El 42% de los actuales ministros designados por Pedro Castillo están investigados

Desde que inició el gobierno de Pedro Castillo se han designado un total de 67 ministros de Estado. La principal característica que tenía en común estos funcionarios son las investigaciones, acusaciones o denuncias por presuntos actos de corrupción. Esto despertó la indignación de un sector de la población, quien se mostró en contra de las continuas malas decisiones del mandatario para elegir a su equipo ministerial. Infobae identificó que, del total de ministros actuales, al menos el 44% de ellos están investigados por algún tipo de delito.

La crisis política se agrava y las malas prácticas de los Poderes del Estado debilitan la confianza de la población en las instituciones políticas. Una encuesta de Ipsos reveló que el 72% de los peruanos considera que el jefe de Estado ha nombrado de forma equivocada a los funcionarios de su gobierno. Asimismo, el estudio de opinión reveló que el 55% de los participantes opinan que algunos de los funcionarios nombrados por Castillo son corruptos; mientras que el 29% de encuestados asegura que la mayoría de trabajadores designados están involucrados en actos de corrupción.

En comunicación con Infobae, la docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico, Karla Gaviño, las políticas públicas que se promueve desde los distintos ministerios son unas normas más importantes para la gestión estatal a nivel nacional. Por tal motivo, enfatizó que las personas que lideren las carteras deben contar con la experiencia requerida para saber de qué forma llevar a cabo las soluciones a los principales problemas que enfrenta el país.

“Un ministro de Estado debería tener experiencia suficiente en las materias que están liderando porque es importante recordar que las políticas públicas del Poder Ejecutivo son las más relevantes para todo el país porque, a diferencia de los gobiernos regionales y las municipalidades que tienen políticas públicas para un ámbito territorial, las de Poder Ejecutivo abarcan a todo el Perú y a todas las entidades públicas y niveles de gobierno. Es decir, su manejo nos afecta a todos como ciudadanos. Entonces, la responsabilidad significa caer en las personas más idóneas para subir esos cargos de liderazgo con impacto en toda la nación”, dijo.

Para el coordinador del Máster en Gestión Pública de ESAN, José Ventura, la constante y errada designación de funcionarios no aptos para el cargo perjudica el avance de la sociedad peruana y paraliza las políticas públicas necesarias para atender las demandas de estas.

“La gestión pública tiene que ver con el alcance de intervenir en la sociedad y la fortaleza de su intervención. Si hay tantos cambios de ministros y estos no son aptos, ¿Cómo funciona este país? El aparato estatal está paralizado. Tenemos una cantidad de ministros y un escenario político que no tiene ningún efecto en la sociedad”, mencionó a Infobae.

A Willy Arturo Huerta Olivas, ministro del Interior, la Fiscalía le abrió una investigación al actual ministro del Interior, citado en la Comisión de Defensa del Congreso por presuntas irregularidades por cambios en altos mandos en la PNP, por supuestos actos de corrupción cuando se desempeñaba como comandante de la Policía Nacional, según una investigación del diario El Comercio.

El documento fiscal al que accedió el medio de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima abrió un proceso en contra del actual ministro por delitos como concusión, colusión y abuso de autoridad. También indica que, en el año 2013, una parte de este caso fue derivado a la Fiscalía de la Nación por aparentes indicios de enriquecimiento ilícito.

En la declaración jurada que firmó para acceder al cargo de ministro sí mencionó que tuvo sanciones administrativas o disciplinarias cuando fue parte de la Policía Nacional. Sin embargo, no especificó qué tipo de sanciones recibió.

El abogado designado por Castillo Terrones fue denunciado por presuntas irregularidades cuando trabajó como Asesor Legal del Vicerrector Administrativo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Félix Inocente Chero Medina, ministro de Justicia y Derechos Humanos, obtuvo una sentencia por el delito de patrocinio ilegal en el año 2018, según el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Lambayeque. También fue condenado a ocho meses de cárcel e inhabilitado de sus funciones. De acuerdo a RPP Noticias, esta acusación fue absuelta en segunda instancia.

El medio también informó que la resolución N° 674-2020-R emitida por la casa de estudios incluye a Chero Medina en presuntos actos irregulares como percibir el monto de 2.500 soles por labores extraordinarias en un programa que brinda la universidad.

El miembro del gabinete de Aníbal Torres cuenta con una investigación de parte de la Cuarta Fiscalía Penal Provincial de Huancayo por el presunto delito de falsedad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Jorge Antonio López Peña, ministro de Salud, es acusado de ofrecer falsas declaraciones sobre el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé cuando se desempeñaba como presidente del Cuerpo Médico.

