Descubren red de abogados que ofrecen anular papeletas de tránsito por exceso de velocidad

Una red de abogados viene operando de manera ilícita en los exteriores del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) con la finalidad de anular las papeletas de tránsito interpuesta por la Policía Nacional del Perú. A través de un informe periodístico, se descubrió y se conoció cómo es que opera esta organización que pone la mirada de las autoridades en estos malos letrados.

Según detalló el Comercio, un grupo de personas se acerca a los conductores que hacen su cola en los exteriores del SAT y les explican que es posible impugnar cualquier infracción, dado que la ley permite a los infractores apelar y presentar descargos. Asimismo, recalcan que si pasan cuatro años desde la imposición de una papeleta, la sanción ya no se hace efectiva. Todo esto ocurre frente al personal de esta entidad y de la PNP.

Este “negocio”, revelado por el medio de comunicación mencionado, incrementaría su demanda durante los próximos días luego de este último lunes, fecha en la que comenzó la imposición de papeletas en Lima Metropolitana por exceder los nuevos límites de velocidad.

Según la normativa, los conductores no podrán superar los 30 km/h en calles y jirones, mientras que en las avenidas no se puede exceder los 50 km/h. En esa línea, cabe resaltar que las multas ascienden hasta los S/2.300.

El medio mencionado acudió nuevamente hasta las afueras del SAT de Lima y corroboró que los abo­gados han añadido a sus “servi­cios” el impugnar infracciones por no respetar los nuevos límites de velocidad. De este modo, el costo pro­medio es de S/40. Incluso, si hay dudas sobre el proceso, entregan una tarjeta con un número de WhatsApp para más información.

El exjefe de la División de Inves­tigaciones de Actividades de Tránsito de la PNP, Franklin Barreto, precisó que en el Perú una infracción de tránsito es de índole administrativa y se rige bajo la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta regula el derecho a la defensa, la cual permite usar recursos como apelaciones, impugnaciones, entre otros.

Por ejemplo, si el infractor recurre a la impugnación de su papeleta, deben pasar por lo menos 30 días en los cuales la autoridad competente tendrá que evaluarla. Al terminar el plazo, si la persona considera que su derecho no ha sido cautelado puede acudir al Poder Judicial. Con esto se busca dila­tar el proceso lo más que se pueda.

Para el especialista, el problema parte de que en el Perú superar la velocidad permitida en calles y avenidas está contemplado solo como una infracción y no como un delito, a diferencia de otros países del mundo.

En tanto, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, resaltó que ya han presen­tado un proyecto para que en caso de infracción de tránsito se empiece un procedimiento administrativo sumario. Es decir, que si el infractor apela la papeleta, este vaya al juzgado adminis­trativo de tránsito y en audien­cia única se resuelva el caso.

Finalmente, ambos expertos cuestionaron la manera en que se viene fiscalizando el cumpli­miento de los nuevos límites de velocidad. Así, comentaron que esto se debe hacer a través de equipos electrónicos de forma perma­nente (pórticos y/o cámaras), y no con personal policial en algunos puntos de la ciudad.

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