La familia del presidente Pedro Castillo atraviesa una situación legal que cada vez se complica más. Esta vez, el Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder hizo formal la investigación preparatoria contra la primera dama Lilia Paredes Navarro; sus hermanos Yenifer, Walter y David por el presunto delito de organización criminal en perjuicio del Estado.
Esta investigación también alcanza a los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana, quienes son señalados de haber cometido un presunto tráfico de influencias luego de ganar millonarias licitaciones en el Gobierno de Pedro Castillo, a través de Yenifer Paredes.
Según el informe fiscal, Lilia Paredes sería la encargada de viabilizar, financiar y dar celeridad a los proyectos de inversión pública referentes a la ejecución de obras en varias entidades estatales. La intermediaria sería su hermana Yenifer Paredes, quien operaba con conocimiento y aprobación de su esposo, el presidente de la República, Pedro Castillo.
La mencionada hipótesis que maneja la Fiscalía cobra mayor peso luego que el empresario Hugo Espino, colaborador eficaz, aceptara ante el equipo especial que, el 8 de agosto del 2021, tuvo una reunión con la cuñada del presidente Castillo, quien le comunicó que desde Palacio requerían un “chip de teléfono celular” que esté a nombre de una tercera persona. Este pedido, según el empresario, era para que pueda coordinar los proyectos con Lilia Paredes sin tener riesgo a que las llamadas sean “chuponeadas”.
Otro punto revelador que hizo el joven empresario y que el Ministerio Público usará para las investigaciones es que, en dicha reunión, la primera dama de la nación le dijo a su hermana Yenifer que apoye con proyectos de inversión a favor de la Municipalidad de Chachapoyas, pues la cuñada presidencial tiene amistad con el alcalde de la entidad lo que iba a facilitar el acuerdo.
Asimismo, el representante de la empresa JJM Espino & Construcción precisa que Lilia Paredes fue la encargada de coordinar el financiamiento de la obra en el distrito de Chadín (Cajamarca), en concertación con el presidente Pedro Castillo.
“Lilia Paredes mantendría una estrecha relación con los demás miembros de la organización criminal, por lo que coordinaba con ellos para hacerse de la ejecución de obras públicas, conociendo que a quienes iba a favorecer eran personas estrechamente allegadas a la casa presidencial, entre amistades, personas de confianza y familiares directos, a quienes tenía el poder para lograr beneficiar en la licitación pública, otorgando la buena pro y la adjudicación de la ejecución de las obras”, menciona la disposición fiscal.
La disposición fiscal señala que esta presunta red criminal que integraría la esposa de Pedro Castillo y sus hermanos se habría favorecido con más de 6 millones de soles en obras públicas para diversos municipios distritales, como el de Anguía, Chachapoyas, Chadín y Cajatambo.
Esta investigación también ha sido relacionada con la presunta concertación con funcionarios públicos para direccionar obras en municipios a través del Ministerio de Vivienda cuando estuvo a cargo del también investigado Geiner Alvarado, quien actualmente cumple funciones como ministro de Transportes.
La investigación tendrá una duración de 36 meses e incluye también a José Nenil Medina, alcalde de Anguía; César Castillo Cabrera, alcalde de Chadín y Víctor Raúl Culqui Puerta, alcalde de Chachapoyas.
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