Patricia Benavides y las investigaciones que podrían acabar con el gobierno de Pedro Castillo

El Equipo Especial contra la Corrupción de la Fiscalía, que lidera la fiscal Marita Barreto, junto a efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional realizaron ayer una diligencia en Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes, la cuñada del presidente Pedro Castillo, en el marco de la investigación por el presunto direccionamiento de obras en la ciudad de Cajamarca.

Según la tesis fiscal, el mandatario sería el jefe de esta organización criminal. Identificaron como sus lugartenientes al actual ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y el alcalde de Anguía, José Neil Medina. En la trama también estarían involucrados como testaferros dos hermanos de la primera dama Lilia Paredes: Walter y David. Además, los empresarios Hugo y Anggi Espino Lucana complementarían la columna vertebral de esta red.

Por este caso, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, podría abrir una sexta carpeta fiscal contra el presidente Castillo. Como se recuerda, ella tiene cinco carpetas fiscales por los casos de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, por Puente Tarata-Provías Descentralizado, la licitación de biodiesel en Petroperú, el bloqueo a la búsqueda de los prófugos de este gobierno.

La Fiscalía de la Nación abrió investigación el 11 de noviembre de 2021 contra los entonces ministros de Defensa, Walter Ayala, y secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, alegando supuestas presiones a los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea para favorecer a algunos oficiales en el proceso anual de ascensos.

Ambos funcionarios renunciaron y ahora son investigados para determinar si incurrieron en “la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, previstos y sancionados en el Código Penal”, según un documento de la Fiscalía.

El caso se dio a conocer cuando Castillo removió sorpresivamente al jefe del Ejército, general José Vizcarra, y al jefe de la Fuerza Aérea, general Jorge Chaparro, a inicios de noviembre. Los dos generales afirmaron que sus salidas se debieron a roces con Ayala y Pacheco, quienes les pidieron ascender irregularmente a oficiales afines al gobierno.

De otro lado, esta misma modalidad también habría ocurrido en la Policía Nacional. Según Bruno Pacheco, se cobraba la suma de 20 mil dólares. Al menos, 10 oficiales realizaron el pago para su ascenso y que sus nombres se encuentran en manos de la fiscalía.

Luego que Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación suspendiera las investigaciones contra Pedro Castillo por su investidura presidencial, la nueva máxima autoridad del Ministerio Público, Patricia Benavides, ratificó que seguirá con la investigación contra el presidente de la República por el caso Puente Tarata III, por el presunto delito de ser cabecilla de una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones junto al exministro Juan Silva, Bruno Pacheco y su sobrino Fray Vásquez.

Según la tesis fiscal, Castillo encabezaría una organización criminal en complicidad con el exministro Juan Silva, quien es señalado por Zamir Villaverde de recibir “cien grandes” como parte del pago ilegal por la adjudicación de contratos en el MTC.

Para la Fiscalía, el mandatario estaría envuelto en estos presuntos actos de corrupción en el MTC al ser mencionado en los audios de Zamir Villaverde como la persona que intercede en dichas adjudicaciones por medio de su sobrino, por ello pasó de calidad de testigo a investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Y está aportando pruebas.

La nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su equipo especial contra “la corrupción del poder” inició una investigación contra Pedro Castillo por el tráfico de influencias en el caso Petroperú. Aunque el expediente había sido cerrado por la entonces representante del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, este, finalmente, seguirá su curso.

En este caso se conoció que presuntamente se habían reunido el exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez; la empresaria y actual colaboradora eficaz, Karelim López; el miembro de la Junta Nacional de Palmicutores, Gregorio Sáenz Moya; y el mandatario peruano con Samir Abudayeh, dueño de Heaven Petroleum Operators (HPO), proveedora de la empresa estatal peruana, para ganar una licitación de más de 70 millones de dólares por la compra de Biodiesel en enero pasado.

Conocida la noticia, la licitación se anuló y Ávalos abrió una investigación preliminar al jefe de Estado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, por los contratos de Petroperú en las compañías vinculadas a Karelim López y Samir Abudayeh. Sin embargo, luego ordenó que las investigaciones queden anuladas hasta el final del mandato de la primera autoridad del Perú en 2026.

La nueva fiscal, Patricia Benavides, revirtió esta suspensión y todo seguirá su curso.

El 21 de julio pasado, la Fiscalía de la Nación abrió una nueva investigación contra el presidente Pedro Castillo por haber cometido el presunto delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal, tras las declaraciones del exministro del Interior, Mariano González, que lo acusó de entorpecer la labor de la Policía Nacional para capturar a los prófugos de este gobierno.

La decisión se concreta tras la reunión que tuvo González con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien recogió sus descargos de lo denunciado contra el presidente Castillo. En entrevista para Panamericana Tv, el saliente funcionario indicó que tiene que dejar cuanto antes el cargo al “tener un compromiso con la corrupción”.

La fiscalía también se encuentra investigando a Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes por haber incurrido en el presunto plagio de su tesis para obtener el grado académico de magísteres por la Universidad César Vallejo (UCV).

Este caso fue derivado a la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, donde se continuará con las indagaciones de los presuntos delitos de plagio agravado y falsedad genérica en los que habrían incurrido Castillo Terrones y su esposa.

“Se dispone derivar la investigación a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo - Distrito Fiscal de La Libertad a efectos de que se designe a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa correspondiente y proceda conforme a sus atribuciones por el presunto delito contra los derechos intelectuales, en su figura de delitos contra los derechos de autor y conexos, en modalidad de plagio agravado”, se lee en el documento fiscal.