Tras la decisión del Poder Judicial de dictar 36 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, por pertenecer a una presunta organización criminal que direccionaba las licitaciones de obras públicas, la pregunta que se hacen muchos: ¿En qué estado se encuentran los procesos de otros personajes políticos tan controversiales? En Infobae hicimos un repaso y la opinión de los expertos: los exprocuradores Luis Vargas Valdivia y Katherine Ampuero.
Alejandro Toledo
Según indicó a la Fiscalía Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el país, la empresa constructora le pagó un total de 31 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo para la construcción de la obra de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur que une el sur de Perú con Brasil.
Este presunto soborno a Toledo también se relaciona con el caso Ecoteva, donde se descubrió que Eva Fernenbug, suegra del expresidente, compró una casa y una oficina en Lima por un monto de 5 millones de dólares con el dinero de la empresa costarricense Ecoteva, cuyos fondos provendrían de las firmas brasileñas.
En la actualidad, el expresidente y exfundador del desaparecido partido Perú Posible se encuentra en Estados Unidos. “Solo queda esperar la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos para que se oficialice su extradición”, dice Vargas Valdivia. Luego, agrega, que Toledo pasaría directamente a juicio oral cuando regrese al país debido a que ya se pasaron las etapas previas en las que el Ministerio Público presentó la acusación y se dio el control de la misma por los jueces.
Vargas Valdivia pronostica que en el caso de Toledo podría darse un juicio oral más célere que culminaría entre cuatro a seis meses debido a las pruebas graves y contundentes que existen contra el expresidente de la República.
Pedro Pablo Kuczynski
Una realidad diferente es el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En diciembre de 2017 se reveló que sus empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise se vieron beneficiadas de sobornos por parte de la constructora Odebrecht cuando era titular de la Presidencia del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas en la gestión de Alejandro Toledo.
PPK fue sometido a un proceso de vacancia en el Congreso, donde no prosperó debido a la falta de votos. Sin embargo, en una segunda oportunidad por el indulto al expresidente Alberto Fujimori, sí se llegó al respaldo y salió de la presidencia. Tras abandonar el poder, la Fiscalía ordenó su detención domiciliaria por presunto lavado de activos a Kuczynski por cerca de tres años.
Sin embargo, la Corte Superior Nacional informó que varió la medida por comparecencia con restricciones. En este caso, el exprocurador Vargas Valdivia explica que todavía no se sabe cuáles serán los siguientes pasos del fiscal José Domingo Pérez, quien debería formalizar acusación contra Kuczynski porque ya pasaron casi cuatro años de haber iniciado la investigación por el presunto delito de lavado de activos cometido en organización criminal en las modalidades de actos de ocultamiento y tenencia.
El exmandatario ha sido objeto de varias medidas como la prisión domiciliaria, el embargo de sus bienes e, incluso, la restricción de expresarse públicamente en medios de comunicación.
Keiko Fujimori
El pasado 24 de marzo, el Poder Judicial declaró saneada la acusación fiscal contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori y otros 44 acusados, por el delito de organización criminal, lavado de activos y fraude procesal, en el marco del Caso Cócteles.
El Ministerio Público informó que la acusación del fiscal José Domingo Pérez pasará a la fase del control sustancial en la Etapa Intermedia, desde el próximo jueves 1 de setiembre. Cabe destacar que esta es la última fase para que se inicie el juicio oral contra los acusados.
En la opinión de Vargas Valdivia, este proceso contra la lideresa de Fuerza Popular es un buen ejemplo de cómo la fiscalía tiene que formular y argumentar una buena acusación para evitar subsanarla a cada momento por pedido del juez como le ocurrió al fiscal Domingo Pérez.
Para el jurista, la etapa de control de acusación contra Fujimori podría prolongarse hasta fin de año en el mejor escenario posible. En esa línea, la hija del expresidente Alberto Fujimori recién se sentaría a responder ante el banquillo de los acusados en los primeros meses del 2023.
Sin embargo, Vargas Valdivia hizo una anotación en el sentido que la fiscalía ha incluido, junto a Keiko Fujimori, a otros 43 acusados que provocará que los jueces a cargo del proceso deban tener la suficiente capacidad para recordar cada declaración de los que vayan a ser enjuiciados y no haya demoras que podría acabar en uno o dos años el Caso Cócteles.
