Una red de abogados viene operando de manera ilícita en los exteriores del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) con la finalidad de anular las papeletas de tránsito interpuesta por la Policía Nacional del Perú. A través de un informe periodístico, se descubrió y se conoció cómo es que opera esta organización que pone la mirada de las autoridades en estos malos letrados.
Según detalló el Comercio, un grupo de personas se acerca a los conductores que hacen su cola en los exteriores del SAT y les explican que es posible impugnar cualquier infracción, dado que la ley permite a los infractores apelar y presentar descargos. Asimismo, recalcan que si pasan cuatro años desde la imposición de una papeleta, la sanción ya no se hace efectiva. Todo esto ocurre frente al personal de esta entidad y de la PNP.
Este “negocio”, revelado por el medio de comunicación mencionado, incrementaría su demanda durante los próximos días luego de este último lunes, fecha en la que comenzó la imposición de papeletas en Lima Metropolitana por exceder los nuevos límites de velocidad.
Según la normativa, los conductores no podrán superar los 30 km/h en calles y jirones, mientras que en las avenidas no se puede exceder los 50 km/h. En esa línea, cabe resaltar que las multas ascienden hasta los S/2.300.
El medio mencionado acudió nuevamente hasta las afueras del SAT de Lima y corroboró que los abogados han añadido a sus “servicios” el impugnar infracciones por no respetar los nuevos límites de velocidad. De este modo, el costo promedio es de S/40. Incluso, si hay dudas sobre el proceso, entregan una tarjeta con un número de WhatsApp para más información.
Impugnación de papeletas
El exjefe de la División de Investigaciones de Actividades de Tránsito de la PNP, Franklin Barreto, precisó que en el Perú una infracción de tránsito es de índole administrativa y se rige bajo la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta regula el derecho a la defensa, la cual permite usar recursos como apelaciones, impugnaciones, entre otros.
“Desde el momento que recibe la papeleta, cualquier infractor tiene la posibilidad de reclamar, tenga o no tenga razón. Lo que hacen los abogados es aprovechar las inconsistencias que tiene la norma legal. Han visto una forma de negocio, que en el fondo es válido”, detalló.
Por ejemplo, si el infractor recurre a la impugnación de su papeleta, deben pasar por lo menos 30 días en los cuales la autoridad competente tendrá que evaluarla. Al terminar el plazo, si la persona considera que su derecho no ha sido cautelado puede acudir al Poder Judicial. Con esto se busca dilatar el proceso lo más que se pueda.
“Los abogados tratan de sacarle la vuelta a la norma. La idea es presentar recursos para que transcurran los cuatro años y prescriban las infracciones. Al final, queda en nada”, comentó Barreto.
Para el especialista, el problema parte de que en el Perú superar la velocidad permitida en calles y avenidas está contemplado solo como una infracción y no como un delito, a diferencia de otros países del mundo.
“Una persona que supera la velocidad permitida en una vía está poniendo en riesgo la vida y salud de las personas. Se deberían incorporar al Código Penal los delitos contra la seguridad vial. El proceso ya no sería administrativo sino penal, mucho más rápido”, sostuvo.
En tanto, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, resaltó que ya han presentado un proyecto para que en caso de infracción de tránsito se empiece un procedimiento administrativo sumario. Es decir, que si el infractor apela la papeleta, este vaya al juzgado administrativo de tránsito y en audiencia única se resuelva el caso.
“Aún no existe este tipo de juzgado. El Poder Judicial no lo ha implementado hasta ahora. Con esto ya no habría millones de deudas en papeleta impagas”, refirió.
Finalmente, ambos expertos cuestionaron la manera en que se viene fiscalizando el cumplimiento de los nuevos límites de velocidad. Así, comentaron que esto se debe hacer a través de equipos electrónicos de forma permanente (pórticos y/o cámaras), y no con personal policial en algunos puntos de la ciudad.
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