Pedro Castillo, el séptimo presidente de Perú implicado en actos de corrupción

Expresidentes de Perú investigados por corrupción son muchos pero, exactamente durante los últimos 30 años, esto se ha vuelto un fenómeno continuo. Los peruanos han presenciado un continuo desfile de sus últimos siete presidentes de la República hacia los interrogatorios de los principales órganos de justicia por presuntos actos de diversos delitos que envuelven a los exmandatarios. La corrupción ha estado incrustada en el país desde que este se inició como República. Sin embargo, desde la instauración del régimen de Alberto Fujimori y su polémico asesor Vladimiro Montesinos, todos los siguientes políticos que han ocupado Palacio de Gobierno se han visto inmersos en investigaciones por obtener beneficios económicos durante su período presidencial. En el caso de Pedro Castillo, el jefe de Estado cursa su quinto proceso de investigación en un año de gobierno. Dentro de todos los delitos que se le acusa se encuentra el de liderar una organización criminal.

“Este es un período excepcional para Perú. Es primera vez en la historia del país en el que vemos que una serie continua de presidentes de la República están siendo investigados por casos de corrupción con excepción de los mandatarios de transición como Valentín Paniagua y Francisco Sagasti. Esto no se ha visto antes y lo que hace que este período sea más dramático, que tenga más peso, es que este es el momento democrático más largo que hemos tenido en la historia y coincide con estos actos de corrupción”, mencionó a Infobae el historiador José Ragas.

De acuerdo al docente de la Universidad Católica de Chile, este panorama no solo ha desencadenado consecuencias legales en los principales políticos del país, también se han registrado episodios fatales. “Estos actos ha significado la extradición, como en el caso de Alejandro Toledo, darles arrestos domiciliarios, como con Pedro Pablo Kuczynski, o que otros presidentes se hayan quitado la vida por evitar la cárcel o las investigaciones, como lo hizo Alan García”, agregó.

El gobierno del exmandatario fue el principio de una serie de actos de corrupción, esterilizaciones forzadas, crímenes de lesa humanidad, desapariciones, sobornos y otros delitos que le fueron imputados al líder de Cambio 90 y que hoy purga prisión en el centro penitenciario de la Diroes.

La primera sentencia en contra del expresidente se dictó por el delito de usurpación de funciones. Se trató de una condena de 6 años de prisión efectiva a causan del allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos.

En el 2009, la Corte Suprema de Justicia también condenó a Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por el caso de La Cantuta y Barrios Altos, considerados como crímenes de lesa humanidad para la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El político también fue sentenciado a 7 años y 6 meses de prisión por apropiarse de 15 millones de dólares de arcas del tesoro público para transferírselas a su entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Asimismo, fue condenado a 6 años de restricción de la libertad por actos de corrupción por delitos contra la administración pública mediante espionaje telefónico, sobornos a medios de comunicación y compra de congresistas.

Fujimori se encuentra cumpliendo su pena privativa de la libertad en el penal de Barbadillo. Recientemente presentó una acción legal ante el Tribunal Constitucional de Perú para salir en libertad. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de esta medida del TC e invalidó tal disposición que dictaba su libertad.

Una de las características en común de todos los gobernantes peruanos que fueron elegidos a partir del año 2000 es que la mayoría de ellos están involucrados con el empresario brasilero Odebrecht, quien se dedica al rubro de construcción. Uno de los primeros presidentes involucrados en con esta personalidad fue Alejandro Toledo.

Según indicó a la Fiscalía Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el país, la empresa constructora le pagó un total de 31 millones de dólares a Alejandro Toledo para la construcción de la obra de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur que une el sur de Perú con Brasil.

Además, años más tarde se dio a conocer el caso Ecoteva, donde se descubrió que Eva Fernenbug, suegra del expresidente, compró una casa y una oficina en Lima por un monto de 5 millones de dólares con el dinero de la empresa costarricense Ecoteva, cuyos fondos provendrían de los presuntos sobortos de Odebrecht.

Actualmente Toledo se encuentra en Estados Unidos esperando por su extradición después de haber alegado ante los tribunales americanos para no regresar a Perú ni responder por los aparentes sobornos que recibió durante su mandato.

Durante su segundo gobierno como presidente de la República, el abogado aprista fue acusado por el Equipo Especial para el Caso Lava Jato de encabezar una organización criminal que actuaba a favor de la empresa Odebrecht en la adjudicación de las obras Metro de Lima y la Carretera Interoceánica Sur. El equipo de fiscales acusó a García de lavado de activos, cohecho y colusión agravada a favor de la constructora.

La Fiscalía emitió una resolución judicial que ordenó la detención preliminar del expresidente donde señala que el docente universitario pertenecía a “una organización criminal que estando en ejercicio del poder, entre los años 2006 al 2011, buscó favorecer a un grupo de empresas brasileñas y peruanas vinculadas a estas, para hacerse de importantes obras de infraestructuras del país”. Sin embargo, cuando el equipo del Ministerio Público acudió al domicilio de García, este se quitó la vida.

De acuerdo a las fuentes policiales, el exlíder aprista se disparó en la mañana del 17 de abril de 2019 cuando la Fiscalía acudió a su domicilio para cumplir con su detención. Horas más tardes de esta intervención, los medios de comunicación informaron que el letrado fue trasladado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa tras haber recibido una bala en la cabeza. Poco después se dio a conocer su fallecimiento.

