El Poder Judicial admitió el hábeas corpus presentado por la defensa legal del presidente Pedro Castillo con el que busca bloquear el acceso a Palacio de Gobierno de futuros ingresos, intervenciones y allanamientos, esto después de la intervención que se realizó hace unos días por la detención de la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes.
El documento fue presentado contra el juez Raúl Justiniano Romero, que autorizó la diligencia en Palacio, el fiscal Hans Aguirre y el coronel PNP Harvey Colchado. Además se pide la nulidad parcial de la resolución en el extremo que declaró “autorizar el allanamiento, registro de inmueble y el descerraje del predio”.
El hábeas corpus pide que “se ordene a los demandados y, en general, al Ministerio Público, Poder Judicial y Jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad - DIVIAC que se abstengan de volver a cometer el acto lesivo denunciado”.
Asimismo, “se invoca la vulneración de su derecho a la inviolavilidad de domicilio y a la motivación de las resoluciones judiciales amparados por el inciso 2 del artículo 9 e inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú”.
El Poder Judicial resolvió admitir la demanda de Pedro Castrillo e invoca a las Procuraduría Pública para que cumplan en un plazo de tres días de notificada la resolución, absolver la presente demanda.
Recurso contra filtración de información
De otro lado, el abogado del presidente de la República presentó una nueva tutela de derechos ante el Poder Judicial en el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas.
Para el letrado, “las investigaciones son reservadas. El juicio es público, la investigación no, y el proceso de colaboración mucho menos, así que lo que queremos hacer es que el juez ponga un límite a este festival de filtraciones que pensaba que había cesado, pero no es así”
Indicó que los datos, pruebas y elementos que se colocan dentro de un sobre lacrado, estas se guardan, se sellan y se rotulan, pero eso no ha ocurrido luego que varios programas de TV han tenido acceso a información privilegiada.
El abogado culpó al Ministerio Público, pues es la institución “responsable de que la reserva de la investigación se respete”.
En tanto, la cuñada de Pedro Castillo sigue cumpliendo detención preliminar de 10 días, plazo que se cumple este sábado 20 de agosto y según informaciones del Ministerio Público, se estima que en los próximos días presente el pedido de prisión preventiva en su contra y la de los empresarios Hugo y Anggi Espino, además del alcalde de Anguía, a quienes se les sindican como parte de una organización criminal para hacerse de obras en Chota de manera ilegal.
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