El martes 9 de agosto la Fiscalía en compañía de la Diviac llegó a Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes, cuñada e hija no biológica de Pedro Castillo. Sin embargo, al darse con la sorpresa que no se encontraba en la residencia presidencial solicitaron acceder a las cámaras de seguridad de la casa de gobierno, pero este pedido se les fue negado. Si bien presentaron una solicitud al Poder Judicial, esta también ha sido negada.
El juez Raúl Justiniano Romero del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia rechazó la solicitud de Hans Aguirre, integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Este último recordó que las autoridades tenían conocimiento que la investigada se encontraba en Palacio de Gobierno por lo que solicitaron acceder a las cámaras al notar su ausencia.
Durante la diligencia, se les negó el pedido dado que el documento oficial no comprendía el acceso a estas fuentes de información. Los fiscales buscaban revisar el ingreso y salida del personal ubicado en la parte externa de la residencia e interior de los ambientes del despacho presidencial. Es así que se recurrió al juez para obtener dicha información, pero este resaltó que el pedido no aparecía en la resolución de allanamiento.
“Si bien es cierto que el allanamiento también comprendió la incautación de bienes vinculados a la presunta comisión del delito por lavado de activos y organización criminal, en el requerimiento fiscal ni en la citada resolución se autorizó recabar, confiscar o solicitar copia de grabaciones de las cámaras ubicadas en el predio materia de allanamiento, más aún cuando los hechos investigados no comprenden la fecha de realización del acto de allanamiento”, indicó el juez.
En otro párrafo, el juez alude a que el “Ministerio Público ha tenido el tiempo necesario y suficiente para formular su pedido a la instancia competente”. Es así que se procedió a declarar improcedente la solicitud de incautación de los videos de las cámaras de seguridad pertenecientes a la residencia presidencial y de Palacio de Gobierno.
Respalda al Ejecutivo
La decisión del juez ha oficializado una postura anunciada por el Poder Ejecutivo desde que se solicitó el acceso a las cámaras de seguridad. Cabe recordar que el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, calificó de capricho el que se busque conocer quiénes ingresaron a la residencia y Palacio de Gobierno. Además, recalcó que se podrían comprometer secretos de Estado.
“Es una especulación porque Palacio de Gobierno es el recinto donde se tienen secretos de Estado, no por cualquier capricho se van a entregar cámaras para ver cómo es que se resuelven las políticas públicas y secretos de Estado”, dijo el ministro en conversación con los medios de comunicación.
Asimismo, Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, usó el argumento de posible acceso a secretos de Estado si se otorga los registros de las cámaras de seguridad. “No estamos hablando de la casa de cualquier persona, hablamos de Palacio de Gobierno y en Palacio hay secretos de Estado. No es que los fiscales tengan derecho a conocer. Si lo hacen, cometen delito grave y pueden acabar destituidos”, dijo el letrado para canal N.
Espinoza indicó que se brindó las facilidades al equipo de fiscales durante la diligencia, aunque estos tuvieron que esperar más de una hora en la puerta de la residencia pues no les había permitido ingresar hasta la presencia de la defensa legal de la investigada.
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