Las denuncias, polémicas y condenas que pesan sobre los integrantes del Congreso de la República

La alta desaprobación de la ciudadanía hacia el Congreso muestra la situación que atraviesa la política peruana. De acuerdo a una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 85% de la población desaprueba la actual gestión del Poder Legislativo. Durante este primer año de gobierno, los parlamentarios se han visto inmersos en una serie de investigaciones, denuncias y polémicos actos que han generado el rechazo de los peruanos.

A inicios del presente año, el Centro Liber accedió, mediante una solicitud de acceso a la información pública, archivos de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, los cuales revelan que actualmente 16 congresistas son investigados por actos de corrupción. Pero eso no es todo. En los próximos meses, más denuncias que involucran a los congresistas en distintos delitos saldrían a luz.

El pasado 27 de julio, una trabajadora del Congreso denunció a Freddy Díaz, exintegrante de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), de violación sexual mientras laboraba. Pese a ello, hasta esta semana el parlamentario continuaba laborando desde su despacho donde fue el presunto escenario de la violación. Aunque la víctima ha asegurado que no dio su consentimiento para tener relaciones sexuales, la defensa legal del legislador niega que se trató de una violación.

“Nosotros creemos no del todo que miente, sino que ella podría estar confundida porque ella en ningún momento dice que la violaron, ella dice que no recuerda lo que pasó. Ella podría estar confundida, ella estuvo bebiendo, el congresista también estuvo bebiendo”, indicó la abogada Katty Cachay a RPP Noticias.

Actualmente el congresista se encuentra investigado por la Fiscalía Suprema Penal por el presunto delito de violación sexual. Aunque se desestimó el pedido de detención preventiva de parte del Poder Judicial, este ordenó el impedimento de salida por 9 meses contra el legislador.

El congresista fue denunciado por su esposa e hija por violencia familiar. De acuerdo a un expediente del Poder Judicial difundido por la periodista Jacqueline Fowks, las víctimas del legislador denunciaron a Héctor Valer por agresión física el 21 de octubre de 2016.

Asimismo, un informe de Wayla reveló que el parlamentario se encuentra en una investigación en etapa preparatoria de parte de la Fiscalía Anticorrupción de Ucayali por el supuesto comisión del delito de peculado. El medio informó que la denuncia detalla que el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Antonio Marino Panduro, fue ofrecida por Valer, irregularmente, la administración de camal municipal a la empresa COINCAR.

En el 2018, el exprimer ministro también fue denunciado por peculado en una fiscalía penal. Además, de acuerdo al Ministerio Público, el legislador acumula otras dos denuncias por falsedad genérica (2016) y robo simple (2013) en Lima.

La expresidenta de la Mesa Directiva ha protagonizado más de un inconveniente en el Congreso de la República. En julio, el portal El Foco dio a conocer que María del Carmen Alva contrató a una asesora que cobraba el sueldo como trabajadora del Parlamento, pero en horario de oficina se dedicaba a laborar en su empresa de consultoría política.

No es la primera vez que cuestionan a la abogada por sus contrataciones. Anteriormente, el mismo medio informó que contrató a un hombre dedicado al rubro de la moda como uno de sus asesores técnicos. Sin embargo, ella refutó que su amigo de la universidad cumplía con los requisitos para desenvolverse como técnico en su despacho. El “hombre de alta costura” recibía una remuneración económica mayor a S/ 6.000.

No obstante, los cuestionamientos de la extitular del Congreso de la República no están orientadas únicamente a sus contrataciones, sino también a sus actitudes con el resto de funcionarios. Uno de ellos fue es desplante que le hizo al expresidente Francisco Sagasti cuando no lo dejó ingresar al Palacio Legislativo para entregar la banda presidencial. El exmandatario, al percatarse, de ello tuvo que entregar la banda a un efectivo en la puerta del Parlamento.

Otro momento incómodo que vivió la exlíder de la Mesa Directiva fue cuando el presidente Pedro Castillo visitó la sede del Parlamento para reunirse con ella. Cuando ambos salieron al patio del Congreso, el profesor de Chota le extendió el codo para despedirse, pero esta lo rechazó. El gesto fue arduamente criticado en medios de comunicación y redes sociales. A raíz de ello, fue bautizada como “malcricarmen”.