Luciana León
La excongresista aprista Luciana León es investigada por los presuntos tráfico de influencias agravado, organización criminal, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación por el caso “Los Intocables Ediles”.
La fiscalía tiene como evidencias que conversaciones de WhatsApp de la exlegisladora que revelan presuntas presiones a exfuncionarios del Poder Ejecutivo para lograr el visto bueno de obras vinculadas a la Municipalidad de La Victoria.
La tesis indica que la hija del exministro aprista Rómulo León “era el brazo legal y político encargado de ofrecer su amplia red de contactos con políticos y altos funcionarios así como interceder y gestionar ante ellos para satisfacer los requerimientos y necesidades de la organización delictiva con claros fines económicos”.
En marzo pasado, la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos presentó una acusación constitucional contra León ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El exprocurador Vargas Valdivia sostiene que la denuncia debe ser aprobada para que se pueda llevar el proceso penal contra la excongresista, pues tiene derecho al antejuicio.
“En este caso, por ejemplo, debería cambiarse un punto del reglamento del Congreso porque no puede ser posible que por un juego de intereses políticos no se toque hasta el momento la acusación planteada contra la excongresista León. Demora la investigación contra ella que ya dejó de ser parlamentaria hace tres años cuando hubo la disolución del Congreso”, sostuvo.
Susana Villarán
El pasado 25 de agosto, el fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación contra la exalcaldesa Susana Villarán. Para ella, solicita 29 años a prisión porque habría formado una organización criminal que recibió más de 10 millones de dólares en aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS para continuar al mando del municipio y financiar la campaña por el “No” a la revocatoria del 2013 y su reelección a la alcaldía de Lima que no ganó en 2014.
Villarán de la Puente habría cometido los delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. En la opinión de la exprocuradora Katherine Ampuero, la fiscalía tuvo demora para presentar el pedido de prisión contra la exautoridad edil. Explicó que lo que vendría sería el control de la acusación para luego pasar al juicio oral. En ese caso, recordemos, Villarán reconoció en sus redes sociales que recibió sobornos.
Sin embargo, Ampuero consideró que Villarán no debió ser la única procesada en este tema. Por ejemplo, apuntó que la excongresista Anel Townsend debió ser incluida porque fue una de las caras más visibles de la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa de Lima en 2013. También, agrega, otros activistas que le brindaron su apoyo a Villarán debieron ser llamados por la fiscalía para conocer si fueron pagados o, simplemente, su respaldo resultó desinteresado.
La exprocuradora indicó que el Poder Judicial debería crear juzgados ad hoc que sólo vean los procesos por el caso Lava Jato. “A seis años de estallar este escándalo de corrupción, solo tenemos un juicio que es del expresidente Ollanta Humala. De ahí, no hay condenados”, manifestó.
Martín Vizcarra
El expresidente Martín Vizcarra fue involucrado en el caso “El Club de la construcción” tras ser acusado de recibir sobornos cuando trabajó como gobernador en Moquegua en los años 2013 y 2014. En un inicio, el esquema de corrupción estaba integrado por determinadas empresas dedicadas a construcción las cuales ofrecían entre el 1% y 3% del valor total de los contratos a los funcionarios que otorguen las adjunciones.
Por el escándalo, Vizcarra fue vacado por el Congreso de la República. Se creía que, una vez fuera del poder, la fiscalía podría acelerar las investigaciones, pero hasta el momento entran a una etapa crucial. El ex ministro José Hernández decidió acogerse a la colaboración eficaz y confesó haber recibido coimas de empresas constructoras para el expresidente.
Hernández indica que este recibió la suma de 1 millón 300 mil soles, por encargo de Vizcarra, como parte de un soborno de la empresa constructora ICCGSA a cambio de la adjudicación del hospital de Moquegua en 2013.
Según Ampuero, la declaración de Hernández sería clave para que el fiscal Germán Juárez Atoche pueda complementarla con los testimonios y las pruebas que otros colaboradores eficaces han presentado contra Vizcarra Cornejo. Consideró que todos los nuevos elementos sustentarían un pedido de prisión preventiva contra el expresidente por los graves delitos que se le imputan.
Hay que recordar que, a inicios del 2021, la Fiscalía de la Nación decidió investigar al expresidente Vizcarra por el caso de las vacunaciones irregulares a funcionarios públicos durante su gobierno.
El Ministerio Público acusó al exmandatario de los presuntos delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.
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