Fiscalía considera que Pedro Castillo es el jefe de una organización criminal que direccionaba obras en Cajamarca

La situación legal del presidente de la República, Pedro Castillo, se complicaría más. En las últimas horas, el Equipo Especial de la Fiscalía, que lidera la fiscal Marita Barreto, junto a efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional detuvieron al alcalde de Anguia, José Neil Medina, y los empresarios Hugo y Anggi Espino Lucana como parte de la investigación por el presunto direccionamiento de obras en la ciudad de Cajamarca.

Como se recuerda, este caso estalló tras la difusión de un video del programa Cuarto Poder, donde se mostró a Yenifer Paredes, cuñada del mandatario, que ofrecía a las comunidades de La Succha y La Palma, en el distrito de Chadín (Cajamarca), a recabar información a fin de elaborar un futuro expediente técnico sobre un proyecto de saneamiento. Esto ocurrió en septiembre del año pasado. Precisamente, también se ha ordenado la detención de Paredes, quien se encuentra inubicable.

La decisión de la fiscalía para ejecutar estas diligencias se basa es una hipótesis: existió una organización criminal que manejaba irregularmente las licitaciones públicas en Cajamarca. En el documento al que accedió Infobae, la cabeza de esta estructura habría sido el presidente Castillo. Por su parte, identificaron como sus lugartenientes al actual ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y el alcalde de Anguia, José Neil Medina. En tanto, el papel de testaferros fue recaído en los hermanos de la primera dama Lilia Paredes: Yenifer, Walter y David Paredes Navarro. Los empresarios Hugo y Anggi Espino Lucana complementaban esta columna vertebral de esta red.

La tesis del Ministerio Público es que la organización criminal, encabezada aparentemente por Castillo Terrones, buscó “copar importantes estamentos estatales con personas de estrecha confianza, como es el caso de la cartera del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuyo titular es Geiner Alvarado López, y permitiría ejecutar diversas modalidades delictivas, entre ellas, la modalidad denominada: licitaciones públicas fraudulentas”.

“En el presente caso, algunas empresas eran instrumentalizadas para obtener la buena pro de obras públicas por ingentes sumas de dinero, a pesar de no contar con requisitos exigidos por ley a fin de obtener la misma, pero que, sin embargo, al tener el control de los nombramientos y del aparato estatal, estos eran direccionados a fin de favorecer en aquellos procesos en los que los integrantes tenían interés de que gane el mismo, previamente concebido para dicho fin”, se indica.

“Geiner Alvarado López, Ministro de Vivienda y Construcción también habría tenido vínculos con los investigados, al haberse reunido con José Nenil Medina Guerrero y Hugo Espino Lucano, para posteriormente ser beneficiarios de la buena pro de diversas obras promovidas y financiadas por dicha cartera; sin embargo, no siendo este Despacho Fiscal competente para conocer estos hechos materia de investigación, al tratarse de altos funcionarios de Estado, conforme lo establece el art. 99° de la Constitución Política del Perú, debe ponerse a conocimiento de la Fiscalía de la Nación, para su conocimiento y proceda conforme a sus atribuciones”, se lee en la resolución.

La tesis fiscal es que apunta a una coordinación entre Yenifer Paredes y Hugo Espino para “la participación de empresas de fachada” para “ganar licitaciones de manera fraudulenta en (pro) de otras provincias y/o departamentos”. Ahí entraría a tallar su empresa y la de su hermana, JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC y DESTCON Ingenieros & Arquitectos S.A.C, respectivamente.

Hay que indicar que la primera ganó un contrato con la Municipalidad Provincial de Cajatambo por más de S/3 millones 800 mil en octubre pasado. En tanto, la segunda obtuvo una licitación con la Municipalidad de Anguia por más de tres millones de soles en diciembre pasado.

El presidente Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, habrían tenido conocimiento de todo esto.

“La primera dama autorizaba el ingreso a Palacio de Hugo Espino y este entregaba el dinero de las coimas a través de Walter Enrique y David Alfonso Paredes Navarro”, señala la fiscalía, de acuerdo a la orden judicial firmada por el juez Raúl Justiniano Romero.

Como se recuerda, Lilia Paredes reveló que el empresario Hugo Espino, quien ganó un contrato para realizar una obra de saneamiento en la región de Cajamarca, no se reunió con ella en Palacio de Gobierno sino con su hermana.

Según el diario Perú 21, la esposa del presidente Pedro Castillo indicó al fiscal Jony Peña, en su declaración del pasado 8 de julio, que autorizó el ingreso de Espino para que tuviera una cita de trabajo con Yenifer Paredes.

“En todas las ocasiones que él vino visitó a mis hijos y estuvo presente mi hija Yenifer Paredes; ellos compartían juntos y en algunas oportunidades le enseñaba a mi hijo mayor, quien está preparándose (para la universidad)”, señaló Paredes a la fiscalía.

La primera dama insistió en que “yo solo autoricé las visitas y él (Hugo Espino) ha venido cinco veces a Palacio”. Según el libro de visitas de Palacio, Espino acudió en cinco oportunidades, pero solo en dos de ellas –en las citas del 31 de agosto y del 3 de setiembre– se precisa que la anfitriona es la menor de los Paredes.

La fiscalía toma en cuenta, además, el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre depósitos de los hermanos de la primera dama. El 26 de octubre del año pasado, David Paredes realizó un giro de S/70 mil a la cuenta de Hugo Espino Lucana. El 6 de ese mismo mes, Walther Paredes hizo lo mismo con S/20 mil. Los depósitos se hicieron con dinero en efectivo.

“No advirtiéndose otros movimientos importantes de dinero a pesar de que en dicho mes lograron obtener la buena pro en obras por más de 6 millones de soles; siendo que este hecho evidenciaría que los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana, habrían servido como testaferros, quienes instrumentalizando sus empresas de fachada, lograron hacerse de importantes contratos de ejecución de obra beneficiándose con ingentes sumas de dinero producto de la colusión, tráfico de influencias, fe pública, entre otros, a fin de obtener ganancias ilícitas”, se lee en la resolución.