Uno de las situaciones más criticadas y rechazadas por la población peruana fue la agresión que sufrió la congresista Isabel Cortez de parte de María del Carmen Alva. El 12 de agosto, los congresistas se encontraban el hemiciclo cuando ambas legisladoras comenzaron a discutir.

Todo se salió de control cuando la accionpopulista cogió del brazo a la izquierdista y jaloneó de ella. Diversas instituciones y figuras públicas se mostraron en contra de esta actitud, incluso, lo calificaron como un acto de racismo y discriminación.

A finales de 2021, una mujer denunció en el dominical Panorama que el congresista de Fuerza Popular, Luis Gustavo Cordero Jon Tay, la agredió física y verbalmente. “Me pateó en la garganta, una patada más fuerte me pudo haber roto la traquea”, dijo. Según el programa, la denuncia policial fue presentada el 4 de enero de 2014.

Durante el proceso legal, el parlamentario no acudió a ninguna citación, de acuerdo a las declaraciones de la víctima. También agregó que estos actos de violencia estuvieron acompañados de acosos. Incluso, el legislador habría difundido un video íntimo en una página de contenido pornográfico. “Eso llegó a todo mi entorno familiar y laboral”, aseguró.

La denuncia fue derivada a la Comisión de Ética del Congreso de la República, sin embargo, esta decidió blindar al parlamentario. Con 5 votos en contra y 6 abstenciones, optaron por no investigar al fujimorista.

Desde el 2016, el izquierdista cuenta con una investigación abierta por la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Huancayo por el supuesto delito de lavado de activos junto a sus hermanos Vladimir y Elías Cerrón, según Convoca.

El medio informó que el Ministerio Público detalló que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se habría beneficiado económicamente de la minera Chinalco, en Junín, para tener una licencia social. De acuerdo al portal, la hipótesis de la Fiscalía es que Waldemar Cerrón sería uno de los testaferros.

Además, el diario La República indicó que fuentes de la Procuraduría Anticorrupción aseguraron que el perulibrista cuenta con una investigación adicional por el aparente delito de peculado en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

En septiembre de 2021, el congresista Jorge Luis Flores Ancachi intentó sobornar al periodista Liubomir Fernández para obtener a cambio una entrevista. El hombre de prensa del diario La República afirmó que el legislador intentó humillar su rol como comunicador al ofrecerle dinero.

“¿Con quién crees que estás tú para que quieras darme dinero? Jorge Luis, yo te acepto lo que tú quieras, pero eso no. Es que no puedes pretender darme dinero. Eso no hace (…) Esto no lo he hecho antes ni nunca”, le encaró Fernández al parlamentario.

Meses más tarde, el congresista fue expulsado del partido Fuerza Popular por estar vinculado al grupo “Los Niños” y fue incluido en una investigación de la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado tras las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López.

De acuerdo al diario Correo, Idelso Manuel García Correa enfrentó una denuncia por el presunto delito de peculado doloso, incumplimiento de funciones y otros delitos. La acusación fue planteada por el alcalde de Lalaquiz, Antonio Huamán Huamán. Sin embargo, esta fue desestimada por el fiscal Martín Rijalba, de la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba.

La deportista postuló a los 24 años al cargo de presidenta de la Federación Peruana de Voley y fue elegida para ocupar este trabajo para el período 2017-2018. No obstante, a pocos días de haber inaugurado su nuevo cargo, la joven enfrentó un proceso de destitución, según el diario La República.

El medio informó que el demandante fue Augusto Bravo Villarán, quien argumenta que la actual congresista no cumplía con los requisitos para ocupar tal cargo, no presentó la constancia de estudios superiores y tampoco contaba con la condición de deportista destacada como mostró en su candidatura.

Este caso llegó al Consejo Superior de Justicia Deportiva del Instituto Peruano del Deporte (IPD), donde confirmaron que se registraron irregularidades contra las normas establecidas. A raíz de ello, Diana Carolina fue inhabilitada para ejercer cargos dirigenciales por tres años.

Además, la congresista cuenta con cuatro denuncias por peculado, cohecho pasivo propio, malversación y concusión en agravio de la Federación Peruana de Voley y la Municipalidad de Viñac. De ellas, dos casos se encuentran en una investigación formalizada en el Poder Judicial en estado de diligencia preliminar y otra en investigación preliminar. Los dos procesos mencionados pertenecen al Ministerio Público.

