Prisión efectiva para la máxima autoridad del Callao. Este martes 23 de agosto, el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao pidió cinco años y 11 meses de pena privativa de la libertad para Dante José Mandriotti Castro.
Como se recuerda, el gobernador regional del Callao, es acusado por el delito de colusión agravada, por lo cual el fiscal adjunto provincial Marcelo Fernández Vásquez hizo el requerimiento de dicha sanción.
Junto a Mandriotti Castro, el magistrado también solicitó condenas por el mismo periodo en contra del gerente general del Gobierno Regional (GORE) Callao, Jaime Romero Bonilla; el gerente de Administración, Lino Antonio Vigil Delgado.
Pero eso no es todo, dentro de la pena contra la máxima autoridad chalaca, también se solicitó la inhabilitación para ejercer cargo público por cuatro años y 11 meses. Lo mismo aplica para dichos funcionarios que trabajaron en el Gobierno Regional del Callao.
Otros implicados
Además de los funcionarios mencionados, también se vincula en la investigación a las siguientes personas que trabajaron junto a Dante José Mandriotti Castro:
- Jefe de la Oficina de Logística, Eli Augusto Caqui de Los Ríos.
- Especialista del Área de Logística, Daniel Jesús Villalobos Sampén.
- Proveedora de servicios Karen Martínez.
- Proveedora de servicio Julia Elena Del Castillo Pancorvo.
En el caso de ambas empresarias, se estableció una condena de 10 años de prisión efectiva, 13 años de inhabilitación y 500 días multa.
Según informó el fiscal adjunto provincial Marcelo Fernández Vásquez, todos los funcionarios son procesados por la presunta contratación de proveedores allegados y la sobrevaloración en la contratación de servicios no justificados con motivo del XI GORE Ejecutivo.
Estos servicios se habrían realizado en hace tres años y los cuales tuvieron una inversión total de S/ 118,900. Del mismo modo, la tesis fiscal informa que habrían generado un perjuicio total de S/ 32,348 al Estado.
Proceso
Un informe detallado de Agencia Andina, señala que la acusación fiscal, ejecutada los primeros días de agosto, se llevó a cabo ante el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao.
Esta investigación incluyó un total de 34 elementos de convicción que acreditarían la responsabilidad penal de los acusados. Además indicaron, que entre las evidencias se encuentran la evaluación emitida por el Órgano de Control Institucional del Callao (OCI).
Parte fundamental de la denuncia, es el hallazgo de una sobrevalorización de 100% del costo en el servicio de ‘Análisis, preparación de propuesta de elementos y actividades integradas en la realización del XI Gore Ejecutivo’.
Pero eso no es todo, también se encontró una inflación del 200% en el servicio de ‘Registro multimedia y reporte audiovisual del XI Gore Ejecutivo’.
Sobre el tema, a través de un documento oficial, la Presidencia de Consejo de Ministros señaló que los gastos efectuados en el XI GORE Ejecutivo fueron financiados íntegramente por el Proyecto PNUD n.° 00099416 ‘Gestión Territorial del Desarrollo’.
En el escrito señalaron que no se solicitó al Gobierno Regional del Callao ningún tipo de apoyo, por lo cual, como medida adicional, la fiscalía anticorrupción solicitó también, el 16 de agosto último, que se dicte comparecencia con restricciones para todos los acusados.
Según el oficio que se hizo público hoy marte 23 de agosto, el objetivo es asegurar la presencia del involucrado hasta el fin del proceso penal. En el párrafo final del documento precisan, que se encuentra a la espera de que el Poder Judicial programe la fecha de audiencia de control de acusación.
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