Freddy Díaz, el congresista denunciado por violación sexual que continúa trabajando para el Estado peruano

El 27 de julio, el congresista Freddy Díaz fue denunciado de violación sexual por una trabajadora de su despacho. El caso fue remitido a la Comisión de Ética Parlamentaria, el legislador fue expulsado del partido Alianza Para el Progreso y denunciado constitucionalmente. El Ministerio Público también abrió una investigación preliminar en su contra. Sin embargo, a 22 días de haberse interpuesto la denuncia en su contra, el funcionario continuaría trabajando en el Poder Legislativo.

Este martes, el Pleno del Congreso debatió la invitación al primer ministro Aníbal Torres después de que llamó a la población a levantarse en contra del Parlamento. El tablero de monitoreo de votos del hemiciclo mostró la participación de Díaz en el debate. Según informó Canal N, el congresista respaldó la decisión del Legislativo de solicitar declaraciones al presidente de la PCM.

“Un dato: un congresista, es cierto que no tiene ningún impedimento, pero está acusado de violación y su caso todavía no se define en la Comisión de Ética, el señor Freddy Díaz, acusado de violación, sigue marcando su voto”, refirió el periodista Jimmy Chinchay.

De acuerdo al letrado, se han abierto dos tipos de investigaciones en contra de Díaz. Una de ellas está dirigida por el Ministerio Público y otra a cargo del Congreso de la República. En el caso de la primera de ellas, se trata de un proceso independiente que tendrá una sentencia al haber culminado todas las etapas necesarias. Pero este caso no interviene con su permanencia en el Parlamento. Según explicó, su continuidad en el Poder Legislativo, pese a la denuncia en su contra, responde a la falta de acción de los congresistas para inhabilitarlo.

“La investigación está dirigida a que a él se le imponga una pena que, en el caso de la violación sexual, sería una pena privativa de la libertad. Allí él dejaría su cargo cuando sea condenado, pero falta mucho para eso porque esto todavía está recién en investigación. Mientras tanto, el congresista podría continuar despachando en su oficina y podría continuar trabajando desde el Congreso si es que el mismo Parlamento no se hace nada para poder retirarlo”, dijo.

La inacción del Congreso ante la denuncia de violación sexual no perjudica solo la imagen del Parlamento, que, por sí misma ya cuenta con más del 80% de desaprobación de parte de la ciudadanía, sino que genera una situación de revictimización de la denunciante.

“La falta de celeridad en este caso pone a la denunciante en una situación de extrema vulnerabilidad. Es una persona que ha pasado por un hecho sumamente traumático que, además, se encuentra en una posición de desigualdad de poder no solo a la entidad empleadora, que es el Congreso, sino frente a la persona que la agredido. Entonces hay temas propios del proceso judicial que, lamentablemente, no se pueden resolver de manera inmediata por la naturaleza del cargo del congresista, pero hay otros temas administrativos, como las responsabilidades del Congreso, que sí pudieran protegerla frente a esta a este riesgo de revictimización”, enfatizó Diana Chávez, abogada del colectivo Proyecta Igualdad.

Según informó la experta, el Congreso está en la capacidad de actuar de forma inmediata en la Comisión de Ética para suspender al parlamentario y brindar protección a la víctima. Sin embargo, la expresidenta de la Comisión, Karol Paredes, indicó que el informe del caso estará aún listo el 31 de agosto. Es decir, un mes después de haberse presentado la denuncia.

Asimismo, Chávez recalcó que el Congreso como entidad empleadora de la mujer está en la obligación de ofrecer medidas administrativas de protección a la trabajadora. Cabe mencionar que, según medios periodísticos, el parlamentario acusado de violación sexual ha solicitado anteriormente el despido de la trabajadora denunciante.

Algunas medidas que resaltó la abogada que deberían tomarse para salvaguardar la integridad de la víctima están relacionadas a la presencialidad del trabajo. Según señaló, se debe evitar que la víctima y el agresor puedan concordar en un mismo ambiente. También debe estar alejada de personas que puedan acosarla u hostigarla con el fin de revictimizarla con acciones que la sitúen en un escenario de riesgo para su bienestar.

Mediante un comunicado en su página oficial, la Defensoría del Pueblo se pronunció acerca del caso de Freddy Díaz y pidió a la Fiscalía y Poder Judicial acelerar el proceso legal en contra del congresista.

“Sobre el caso, al haber confirmado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la denuncia realizada por la víctima y al estar brindando a esta protección y atención legal, corresponde al Ministerio Público y Poder Judicial actuar con prontitud y con la diligencia debida en la investigación y sanción de este execrable hecho, a fin de evitar la impunidad”, refirió.

Asimismo, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Milaslovich, señaló que la institución ha cumplido con brindar la atención requerida a la víctima y ahora le compete a la Fiscalía culminar con las investigaciones.

“Yo soy quien ha dicho que debemos que respetar nuestro sistema democrático. Tenemos que respetar nuestras instituciones y, en este caso, tenemos que aguardar qué es lo que define la fiscalía. No voy a adelantar opinión sobre la fiscalía acerca de este caso, pero quiero decirles que le estamos poniendo todas las ganas y todo el punche para la defensa de la víctima. Sin embargo, nosotros tenemos que atenernos a lo que diga la fiscalía”, dijo la titular a Canal N.

Hoy, el Poder Judicial desestimó el pedido de tutela de derecho de Freddy Díaz, en la investigación por el delito de violación sexual.

Esta tutela pretendía excluir declaraciones testimoniales de la presunta víctima de violacion por parte del parlamentario.

Como han señalado anteriormente los especialistas a Infobae, el Congreso tiene uno de los principales roles en el caso de Freddy Díaz y su acusación de violencia sexual. Un rápido proceso en la Comisión de Ética Parlamentaria puede garantizar y asegurar la protección de la víctima en su espacio de trabajo. Un ejemplo de ello fue el manejo del caso del exlegislador Leoncio Zacarías Torres Ccalla, quien fue denunciado de violación en contra de una menor de edad.

Según el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria Nº OO8-2004-FMCCEP-CEP-CR, esta denuncia fue recibida el 22 de noviembre de 2004 de parte de Ramón Lorenzo Mamani Chisi contra el entonces congresista Torres Ccalla.

A los cuatros días, se citó a las partes implicadas a una Audiencia única, pero no pudo concretarse por falta de quórum. Sin embargo, fue retomada el lunes 6 de diciembre en una sesión extraordinaria de la Comisión. Pero el parlamentario acusado no asistió. En tal reunión, el denunciante brindó sus declaraciones y aunque la Comisión le dio la oportunidad a Torres de asistir al día siguiente (7 de diciembre) para brindar sus descargos, este no lo hizo.

Tras completar el debido proceso, solo dos semanas después de haberse presentado la denuncia, la Comisión decidió declarar fundada la denuncia interpuesta en contra del legislador y fue suspendido de su cargo por hasta 120 días con descuento de haberes. La Comisión estuvo presidida por la congresista Fabiola Morales Castillo.

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