El actual funcionario público fue sentenciado por el Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia del distrito de Mariano Melgar, en Arequipa, por conducir en estado de ebriedad. En el proceso legal, el abogado aceptó su responsabilidad en el delito de peligro común en agravio de la sociedad. La condena consistió en un año de reserva de fallo condenatorio y el cumplimiento de determinadas reglas de conducta.

Por otro lado, en el año 2018, el parlamentario se encadenó a Palacio de Gobierno para, supuestamente, exigir un mejor presupuesto para su distrito. Pero eso no es todo. En el 2019, el exalcalde fue sentenciado por el nombramiento ilegal del cargo.

Tras postular al Congreso por la región de Arequipa, una investigación de Convoca reveló que el accionpopulista contaba con dos jóvenes que trabajaban de forma irregular en su despacho. Según el portal, los ciudadanos asistían a las oficinas de Martínez y Elvis Vergara de forma “ad honorem”. En otras palabras, sin una remuneración económica ni un contrato laboral.

El médico de profesión y ahora parlamentario fue condenado a prisión suspendida en el año 2017 por incumplimiento de deberes funcionales. En la actualidad, el miembro de APP cursa una investigación por corrupción y lavado de activos provenientes del narcotráfico, de acuerdo a un informe de Ojo Público. Asimismo, el reportaje informó que Picón omitió una serie de acciones y propiedades en su hoja de vida.

Al especialista en salud también se le acusó de usar al Club Social Deportivo León de Huánuco cuando fue presidente para fines políticos. Por ello, fue condenado en el mismo año a una pena de 11 meses de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 2.000 soles por omisión de actos funcionales en agravio del Gobierno Regional de Huánuco por no haber transferido el cargo.

Además, el integrante de la bancada de APP cuenta con 12 carpetas de investigación por el presunto delito de colusión y negociación incompatible.

El legislador fue elegido para ocupar el cargo de tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, pero renunció a este rol tras justificar la presunta violación del congresista Freddy Díaz a una trabajadora de su despacho. “Creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”, mencionó.

Estas declaraciones generaron un fuerte rechazo hacia el parlamentario por el corte machista de la expresión, lo cual lo llevó a dejar el cargo de vicepresidente. Pero esto no quita que cuente con un largo historial de denuncias y procesos en su contra.

En 2014, el congresista fue inhabilitado por tres años para contratar con el Estado tras identificarse que presentó documentación falsa o inexacta para ganar la supervisión de una obra en Sullana. Elera también recibió la solicitud de 12 años de prisión de parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura por el presunto delito de colusión agravada al participar de la supervisión de una obra de saneamiento en el distrito de La Unión.

El parlamentario cursa hasta cuatro carpetas de investigación por el aparente delito de corrupción. De ellos, uno se encuentra en la etapa de juicio oral de parte del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas. Elera es acusado de cometer el presunto delito de colusión agravada, en agravio de la municipalidad distrital de Pacaipampa.

El fujimorista integró la Comisión de Ética Parlamentaria a inicios del año 2021. Sin embargo, se trata de un funcionario investigado por colusión. Según Perú Press, en el 2015 Morante se desarrollaba como director del Organismo Público de Infraestructura para la Productividad (OPIP) del gobierno regional de Loreto cuando habría actuado a favor de la empresa China International Water & Electric Corp.

Perú Press informó que el presupuesto inicial de la obra fue S/ 472 millones, pero, al final, tuvo un costo de S/ 737 millones. Por este motivo, la Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de colusión y negociación incompatible.

Esta situación se repitió en el año 2017, cuando Morante se presentó como abogado de Juan Carlos del Aguila, también congresista fujimorista en ese entonces, por una obra de Odebrecht. Al inicio, el presupuesto inicial establecido era S/ 112 millones, pero culminó con S/ 121 millones.

El congresista fue elegido por la región Puno con el grupo parlamentario Acción Popular. Según el diario La República, Zeballos está investigado por mentir en la hoja de vida presentada por el candidato en las elecciones congresales extraordinarias de 2020. El proceso legal fue abierto por el supuesto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la congresista fujimorista omitió en su hoja de vida presentada ante el Jurado nacional de Elecciones (JNE) que cursa una investigación de la Fiscalía Provincial Especializada en Lavado de Activos en Áncash.