“Son momentos difíciles en los que siento mucha tristeza, pero me acompañan la dignidad y las lecciones de vida que me dio. Lo despido muy orgullosa de ser la hija de Alan. La verdad se abrirá paso”, escribió su hija Carla García en su cuenta de Twitter.

Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron, durante su gestión, una pareja muy controversial. La exprimera dama participó activamente en el período presidencial de Humala Tasso. Incluso, según las investigaciones realizadas, la comunicadora se encuentra implicada en los supuestos sobornos que recibió su esposo cuando trabajó como jefe de Estado.

Según el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, el ex jefe de Estado Ollanta Humala y Nadine Heredia recibieron dinero ilícito de parte del gobierno de Venezuela para financiar su campaña presidencial en 2006. Durante esta contienda electoral, la exprimera dama Nadine Heredia recibió beneficios económicos de la empresa de Martín Belaunde y Arturo Belaunde por presuntas consultorías, de acuerdo a investigaciones de la Fiscalía.

Asimismo, para la campaña presidencial del año 2011, el fiscal Juárez afirmó que Humala se vio beneficiado con el financiamiento de parte de la empresa Odebrecht por un total de tres millones de dólares. Jorge Barata mencionó que el dinero fue entregado en efectivo a la esposa del exmilitar en un departamento de Miraflores.

En 2017, el Ministerio Público ordenó la detención preliminar de la pareja durante 18 meses por los aparentes aportes de Odebrecht a su campaña presidencial. A ambos se les acusa de lavado de activos en agravio del Estado y asociación ilícita. No obstante, un fallo judicial dictó su libertad después de nueve meses de permanecer en prisión.

PPK es otro de los presidentes investigados que está vinculado con la constructora Odebrecht. Pese a su avanzada edad, la Fiscalía ordenó su detención domiciliaria por presunto lavado de activos. Sin embargo, la Corte Superior Nacional informó que varió la medida por comparecencia con restricciones.

Según el equipo de fiscales del Ministerio Público a cargo de los implicados en el caso Lava Jato, el expresidente habría recibido pagos de parte de Odebrecht para favorecer a sus empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise. Las investigaciones de la Fiscalía precisaron que estos beneficios económicos se habrían otorgado a PPK cuando se desarrollaba como presidente del Consejo de Ministros, titular del Ministerio de Economía y Finanzas en el gobierno de Alejandro Toledo.

La difusión de estos aparentes actos de corrupción fueron los detonantes para que el Congreso de la República solicitara la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente en contra del expresidente cuando este se encontraba desarrollando su mandato. No obstante, PPK se adelantó a esta medida y presentó su renuncia.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado y se me hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, pienso que lo mejor es que renuncie”, dijo el economista mediante un mensaje televisivo.

A raíz de la renuncia de PPK, la sucesión presidencial ordenó la toma de mando del primer vicepresidente: Martín Vizcarra. El ingeniero moqueguano tomó el mando en 2018, sin embargo, a solo dos años de su mandato fue vacado por el Congreso de la República por presuntas irregularidades en su gestión como gobernador regional.

El ex jefe de Estado fue involucrado en el caso “El Club de la construcción” tras ser acusado de recibir sobornos cuando trabajó como gobernador en Moquegua en los años 2013 y 2014. En un inicio, el “Club” estaba integrado por determinadas empresas dedicadas a construcción las cuales ofrecían entre el 1% y 3% del valor total de los contratos a los funcionarios que otorguen las adjunciones.

Esta situación fue tratada nuevamente en el Parlamento peruano, el cual calificó de “inmoral” al entonces presidente, lo cual fue utilizado por los legisladores para presentar y aprobar una moción de vacancia en su contra.

Pero eso no fue todo. A inicios del 2021, la Fiscalía de la Nación decidió investigar al expresidente Martín Vizcarra por el caso de las vacunaciones irregulares a funcionarios públicos durante su gobierno. En el caso conocido como “Vacunagate” también estuvieron implicadas la exministra de Salud, Pilar Mazzeti, y la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, además de otras 50 personas que participaron del presunto estudio en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El Ministerio Público acusó al exmandatario de los presuntos delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.

La llegada de Castillo Terrones a la presidencia de la República fue un proceso lleno de obstáculos, escándalos y demás procesos políticos. El supuesto fraude electoral fue una de las problemáticas que tuvo que enfrentar el presidente a inicios de su gestión en 2021. Sin embargo, este no fue el problema mayor. Cinco investigaciones de parte de la Fiscalía llegarían al profesor de Chota antes de cumplir un año como mandatario.

A finales de 2021, la Fiscalía de la Nación abrió la primera investigación en contra del profesor por las irregularidades encontradas en los ascensos de las Fuerzas Armadas. En el caso estuvieron implicados el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala y el secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

Luego, la fiscal Patricia Benavides retomó investigación en contra de Pedro Castillo por el caso Puente Tarata, por el aparente delito de liderar una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones junto a Bruno Pacho y los prófugos Juan Silva y su sobrino Fray Vásquez.

La magistrada y su equipo “la corrupción del poder” también iniciaron una investigación por tráfico de influencias en el caso Petroperú, donde supuestamente el jefe de Estado habría beneficiado a determinados empresarios para ganar una licitación de más de 70 millones de dólares por la compra de Biodiesel en enero.

Además, Castillo es acusado de plagiar su tesis junto a su esposa Lilia Paredes. De acuerdo a la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, se le imputa al líder sindical de los presuntos delitos de plagio agravado y falsedad genérica en su tesis para obtener el grado de magísteres por la Universidad César Vallejo (UCV).

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