El martes en mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo afirmó que se hizo un show mediático en Palacio de Gobierno cuando la Fiscalía de la Nación fue a detener a su cuñada Yenifer Paredes. El mandatario fue más allá al acusar de urdir una confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democráctico.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, emitió un pronunciamiento este miércoles rechazando el sentido de dichas afirmaciones. “Desde aquí rechazó firmemente las afirmaciones e insinuaciones de que el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan político. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie”, aseguró.
Agregó que a los miembros de la institución que dirige solo les mueve la búsqueda de la verdad y el cumplimiento de la ley. Por todo ello, exhortó en su calidad de máxima autoridad de la Fiscalía que los actores políticos investigados y no investigados respeten la autonomía del Ministerio Público.
“Desde el inicio de mi gestión hemos asumido con firmeza el cumplimiento del mandato constitucional de perseguir el delito caiga quien caiga y pese a quien le pese. La función fiscal demanda orden y celeridad en las investigaciones. Esa ha sido la base de cada una de mis decisiones y acciones ejecutadas”, aseveró Benavides.
En otro momento, apuntó que las decisiones fiscales no son políticas, y se ciñen estrictamente a la ley y a la constitución, por lo que cada acto de investigación, requerimiento y disposiciones se sustentan en evidencias: “Todos somos iguales ante la ley y todos los fiscales respetamos la constitución”.
Ataques contra fiscales
La fiscal de la Nación también dijo que es consciente de que la investigación como la que se lleva a cabo contra altos funcionarios en ejercicio del poder podría generar “ataques a nuestra institución, a mi persona y a mi familia que solo buscan mellar u obstaculizar las investigaciones fiscales”.
Recordó que también han sido testigos del ataque a unos de los fiscales que lleva a cabo esta investigación en la que se sindica a varios miembros del Ejecutivo como miembros de una organización criminal. Además, el mandatario es investigado por tráfico de influencias, colusión agravada y delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las FF.AA., la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno y la injerencia en la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú. Además, tiene en proceso el presunto delito por el plagio de su tesis.
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