El empresario fue duramente cuestionado por su intención de intervenir en la contrarreforma universitaria desde su rol de congresista. El parlamentario era dueño de la universidad Telesup, la cual no obtuvo el licenciamiento de Sunedu para que continúe operando porque no contaba con los estándares mínimos de calidad.

Sin embargo, su imagen no solo se ha visto perjudicada por su presencia en el sector educativo, sino que Luna Gálvez está investigado por el Ministerio Público por presuntamente integrar una organización criminal que habría influido en la Consejo Nacional de la Magistratura para favorecer a Adolfo Castillo en las elecciones para jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en 2017. El proceso legal está a cargo de la Sala de Apelaciones Anticorrupción.

El legislador estuvo cumpliendo arresto domiciliario hasta julio del año pasado que el Poder Judicial anuló esta medida. Al legislador también se le imputa el delito de cohecho activo por supuestamente haberse registrado irregularidades en la inscripción de su partido Podemos Perú.

La congresista se desarrolló como regidora de la Municipalidad distrital La Esperanza, en Trujillo. La Contraloría indica que Ruíz Rodríguez, mientras ocupaba este cargo, aprobó irregularmente el incremento de la remuneración del alcalde y otros funcionarios, lo cual generó afectó económicamente al gobierno local por un monto mayor a 114 mil soles. Tras ello, la política cursa una investigación por el Ministerio Público por aparentes actos de corrupción.

El miembro de la bancada de César Acuña enfrenta hasta tres carpetas de investigaciones fiscales, de acuerdo al diario La República. En todos los casos en los cuales está implicado el legislador corresponden a su desempeño como gerente general del Gobierno Regional de Madre De Dios.

El también exministro de Agricultura fue dos veces acusado de homicidio y hasta estuvo en condición de reo contumaz, de acuerdo al programa Panorama. El medio informó que Óscar Zea estuvo preso en dos períodos distintos tras ser acusado de homicidio calificado contra Edwin Richard Parisuaña Quispe y Paulino Zeballos Huacasi, pero en ambos casos fue absuelto.

En el caso de Edwin Richard Parisuaña, este falleció el martes 7 de junio de 2005 cuando se encontraba tomando en un bar con un amigo, hasta que habría recibido el llamado del actual congresista para cobrar una deuda económica. Ambos se reunieron en un establecimiento junto a otros amigos, hasta que fueron desalojados del lugar a las 22:30 horas. A la mañana siguiente, el cuerpo de Prisuaña fue encontrado en los rieles del tren.

Las investigaciones evidenciaron que se encontraron prendas manchadas con sangre que pertenecerían a Óscar Zea, pero la prueba de ADN nunca se llevó a cabo porque la ropa quedó en las oficinas del Ministerio Público.

El Ministerio Público presentó en 2020 una denuncia en contra de la educadora por, aparentemente, no haber cumplido con la entrega de material educativo cuando trabajaba como directoria de primaria en el Ministerio de Educación en 2014.

“La dirección de Educación Primaria tenía que distribuir materiales de educación y se firmó un contrato con un consorcio para que iniciara al día siguiente de suscrito. Pero cuando se suscribe, esa cláusula es cambiada y establece que debe empezar con un acta de inicio. Lo grave es que esta acta de inicio se suscribió después de 180 días posteriores”, mencionó el fiscal Néstor Rivera a Canal N en dicho año.

A raíz de ello, la entidad solicitó 4 años y 8 meses de prisión preventiva contra de la exministra de Educación. El Ministerio Público denunció a la actual congresista por el presunto delito de negociación incompatible.

La empresaria y colaboradora eficaz Karelim López reveló que seis congresistas del partido Acción Popular forman parte el presunto delito de tráfico de influencias agravado. Los parlamentarios investigados son Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López. De acuerdo a la lobista, ellos son denominados por Bruno Pacheco y Pedro Castillo como “Los niños” debido a que “obedecen todo”.

Por ello, el 6 de mayo el fiscal Sánchez abrió una indagación preliminar por el supuesto delito de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado contra el exministro Juan Silva y los acusados. Tras ello, el Poder Judicial ordenó el impedimento de salida de los legisladores.

SEGUIR LEYENDO