El presidente de la República Pedro Castillo estaría involucrado en un nuevo cuestionamiento. Específicamente, en sus honorarios por ejercer el más alto cargo público en el país. Recordemos que, en julio del año pasado, dijo que viviría con su sueldo de profesor. Sin embargo, esa promesa y su lema “no más pobres en un país de ricos” quedó en el olvido.
“La riqueza que es para los peruanos tiene que ser para los peruanos. Renunciaré al sueldo presidencialista y bajaré el sueldo de los ministros y congresistas a la mitad para darles al pueblo peruano y a las personas más vulnerables”, dijo Castillo ante el Congreso de la República.
Según el diario Perú 21, el mandatario cobró un bono extra de S/15,700 por un decreto de urgencia cuyo número no se transparenta en la planilla en julio pasado. En ese mes le tocaba recibir su salario de S/16 mil y su gratificación de S/300. Sin embargo, dicha cifra no resulta una casualidad tomando en cuenta que Castillo cobró un aguinaldo de S/16 mil cuando solo le correspondían S/300 en diciembre pasado.
Castillo no habría sido el único beneficiado con el bono extra en julio. Sus ministros, por su lado, también tuvieron un ingreso adicional. En su mayoría cobraron S/53,666, por S/30 mil de sueldo y S/23,666 de aguinaldo.
Entre los beneficiados se encuentran Aníbal Torres en la Presidencia del Consejo de Ministros; Alejandro Salas cuando estaba en el Ministerio de Cultura; Dina Boluarte en Desarrollo e Inclusión Social, y Geiner Alvarado en Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Sube aprobación
De otro lado, a pesar de que tiene seis investigaciones fiscales y mantiene un constante enfrentamiento con el Congreso de la República, el presidente Pedro Castillo ha recuperado respaldo ciudadano. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, su aprobación ha subido de 24% a 29%. En la zona donde tiene más apoyo es el sur con el 47% y en el nivel socioeconómico D/E con 33%.
Por su parte, la desaprobación nacional de Castillo también descendió de 67% a 63%. Nuevamente, Lima Metropolitana, la capital del país, es la zona donde el presidente es altamente rechazado. Los detractores del actual Gobierno se encuentran en los niveles socioeconómicos A/B (73%) y C (67%).
Las cifras llegan en un momento político complicado para el presidente Castillo. El 10 de agosto pasado, la fiscal de la Nación Patricia Benavides le abrió una quinta investigación por presuntamente liderar una organización criminal que manejaba irregularmente las licitaciones públicas en Cajamarca. En el documento al que accedió Infobae, identificaron como sus lugartenientes al actual ministro de Transportes, Geiner Alvarado, y el alcalde de Anguia, José Neil Medina.
En tanto, el papel de testaferros fue recaído en los hermanos de la primera dama Lilia Paredes: Yenifer, Walter y David Paredes Navarro. Los empresarios Hugo y Anggi Espino Lucana complementaban esta columna vertebral de esta red. Precisamente, estos dos personajes son los que han aportado pruebas para desmantelar poco a poco esta red de corrupción.
Obstruye investigación
La fiscal superior Marita Barreto, coordinadora el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, reiteró su preocupación porque el presidente Pedro Castillo abusa de su poder para intervenir en las investigaciones por presuntos actos de corrupción de funcionarios de su gobierno y de su entorno más íntimo. Esto a raíz del pedido para destituir al coronel de la policía Harvey Colchado, quien fue a Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes.
“El presidente de la República está abusando de su poder para intervenir en una investigación en la que también sería parte, porque a él la Fiscalía de la Nación lo investiga por presuntamente integrar esta organización”, señaló Barreto en diálogo con el diario El Comercio. Añadió que “sería un grave error que pretendan apartar a cualquier miembro del equipo especial [policial] que ha sido conformado mediante una resolución” en clara referencia a Colchado.
“Pretender sacar a uno de los miembros sin ninguna causa grave que justifique un incumplimiento de un mandato establecido por el Ministerio Público resulta una grave intromisión de terceros”, agregó.
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