Conasec: ¿una verdadera herramienta para la lucha contra la inseguridad ciudadana?

Con la publicación de la Ley número 27933 que creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se gestó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) en el año 2003. Desde entonces, se han promovido reuniones que tienen como fin la formulación, monitoreo, evaluación de política nacional de Seguridad Ciudadana además de ser una de las conexiones entre la comunidad con la autoridad para la lucha contra el crimen común y la delincuencia.

La problemática de la inseguridad es una arista que ataca desde temprana edad, ya que, según ha registrado el Instituto Nacional de Estadística e Informática en su estudio sobre Seguridad Ciudadana, el 22% de la población de 15 años de edad en adelante, son víctimas de algún hecho delictivo y dentro de estas cifras, hay un dato desalentador en cuanto a las denuncias interpuestas por parte los afectados por la delincuencia en el que un 36.3% no recurre a las fuerzas del orden para que accionen debidamente.

Además, en otro análisis del mismo instituto realizado del mes de enero a junio del presente año, de cada 100 personas, 10 a nivel nacional urbano, son víctimas de robo de dinero, cartera y/o celular.

Otro dato importante a considerar es de la población víctima de 15 años de edad a más a nivel nacional urbano, hay un 10,9% que ha sido víctima de algún hecho delictivo cometido con arma de fuego.

Infobae conversó con el presidente de APROSEC y especialista en Seguridad, César Ortiz Anderson, quien precisó que, a la fecha, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana no está justificando su razón de ser y que las reuniones que se han realizado no plantean soluciones a corto plazo debido al escaso sustento técnico que estas tienen.

En la última sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el presidente Pedro Castillo, adelantó que, presentará un proyecto de Ley en el que sean los propios delincuentes que arranchan carteras y arremeten contra la población en general, sean derivados a realizar trabajos en favor de la sociedad.

Al respecto, Ortiz Anderson, expresa que hay que tener en cuenta no solo el mensaje que se está tratando de transmitir, sino quién es el emisor, un presidente que en las últimas horas ha nombrado a su quinto Comandante General de la Policía Nacional y que en un año de gestión ha tenido 7 ministros en el despacho del Interior; ello no solo implica una inestabilidad para la institución en mención, sino que no permite el desarrollo de un trabajo a fondo en cuanto a las políticas de Seguridad y que, además, según manifiesta el especialista, a un mensaje populista con medidas demagógicas que se proponen en diferentes países y Gobiernos que finalmente quedan en dichos y no en hechos.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su participación en la última sesión ordinaria del CONASEC, mencionó la importancia de aumentar el presupuesto para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana; esto, debido a que no se están cumpliendo los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que vence en el 2023.

Rubén Blades lo dice en su canción, las decisiones tienen precio y los gastos para concretar resultados efectivos para la lucha contra la inseguridad tendrían que manejar un mayor presupuesto del que ya se tiene; sin embargo, el director de APROSEC, refiere que estas inversiones deberían estar sustentadas, adicionalmente a ello, implementar el recurso humano apropiado y con las herramientas -vehículos, armamento y dispositivos tecnológicos- modernizados y de ocasión para la época.

Un ejemplo claro, según manifiesta el especialista, es la flota automovilística de la policía chilena, los vehículos de alta gama, no son, realmente un gasto, terminan siendo una inversión rentable.

El subtitulo hace referencia a los conductos por los que un delincuente debe pasar, luego de ser capturado por las fuerzas policiales; es la fiscalía quien formaliza la acusación ante el Poder Judicial, esta última quien determina una condena (en el caso se llegue a juicio) y finalmente, de ser el caso, el delincuente pasa a cumplir su condena dependiendo del centro penitenciario al que sea derivado tras un trámite burocrático con el Instituto Nacional Penitenciario.

Aquí llegamos a las siguientes interrogantes: ¿la policía realiza una eficiente función? Y si es así, ¿por qué el Ministerio Público no formaliza las acusaciones? Y es el caso, ¿los jueces están resolviendo a la altura de las circunstancias? Todas estas interrogantes podrían variar su respuesta, pero una de ellas definitivamente es otra de las más importantes aristas que padecemos a nivel nacional en cuanto al sistema penitenciario y a la capacidad que tienen las cárceles para albergar a los delincuentes que trasgreden las normas y cometen delitos.

Es en ese sentido que, el experto en Seguridad, detalla cifras dadas por el presidente Castillo en cuanto a los resultados de operativos e intervenciones en diferentes puntos del país, las cuales, según refiere el entrevistado, carecen de veracidad y sustento.

Al momento de la intervención del PCM, Aníbal Torres en la segunda sesión ordinaria del CONASEC, mencionó que sería oportuno que sean las propias juntas vecinales sean capacitadas y sean ellas mismas quienes se encarguen de lidiar contra la inseguridad ciudadana en caso las autoridades como la Policía Nacional o las áreas de Seguridad Ciudadana de las diferentes municipalidades respectivamente, no realicen una labor adecuada.

Ortiz consideró que, dicha propuesta no sería la más acertada, ya que un civil no está en el deber o facultad de afrontar ese tipo de problemática y que se diese un escenario como el que plantea el primer ministro, no sería producente, ya que, los miembros de las juntas vecinales tienden a ser personas de tercera edad o que físicamente no podrían hacer frente ante un contexto en el que deban disuadir a un delincuente de cometer sus fechorías.

El pasado mes de febrero, en la presentación de los resultados de un operativo por parte de la Policía Nacional en El Agustino, el presidente Pedro Castillo exhortó al entonces ministro del Interior, Alfonso Chavarry a coordinar con el titular del despacho de Defensa a solicitar la presencia de las Fuerzas Armadas para combatir contra la delincuencia en el marco del Estado de Emergencia que rige en la capital y en la Provincia Constitucional del Callao.

“Pido al señor ministro del Interior que coordinemos con el Ministerio de Defensa, no solamente para tener a la policía, porque no todo es responsabilidad de ellos. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”, expresó el mandatario.

A ello, rápidamente, Chavarry puso paños fríos y acotó que dicha opción habría que analizarse, lo cual, tres ministros del Interior después, no se ha materializado.

Sin embargo, consultamos con el especialista Ortiz Anderson, la viabilidad de que efectivamente sean el Ejército Peruano o la Marina de Guerra las entidades castrenses las que se sumen a esta incansable lucha, a lo que la respuesta fue la siguiente.

Una de las tantas adversidades con las que el peruano debe lidiar los 7 días de la semana es el cuidado que debe mantener y el estado de alerta para evitar caer en las garras de la delincuencia; las cifras marcan un presente en la que se esparce la incertidumbre, escases logística en las autoridades encargadas de lidiar contra la inseguridad y medidas desde la cabeza de Gobierno que, ante una constante inestabilidad, están lejos de poder marcar la pauta y trabajar políticas que puedan dar señales de una ansiada reducción del índice de criminalidad y un aumento en la tranquilidad en cada rincón de nuestro país.

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