una política el favor de la seguridad, no pueden implementarse en este año y eso afecta la seguridad de los peruanos, afecta las inversiones y afecta el desarrollo económico. Por lo tanto, también la posibilidad de empleo en este país”, recalcó.

Problemas en el Mininter

Los conflictos en el Ministerio del Interior no están enfocados únicamente en la posible instrumentalización de la Policía, sino también en la continua designación de titulares de la cartera que no cuentan con el perfil idóneo para el cargo. El primer ministro designado fue Juan Carrasco Millones, el cual estuvo en el cargo durante apenas tres meses. Además, a solo algunos días de haber sino nombrado como titular del Mininter, el funcionario fue acusado de incompatibilidad con el cargo de parte de la Fiscalía después de haber pedido una licencia como fiscal previa al ingreso en el gobierno de Castillo.

Luis Barranzuela fue el segundo ministro designado por el jefe de Estado en el gabinete de Mirtha Vásquez. El titular apenas duró un mes en el Mininter y fue cuestionado por realizar una fiesta el 31 de octubre pese a que se encontraba vigente el Estado de Emergencia por la pandemia por COVID-19. A raíz de ello, Barranzuela presentó su renuncia al cargo.

A inicios de noviembre, el gabinete de Vásquez decidió reemplazar a Luis Barranzuela por el exfiscal Avelino Guillén. Sin embargo, esto generó una serie de conflictos en la Policía Nacional. El 20 de noviembre se publicó una lista de ascensos de los nuevos generales PNP. No obstante, recién el 29 de diciembre se publicaron las resoluciones supremas que invitaban a la situación de retiro a 18 generales por causal de renovación de cuadros. De acuerdo a un informe del diario El Comercio, esta demora se debía a las diferencias del ministro del Interior con el comandante general de la Policía, Javier Gallardo, respecto a los nombres de los generales que debían ser jubilados.

Según declaró en ese entonces Guillén, se presentaron muchos problemas en el Ministerio del Interior que no fueron atendidos por el presidente. Por este motivo, el exjuez decidió presentar su renuncia irrevocable. “Gatilló mi decisión el hecho de que la crisis en la Policía Nacional se estaba acentuando: la parálisis en la Diviac con el recorte de personal calificado, de presupuesto; el problema con la Región Policial Lima, con los cambios y traslados por centenares, desabasteciendo a las comisarías”, afirmó.

El cuarto ministro designado para este sector fue Alfonso Chávarry. Este nombramiento habría sido el causante de la renuncia de la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez. A Chávarry se le cuestionaba por el manejo de los conflictos sociales cuando se inició el paro de transportistas y agricultores en Junín que dejó cinco fallecidos. Por ello, el funcionario fue retirado del cargo.

El quinto ministro nombrado por Castillo fue Dimitri Senmache, quien fue acusado por el Congreso de la República de tener responsabilidad política en la fuga del exministro de Transporte Juan Silva, Bruno Pacheco y otros acusados de integrar la presunta red criminal junto al presidente Pedro Castillo. El funcionario permaneció apenas cinco semanas en el cargo.

En reemplazo de Senmache, el premier Aníbal Torres anunció la designación del abogado Mariano Gonzáles como nuevo ministro del Interior. Durante su gestión, el letrado garantizó que el fortalecería el equipo especial de la Policía Nacional en apoyo al Ministerio Público para la ubicación y captura de prófugos de la justicia. Sin embargo, esto generó una disputa entre el funcionario, Aníbal Torres y Pedro Castillo que terminó en su destitución. Según informó González, el presidente Castillo tenía un “compromiso” con la corrupción de la cual fue testigo. Desde entonces, fue incluido en una investigación que le abrió el Ministerio Público al mandatario. El abogado solo duró quince días en el cargo.

El séptimo y actual ministro del Interior es Willy Huerta, quien ha sido citado a la Comisión de Defensa del Congreso para responder por las presuntas irregularidades en el proceso de ascenso de los altos mandos de la PNP. Asimismo, el excomandante de la Policía Nacional cuenta con un proceso de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima por los presuntos delitos de concusión, colusión y abuso de autoridad. Además de una investigación en su contra de parte de la Fiscalía de la Nación por presuntos indicios de enriquecimiento ilícito.

Defensoría se pronuncia

Ante los continuos cambios de titulares del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo se pronunció a través de su página oficial y precisó que la continua designación de funcionarios a cargo de esta cartera impide desarrollar políticas públicas para combatir la inseguridad ciudadana. “Reiteramos nuestra posición respecto a los sucesivos cambios en los altos mandos de la PNP debido a que dificultan y alteran el correcto desarrollo de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana”, detalló.

“Tales circunstancias originan inestabilidad en la gestión de estas instituciones y repercuten directamente en la ejecución de las estrategias diseñadas para combatir la delincuencia, uno de los principales problemas que afectan a nuestro país [...] el ejercicio de esta prerrogativa [cambio de funcionarios] debe encontrarse adecuadamente motivada, observando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, el interés público y siempre respetando los derechos constitucionales, entre los que destacan el derecho al debido proceso y a la igualdad ante la ley”, agregó.

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