El último lunes, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, participó de la segunda sesión ordinaria descentralizada del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que se desarrolla en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad.
Desde la ciudad norteña, la magistrada aseguró que es necesario asignar un mayor presupuesto para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana, la cual está golpeando a todo el Perú ante la ola delictiva que ha crecido en este último año.
En ese mismo contexto, la fiscal encargada de investigar las acusaciones contra la pareja presidencial y allegados, sostuvo que las cifras indican que no se están cumpliendo los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que vence el 2023, razón por la que planteó fortalecer el trabajo conjunto para alcanzar resultados.
Por ese motivo, precisó que es necesario que el Poder Ejecutivo asigne los recursos presupuestales necesarios para reforzar la labor de las instituciones que son parte de la unidad de flagrancia implementada en el distrito de El Porvenir, Laredo, en Trujillo.
“No se le da un solo al Ministerio Público y, pese a ello, haciendo todo el esfuerzo necesario, se ha habilitado que tres fiscalías vean el tema de flagrancia (en Trujillo) elevando la carga procesal (…) y que las investigaciones sean en tiempos demasiado largos”, destacó la titular del Ministerio Público.
Cabe destacar que el mandatario Pedro Castillo es quien encabeza la segunda sesión ordinaria del Conasec, que se efectúa en la Casa de la Identidad Regional de Trujillo, en donde también participa el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres.
Recordemos que el Conasec es el organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas, planes y actividades en materia de seguridad ciudadana a escala nacional.
Castillo propone que delincuentes trabajen en obras públicas
Pedro Castillo, quien preside la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en la ciudad de Trujillo, habló sobre la situación de los delincuentes en nuestro país, asegurando que salen de la cárcel y delinquen nuevamente, y regresan a prisión. Ante esto, el jefe supremo del Perú, destacó que estos malhechores sean llevados a construir puentes, rehabilitar carreteras, construir hospitales, o realicen campañas de reforestación. “Que aprendan a llevar la alimentación trabajando”, dijo.
Pero, ¿La propuesta de Pedro Castillo, es viable en nuestro país? El exministro del Interior, Eduardo Pérez Rocha fue enfático al señalar que esto no se puede hacer, porque para que eso se ejecute se debe haber privatizado el aspecto del trabajo en los centros penitenciarios.
“Para privatizar, el Estado tiene que dar una cantidad, sabemos que el Estado está dando S/12 por interno por día; entonces, es imposible”, indicó a Infobae.
En ese misma línea, el exfuncionario sostuvo que lo dicho por Castillo Terrones es algo declarativo y que existe un desconocimiento total. Un ejemplo de ellos es Estados Unidos, donde sí se pueden llevar a cabo esas acciones porque se ha privatizado. “En ese caso, el Estado aporta para que la empresa privada se encargue de coordinar con las empresas públicas y privadas para hacer contratos, y de esos contratos una parte va para el que está detenido, haciendo labores de trabajo que le sirven como apoyo económico”, apuntó.
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