Jorge Montoya insiste en inhabilitar primero a Dina Boluarte para luego ir por la vacancia de Pedro Castillo

El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) insistió en que se resuelva primero la acusación constitucional que busca inhabilitar a la vicepresidenta Dina Boluarte por infracción a la Carta Magna para luego ir por la vacancia del mandatario Pedro Castillo.

“El tema con el presidente es que tenemos argumentos de sobra para presentar una moción de vacancia, pero la lógica de las separaciones es que se tiene que empezar por la vicepresidenta, por la señora Boluarte”, manifestó en diálogo con RPP Noticias.

El vocero de Renovación insistió en que deben terminar con el caso Boluarte. “Hay que terminar el caso Boluarte para luego seguir con el presidente, sino qué pasaría, sacamos al presidente y nos quedamos con la vicepresidenta del presidente que es lo mismo, no cambiamos nada y eso nos tomaría hasta el fin del gobierno, sería dificilísimo sacarla”, añadió.

De otro lado, Montoya reveló que van a proponer a la exfiscal Gladys Echaíz sea la ponente de la acusación constitucional contra Boluarte a pesar de que el congresista Edgar Reymundo (Juntos por el Perú) ya está a cargo del tema por decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Hay que mencionar que la Comisión Permanente del Congreso de la República declaró procedente la denuncia constitucional contra la vicepresidenta por una posible infracción constitucional porque, supuestamente, realizaba labores como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya ostentaba el cargo público.

Según un reportaje de Epicentro TV, la vicepresidenta firmó como representante legal del Club Departamental Apurímac en el 2022, cuando ya ejercía como ministra. La prueba sería expediente administrativo que el citado medio obtuvo de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima, el cual señala que el mencionado club quería recuperar su licencia de funcionamiento, luego de que esta fue revocada en el 2019 por quejas de los vecinos.

Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, se defendió de los ataques que ha venido recibiendo y aseguró que ella no es una funcionaria corrupta y que está presta a responder todos los cuestionamientos a fin de demostrar su inocencia. Sostuvo que cuando se presente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dirá su verdad a fin de esclarecer los hechos que la señalan.

“En su oportunidad, cuando la Subcomisión de Constitución me notifique para poder apersonarme al Congreso, gustosamente estaré allí y respondiendo con la verdad sobre aquellos malos entendidos que hasta ahora se vienen diciendo”, indicó la funcionaria. “Dina Boluarte no es corrupta, no le ha robado un solo sol al país, sigue trabajando por el Perú, y ese es mi objetivo, ese es mi propósito de no parar”, añadió.

En paralelo al proceso, la defensa legal de Dina Boluarte presentó un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que solicite al Estado peruano a que suspenda este proceso que es llevado a cabo por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República.

En su escrito ante la instancia internacional, la vicepresidente sostiene que el proceso de la SAC tiene que quedar sin efecto porque se transgredió con sus acciones los artículos 38 y 126 de la Constitución, y por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y aprovechamiento indebido del cargo.

Alberto Otárola, abogado de Boluarte, también ha solicitado medidas cautelares y denunció al Congreso ante la CIDH en junio pasado. En esa línea, el recordado exministro de Defensa del expresidente Ollanta Humala sostiene que la oposición parlamentaria intenta “hacerse con el poder y revertir la derrota” que sufrió en las urnas en las elecciones presidenciales pasadas.

Otro argumento que Otárola también apunta es que se busca forzar la destitución e inhabilitación de Boluarte mediante el uso indebido de informes administrativos. Por ello, reveló que el informe de la Contraloría fue enviado en su totalidad al Parlamento, en cambio a la vicepresidenta solo le habría llegado tres paginas.

Por lo pronto, la CIDH ya tuvo una primera movida en el pedido de Boluarte al solicitar al Estado peruano a que le remita toda la información que considere oportuna sobre este caso. El pedido se realizó el pasado 30 de junio mediante un oficio enviado al entonces canciller César Landa.