De acuerdo a una investigación del diario El Comercio, el funcionario se habría pronunciado de forma intencional acerca de situaciones que no concordaban con los hechos reales, lo cual perjudicó a la institución, miembros del nosocomio y población en general. Sin embargo, la investigación fue archivada.

Un reportaje del programa Cuarto Poder reveló que el izquierdista mantiene hasta tres procesos en su contra por presuntas irregularidades en temas electorales. Roberto Helbert Sánchez Palomino, ministro de Comercio Exterior y Turismo, se encuentra investigado por el supuesto delito de falsedad ideológica a cargo de la Fiscalía de Huaura.

El medio periodístico también informó que Sánchez se habría beneficiado con 500 mil soles mediante un presunto acto de fraude administrativo junto a su hermano Ricardo Sánchez, quienes, supuestamente, desviaron pagos recibidos al partido Juntos por el Perú a cuentas particulares. Este dinero vendría de los aparentes cobros que se solicitaba para inscribirte como precandidatos a las elecciones regionales y municipales del año 2018.

Asimismo, el titular está involucrado en la presunta falsificación de firmas de un militante de la agrupación izquierdista. De acuerdo al diario La República, este inscribió a la persona como candidato al Congreso sin su consentimiento.

Wilbert Gabriel Rozas Beltrán, ministro del Ambiente, también congresista de la República enfrenta una investigación por el supuesto delito de peculado doloso a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. El proceso corresponde a las presuntas irregularidades registradas cuando el funcionario se desenvolvía como alcalde en la provincia de Anta entre los años 2007 y 2010.

De acuerdo a RPP Noticias, Rozas avaló la compra irregular de un sistema de software, no obstante, tal jurisdicción acudió a un proceso para comprar un programa destinado a la Unidad de Rentas, el cual fue comprado por la empresa Innova Cusco Consulters por un monto de 10 mil 500 soles. Pero la Fiscalía asegura que el ministro estuvo implicado en este contrato directo.

Años más tarde se comprobó que dicho software no se encontraba en ninguna computadora. Para el Ministerio Público, este se trataba de una copia otorgada por el MEF.

Geiner Alvarado López, Ministro de Transportes y Comunicaciones, es uno de los personajes que se encuentra bajo el ojo de la tormenta. De acuerdo a la Fiscalía, Geiner Alvarado es uno de los supuestos cabecillas de la presunta organización criminal en la cual está involucrado el presidente Pedro Castillo.

Para el Ministerio Público, los aparentes delitos se habrían realizado en el marco de sus funciones en el Ministerio de Vivienda cuando este actuaba a favor de la ejecución de obras para la localidad de Anguía, en Chota, lugar donde fue captada la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes, ofreciendo obras de saneamiento de corte supuestamente irregular.

La Fiscalía de la Nación abrió a mediados de julio un proceso en contra de Jorge Luis Prado Palomino, actual ministro de la Producción, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado.

Una investigación del programa Punto Final advirtió que Edwin Chávez Prado, sobrino del actual titular de Producción, trabaja como coordinador de una oficina descentralizada de tal ministerio. De acuerdo al dominical, el pariente de Prado trabaja por “servicio de fortalecimiento organizacional en actividades productivas”.

La también vicepresidenta de la República fue incluida en la investigación por presunto lavado de activos en el financiamiento ilegal de las campañas electorales de 2020 y 2021 del partido político Perú Libre. Según Richard Rojas, ambos funcionarios y miembros de la agrupación abrieron una cuenta mancomunada en el Banco de Crédito del Perú donde recaudaron los aportes de forma ilícita.

En base a lo señalado por los colaboradores del caso y la evidencia del Ministerio Público, la ministra pertenecería a la organización criminal Los Dinámicos del Centro. Un aspirante a colaborador eficaz detalló que esta recaudación de dinero era una orden que provenía de la cúpula de Perú Libre a nivel nacional.

“De los pagos efectuados en la suma de S/100 a los trabajadores CAS era de sus respectivos sueldos, pero obligados a aportar, tal como ya lo mencioné, pero los funcionarios daban una cuota mucho mayor. Algunos S/10.000, que provenían de coimas que pagaban los usuarios para la obtención de sus licencias de conducir, por contrataciones de servicios, obras en mantenimiento de vías, entre otros, etc., que incluso estos funcionarios en algunos casos depositaban por intermedio de terceras personas para que no figuren sus verdaderos nombres”, indica el testimonio plasmado en el diario El Comercio.

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