El 87% de peruanos desaprueba el desempeño del Congreso de la República

La legitimidad del Congreso de la República ante el pueblo se encuentra en una delicada situación. Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), esta institución cuenta con el 87% de desaprobación ciudadana. Esta cifra representa un aumento de dos puntos en comparación a lo percibido el mes pasado.

El rechazo al poder legislativo se concentra mayor es el sur, donde tiene 90%. Por su parte, en los niveles socioeconómicos A y B es incluso mayor: 93%. Por su parte, en cuanto a la aprobación, bajaron de 10% a 8%, lo cual refleja que los congresistas tiene una imagen muy negativa ante la opinión pública por diversas acciones.

A inicios del presente año, el Centro Liber accedió, mediante una solicitud de acceso a la información pública, archivos de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, los cuales revelan que actualmente 16 congresistas son investigados por actos de corrupción. A esta cifra se suma los cuestionamientos recientes.

El parlamentario Freddy Díaz afronta una investigación por el presunto delito de abuso sexual contra una trabajadora de su despacho. A pesar de la grave acusación, sigue laborando como si nada pasara. Aunque la víctima ha asegurado que no dio su consentimiento para tener relaciones sexuales, la defensa legal del legislador niega que se trató de una violación.

“Nosotros creemos no del todo que miente, sino que ella podría estar confundida porque ella en ningún momento dice que la violaron, ella dice que no recuerda lo que pasó. Ella podría estar confundida, ella estuvo bebiendo, el congresista también estuvo bebiendo”, indicó la abogada Katty Cachay a RPP Noticias.

Otro es el caso del congresista Wilmar Elera, quien fue condenado por el juez del Sétimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Ronald Soto Cortez, a seis años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada.

En un adelanto de fallo, el juez Soto Cortez sentenció a Elera García, por hechos que se remontan al 2012 y que tienen que ver con su participación como supervisor de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa – Ayabaca – Piura. Se dispuso su inmediata ubicación y captura para que cumpla su condena.

Otra de las causantes de la desaprobación del Congreso es María del Carmen Alva. En julio, el portal El Foco dio a conocer que contrató a una asesora que cobraba el sueldo como trabajadora del Parlamento, pero en horario de oficina se dedicaba a laborar en su empresa de consultoría política.

No es la primera vez que cuestionan a la abogada por sus contrataciones. Anteriormente, el mismo medio informó que contrató a un hombre dedicado al rubro de la moda como uno de sus asesores técnicos. Sin embargo, ella refutó que su amigo de la universidad cumplía con los requisitos para desenvolverse como técnico en su despacho. El “hombre de alta costura” recibía una remuneración económica mayor a S/ 6.000.

Recientemente, el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima abrió una investigación por la compra de computadoras por el valor de S/ 7052 cada una que se dio en la gestión de Alva.

De otro lado, también está el caso de congresistas investigados por la fiscalía que lideran comisiones. Hay tres casos muy concretos: José Luna Gálvez (Podemos Perú), Raúl Doroteo y Jorge Flores Ancashi (Acción Popular).

Luna Gálvez está en la Comisión de Presupuesto. Como se recuerda, el parlamentario tiene una pesquisa por el presunto de delito de organización criminal. Esto porque habría sido el líder de una red que operó en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir a Adolfo Castillo, quien permitió que su partido pudiera inscribirse formalmente ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De otro lado, Raúl Doroteo y Jorge Flores Ancashi apuestan a liderar las comisiones de Relaciones Exteriores y Energía y Minas. Como se recuerda, los dos legisladores de Acción Popular fueron señalados por la lobista Karelim López de integrar el grupo de los llamados “Los Niños”, quienes tenían nexos con el hoy prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, y el presidente Pedro Castillo.

Ambos representantes de la lampa son investigados desde mayo pasado por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado por el caso Puente Tarata-Provías Descentralizado. Incluso, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por treinta y seis y nueve meses, correspondientemente.

Hace unos días, congresistas de diversas bancadas parlamentarios solicitaron, a través de un oficio dirigido a la presidenta del Parlamento, Lady Camones, que los legisladores sindicados como “Los Niños” no integren comisiones por tener esta pesquisa.

De igual manera, un sector del grupo de Acción Popular -liderado por María del Carmen Alva- también remitió un oficio para cuestionar como “antidemocrática y arbitraria” la lista elaborada por representantes de su partido en diversas comisiones.

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