Los sorpresivos cambios del presidente Pedro Castillo dentro de la Policía Nacional (PNP) han generado un ambiente de incertidumbre. Ayer se oficializó que el teniente general Raúl Enrique Alfaro Alvarado es el nuevo comandante general en reemplazo de Luis Vera Llerena, quien estuvo solo tres meses en el cargo.
Desde el Gobierno también se tomó la decisión de designar al general de armas Segundo Leoncio Mejía Montenegro en el cargo de inspector general de la PNP. Por otro lado, se nombró al general Vicente Marcelo Álvarez Moreno al cargo de jefe del Estado Mayor General.
El exministro del Interior Mariano González dijo que los cambios de Castillo buscan allanar el camino a la sanción del coronel Harvey Colchado. “Saca al teniente general Alfaro de la Inspectoría General para promoverlo a comandante general y colocar a Mejía Montenegro, un señor paisano del presidente y siempre actúa con mucha pleitesía con él [Pedro Castillo]”, apuntó en diálogo con Infobae.
Como se recuerda, el abogado Eduardo Pachas presentó un pedido ante la Inspectoría General de la PNP para que el coronel Colchado sea dado de baja por la diligencia que lideró en Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes a inicios de este mes. Ahora, sobre Mejía Montenegro se reveló que viene de Chota, la provincia de Castillo, y estuvo acusado de espionaje a estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
González cuestionó que su sucesor, Willy Huerta, haya permitido que el presidente Castillo haga los cambios en el alto mando policial. Agregó que quien movería los hilos en el Ministerio del Interior sería Abel Gamarra, viceministro de Orden Interno, quien es recordado por su participación en el sonado escándalo de las Brujas de Cachiche que casi le costó el desafuero a Omar Chehade, actual aspirante a la alcaldía de Lima por Alianza para el Progreso.
“Estos cambios en la Policía, la denuncia contra Harvey Colchado y el fiscal Hans Aguirre, lo que no está diciendo el presidente es que se zurra en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, no cree en la institucionalidad de estos entes autónomos y poderes del Estado, no cree en la institucionalidad”, enfatizó González.
Por su parte, el exministro del Interior Carlos Basombrío mencionó a Infobae que los reacomodos dentro de la Policía se entiende en dos lógicas. La primera consistiría en que se busca tener el control de la institución a partir de la denuncia de que cinco coroneles pagaron cuantiosas sumas de dinero para ascender de grado, lo cual fue confirmado por Bruno Pacheco, ex secretario del Despacho Presidencial, ante la fiscalía.
La segunda lógica, según Basombrío, es el debilitamiento de la comandancia general con los continuos cambios que apuntarían a proteger la impunidad de Castillo. “Se está generando un espacio muy tenso dentro de la Policía entre los institucionalistas y los mal llamados subordinados del presidente”, cuestionó. Agregó que la designación del teniente general Raúl Alfaro sería para que sea un incondicional a tiempo completo para el mandatario como se ha convertido el ministro Willy Huerta.
Sobre Vicente Álvarez, nuevo jefe del Estado Mayor de la PNP, el exministro del Interior recuerda que lo pasó al retiro en agosto de 2016 cuando estaba bajo las sospechas de que lideraba un “Escuadrón de la Muerte” dentro de la institución policial. “Ese señor tiene una historia de robo de gasolina cuando estaba en la Dircote”, mencionó.
Álvarez fue acusado por la Fiscalía de homicidio y robo de combustible a la Policía Nacional. Sobre esto último, está pendiente el pronunciamiento de la sala superior para que avance la acusación en su contra por el delito de peculado en agravio del Estado.
“A Castillo no le importa nada de eso [los nombramientos en la Policía]. Una organización criminal que está en el poder político más alto busca desacreditar y destruir a sus adversarios que son los operadores de justicia”, finalizó.
El ex director general de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, indicó a Infobae que la Ley de la Policía Nacional señala que el tiempo de permanencia del comandante general es por dos años y puede ampliarse uno más en caso su gestión sea exitosa. Además, agregó que en las resoluciones del cese del comandante general y el inspector general no se brindan los motivos concretos.
Sobre el pedido presentado por el abogado Eduardo Pachas para destituir a Harvey Colchado, señaló que no procedería por un tema administrativo. Adicionalmente, enfatizó que la diligencia liderada por el coronel y exjefe de la Diviac en Palacio para capturar a Yenifer Paredes no representa falta grave y debería ser archivado por el nuevo inspector general.
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