Excongresista Karina Beteta es la nueva jefe de la Oficina de Participación Ciudadana

Fujimorista es recordada por integrar el Congreso fujimorista disuelto por Martín Vizcarra en el 2019.

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Karina Beteta regresa al Congreso
Karina Beteta regresa al Congreso gracias a la fujimorista Martha Moyano.

Tras la toma de mando de la nueva Mesa Directiva del Congreso se han efectuado controversiales cambios entre los que destaca el de la Oficina de Participación Ciudadana. En dicho sector se ha nombrado como jefa a la fujimorista Karina Beteta, excongresista que consiguió un escaño en el 2016, pero lo perdió tras la disolución del Parlamento por el expresidente Martín Vizcarra.

Pero el retorno de Beteta al Poder Legislativo ya se había consumado a mediados del 2020 tras la conformación de un nuevo Congreso. La fujimorista fue contratada como asesora 1 en la Comisión de Inteligencia, grupo de trabajo que era presidido por Martha Chávez. De acuerdo al presupuesto del Parlamento, esta recibiría una remuneración de S/ 9815. Una publicación de Perú 21 da cuenta de que no quiso explicar en qué consistía su trabajo.

Esta vez la designación de Beteta ha sido promovida por Martha Moyano, fujimorista que fue elegida como primera vicepresidenta del Congreso. “Se resuelve designar a la señora Karina Juliza Beteta Rubín en el cargo de confianza de jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, con el nivel remunerativo, las obligaciones, los derechos y beneficios que le son inherentes al cargo” se lee en el documento donde se oficializa su designación.

Karina Beteta perteneció al Congreso
Karina Beteta perteneció al Congreso disuelto en el 2019.

Pero Beteta no es la única de su familia quien ha tenido vínculos con el Estado. Su hermana, Irene Maribel Beteta Rubín, contrató con el Estado por S/ 56 mil, según un informe de Latina Noticias. La hermana de la entonces congresista habría realizado siete órdenes de servicios para la Policía Nacional del Perú, a pesar que la Ley de Contrataciones del Estado lo prohíbe.

“Mi familia jamás puede hacer una contratación que esté al marco de la ley. Si van a empezar a hacer una persecución, aquí estoy, nunca me he corrido y seguiremos enfrentándolo”, dijo en septiembre del 2019 la cuestionada congresista, tan solo semanas antes de que el Parlamento fuera disuelto.

Cuestionada designación

La nueva Mesa Directiva nombró a Milagros  Takayama, abogada y exparlamentaria de Fuerza Popular, como jefa del Fondo Editorial del Parlamento. a elección de la posición se habría dado por medio de un acuerdo generado después de la elección de Lady Camones, es así como el Fondo Editorial cambió de estar adscrito a la primera vicepresidenta para pasar al despacho de la tercera vicepresidencia.

Milagros Takayama, quién es la
Milagros Takayama, quién es la nueva jefa del Fondo Editorial del Congreso. Foto: Congreso de la República.

Milagros Takayama no cumpliría con el perfil para ocupar este puesto. Takayama será el reemplazo de Carlos Cabanillas, quien desde agosto del 2021 se venía desempeñando en el cargo. Cabe recordar que, el Fondo Editorial del Congreso de la República es un ente dependiente de la Oficialía Mayor, que se encarga de la edición, promoción y difusión de publicaciones de libros y revistas del Legislativo.

Takayama también fue congresista del Parlamento disuelto por Martín Vizcarra. Entre el 2017 y 2019 integró la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, desde donde se decidió blindar al exfiscal Pedro Chávarry de la denuncia por encubrimiento real y personal. Los fujimoristas a favor de este blindaje fueron: Luis Galarreta, Mario Mantilla, Milagros Takayama, Karina Beteta, Freddy Sarmiento y Milagros Salazar.

Durante la última campaña presidencial de Keiko Fujimori, Takayama se desempeñó como personera legal del partido que luego de culminar la segunda vuelta y dar por ganador al ahora presidente Pedro Castillo, se encargó de la impugnación de las actas electorales.

No obstante, se conoció que fue denunciada por el presunto delito contra el derecho de sufragio, porque habrían encontrado 27 vouchers que eran reutilizados en los expedientes de Fuerza Popular para la presentación de solicitud de anulación de actas.

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