El presidente Pedro Castillo buscaría apartar al fiscal Hans Aguirre y al coronel de la Policía, Harvey Colchado, de la investigación que se le sigue a su cuñada Yenifer Paredes, quien cumple una detención preliminar por diez días en el marco de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias por el presunto direccionamiento de obras en la ciudad de Cajamarca.
Según el diario El Comercio, la defensa legal de Castillo presentó la demanda contra el juez Raúl Justiniano Romero y la procuraduría del Poder Judicial ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del magistrado Juan Fidel Torres Tasso. Como se recuerda, Aguirre y Colchado lideraron el allanamiento a Palacio de Gobierno hace una semana cuando buscaban a la hermana de Lilia Paredes.
Eduardo Pachas, abogado del presidente, indicó al citado medio que buscan con este recurso que la fiscalía y la policía respeten el marco jurídico y no transgredan un patrimonio histórico como lo es Palacio de Gobierno. Además, que deben implementar un procedimiento distinto cuando intente allanar la sede presidencial en el marco de las diligencias por los casos que se le sigue a Castillo.
El letrado informó que, si el Poder Judicial declara fundado su pedido, tanto el fiscal Aguirre como el coronel Colchado serían apartados de la pesquisa contra Yenifer Paredes.
Obstrucción a la justicia
El jueves pasado se reveló que el fiscal Hans Aguirre consignó en el acta de la diligencia realizada la semana pasada en Palacio de Gobierno que el presidente Pedro Castillo habría ordenado a funcionarios que no se autorice el ingreso de los fiscales y la policía para ejecutar la orden de detención contra su cuñada.
La diligencia realizada el martes pasado tuvo un retraso hasta por una hora y quince minutos. Esta demora fue porque Castillo dispuso que nadie entre a la residencia presidencial hasta que se hagan presentes sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas.
En el documento fiscal se indica que el equipo de fiscales y policías fue recibido por el mayor PNP Jaime Anaya Tantalean, quien les comunicó que quien debía autorizar su ingreso era el general EP José Mariscal Quiroz, jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno.
De otro lado, otros personajes también estuvieron en la diligencia: la abogada Belisa Malásquez Azaña, asesora de la Secretaría General de Presidencia, y el abogado Carlos Alberto Rodríguez Monzón, director de la Oficina de la Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.
Otro funcionario que apareció -de acuerdo con el citado documento- fue el comandante FAP Ángel Bravo Bonifas, quien les dijo a los policías y fiscales que el presidente Pedro Castillo estaba llegando a Palacio. El mandatario llegaría minutos después.
Bloqueo a filtraciones
De otro lado, Benji Espinoza, uno de los abogados del presidente Pedro Castillo, informó que presentó una nueva tutela de derechos ante el Poder Judicial en el caso ascensos en las Fuerzas Armadas que investiga la Fiscalía con el objetivo de que el juez ponga límite y no permita las filtraciones sobre nuevas revelaciones en el marco de esta investigación.
“Las investigaciones son reservadas, y cuando de por medio hay las declaraciones de un aspirante a colaborador, es ultra reservada. El juicio es público, la investigación no, y el proceso de colaboración mucho menos, así que lo que queremos hacer es que el juez ponga un límite a este festival de filtraciones que pensaba que había cesado, pero no es así”, señaló el lunes por la noche a RPP.
La defensa del jefe de Estado mencionó que, el último domingo, en el programa Panorama, el propio abogado de Bruno Pacheco, César Nakazaki, se mostró sorprendido por la filtración de una información de material lacrado, como pruebas, documentos y otros elementos clasificados.
“Son datos, pruebas y elementos que se colocan dentro de un sobre, que se guardan, se sellan y se rotulan. Se supone que nadie puede acceder a ellos. ¿Entonces de qué estamos hablando?”, cuestionó Benji Espinoza.
SEGUIR LEYENDO