Presentan nueva acusación constitucional contra el congresista Freddy Díaz

La situación del congresista Freddy Díaz se complicaría más. Ayer, un grupo de parlamentarios presentó una nueva denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con el objetivo que sea desaforado para que responda por la grave investigación por presunta violación sexual contra una trabajadora de su despacho.

A través de sus redes sociales, la parlamentaria Flor Pablo (Integridad y Desarrollo) anunció este recurso contra Díaz Monago. Sin embargo, a ella se le unió también Edward Málaga (no agrupado), Flor Pablo (Integridad y Desarrollo), Susel Paredes (Integridad y Desarrollo), Kira Alcarraz (Somos Perú), Adriana Tudela (Avanza País) y Ruth Luque (Cambio Democrático).

“Solicitamos se declare procedente la presente denuncia constitucional, y se formule la acusación constitucional por infracción de los artículos 39 y los artículos 1; 2,1; y, 2,24 h) de la Constitución contra el congresista de la república, Freddy Diaz Monago y pueda determinarse su inhabilitación por 10 años de la función pública, sin perjuicio de sus demás responsabilidades penales y éticas”, se lee en la denuncia.

Hay que precisar que es la segunda denuncia constitucional contra el congresista Díaz. Hace una semana, la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País) también presentó una acusación contra su colega y exigió que sea inhabilitado por diez años de la función pública.

Mientras el congresista Díaz es denunciado en el Parlamento, aprovecha la situación para cesar a su principal acusadora. La Comisión de Ética del Congreso reveló que el exintegrante de la bancada de Alianza para el Progreso solicitó a Recursos Humanos del Parlamento el cese de quien lo había denunciado por violación sexual. Habría hecho el pedido el mismo día que se puso a disposición de la fiscalía, según un informe del grupo de trabajo a cargo de su caso.

Una publicación del diario La República señala que la presunta víctima ha sido retirada del despacho del congresista Díaz y se espera que pronto pueda firmar un nuevo contrato a fin de que siga laborando en el Legislativo. Si bien se trata de una medida que busca proteger su integridad, hasta el momento el parlamentario acusado continúa asistiendo a las instalaciones del Congreso y trabajando desde ahí.

Un informe de la Secretaría técnica de la Comisión de Ética da cuenta que tras entregar su pasaporte diplomático a la fiscalía, Freddy Díaz “procedió a cesar a su víctima, retirándole su confianza, lo que demostraría una acción de represalia hacia ella por haberlo denunciado. Asimismo, el texto señala que existen indicios suficientes para señalar que el parlamentario “estaría infringiendo la ética parlamentaria”.

A fin de que el congresista pueda ser rápidamente procesado, la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, instó a Rosio Torres, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso y titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que se priorice la denuncia contra el parlamentario acusado de violar a una de sus trabajadoras en su despacho.

Paredes también señaló que si bien Ética puede recomendar la suspensión por 120 días del parlamentario acusado, la Subcomisión a la que pertenece Torres podría recomendar su desafuero. “Todo se ha concentrado en la Comisión de Ética, y nosotros tomamos el tema por oficio; pero hay otros caminos como para poder agilizar el proceso”, agregó.

El ahora congresista no agrupado Freddy Díaz continúa laborando desde el despacho donde habría violado a su trabajadora. Una publicación del diario El Comercio muestra que entre los primeros días de este mes, Díaz se reunió con su hermano y otras tres personas en las instalaciones del Parlamento en el jirón Azángaro.