Pedro Castillo: Los argumentos y las pruebas del informe que recomienda denunciarlo por traición a la patria

El congresista Wilson Soto (Acción Popular) anunció ayer que había presentado el informe final sobre la denuncia constitucional por el delito de traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo. Como se recuerda, este tema salió a relucir en enero pasado por una declaración del mandatario sobre una posible salida al mar para Bolivia durante una entrevista con el periodista Fernando del Rincón de la CNN en Español.

“Con la responsabilidad y objetividad que nos caracteriza, hemos presentado el informe final de la denuncia constitucional 219 contra el presidente Pedro Castillo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, escribió el parlamentario Soto. En el informe, al que Infobae accedió, se recomienda la formulación de una acusación contra el jefe de Estado ante el Pleno y una inhabilitación de cinco años para ejercer la función pública.

“Que, concretamente, el presidente Castillo se refirió a la aspiración de acceder a una salida del mar a favor de los bolivianos como un derecho y aseveró que consultaría al pueblo sobre ello. Que, en mayo de 2018, José Pedro Castillo como dirigente político, reivindicó en un evento realizado en La Paz, una salida al mar para Bolivia”, se indica.

Se da cuenta sobre presuntas gestiones desde Bolivia para obtener apoyo de países vecinos para lograr su salida al mar: “Que, en el programa periodístico “Panorama”, se ha hecho público que, según un informe de inteligencia, durante la asistencia a ese evento, se entregaron sumas de dinero, a las organizaciones asistentes de siete países, a efectos de establecer vínculos entre sí y que en el referido evento estuvo el expresidente Evo Morales”.

Sin embargo, para llegar a esa conclusión, se necesita conocer los argumentos y las pruebas contundentes que certifiquen, claramente, que el presidente Castillo cometió un delito por el cual se le puede vacar de acuerdo a las causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución Política.

En la página 64 del informe del congresista Soto se comienza a analizar el caso del presidente Castillo. Lo primero es que determinaron que se cometió infracción al artículo 32 de la Carta Magna que está referido a la prohibición de someter a referéndum los tratados internacionales en vigor. Añaden como sustento la respuesta del mandatario a la pregunta de Del Rincón cuando sostuvo que iba a consultar a los peruanos la salida al mar para Bolivia.

Sin embargo, Castillo se rectificó sobre esto en una entrevista publicada en el diario La Noticia el 31 de enero pasado. “Sí, me expresé mal, pido disculpas a nuestro pueblo. Quiero nuevamente decirle que nada haré en mi gobierno sin consultar al pueblo”, sostuvo el mandatario.

De otro lado, en la página 66 se identifica que el presidente cometió infracción al artículo 54 de la Carta Magna, donde se señala que “el territorio peruano no es susceptible de transacción o venta, no puede entrar al comercio y tampoco se puede aceptar o permitir la intromisión de invasores, protegiéndose nuestro suelo, subsuelo, dominio marítimo y el espacio aéreo”.

Nuevamente, se toma como sustento la entrevista de Castillo en CNN. Allí indica que “es un derecho” de Bolivia tener acceso al mar. “Pero ese es su derecho. Nosotros haremos, haremos lo que los pueblos reclaman, lo que los pueblos necesitan, porque los pueblos quieren”.

Una vez más, el presidente se volvió a rectificar en este punto. “No, no, le juro que nunca en mi vida podría ceder un centímetro del territorio peruano a otro país. Tengan por seguro nuestros hermanos que seré el primero en defender la integridad de nuestro país y que nuestra propuesta de concesión marítima no contempla soberanía nacional”, declaró al diario La Noticia.

En la página 69 se menciona que Castillo cometió infracción al artículo 110 de la Carta Magna en el que se enfatiza que “el presidente de la República actúa y dirige el Estado vulnerando los intereses de todos los peruanos a través de sus actos, decisiones o manifestaciones que rompen la obligación que tiene de materializar o encarnar el deseo de todos”.

De la página 72 hasta la 74, se menciona que el presidente infringió los incisos 1, 2 y 11 del artículo 118 de la Constitución. Con ellos se interpreta que Castillo buscó transgredir los tratados limítrofes que tiene el Perú con los países vecinos y que su declaración significa un exceso de su poder presidencial para beneficiar una salida al mar para Bolivia.

En los medios probatorios se adjunta, como se sabe, la entrevista del periodista Fernando del Rincón a Castillo. Además, el pronunciamiento del titular de la Cámara de Diputados de Bolivia, Fredy Mamani, quien saludó lo anunciado por el presidente de darle salida al mar a su país.

De igual manera, se incluye al expresidente boliviano Evo Morales y RUNASUR que serviría de plataforma política para tratar de establecer que América Latina sea plurinacional. Y uno de los primeros objetivos es que su nación tenga salida al mar.

Finalmente, el congresista Soto recoge como pruebas las declaraciones de Lourdes Flores Nano, Francisco Tudela, Hugo Guerra y Ángel Delgado Silva, quienes son recordados por impulsar la narrativa del fraude en el pasado proceso electoral. Estos ciudadanos dijeron que el Foro de Sao Paulo está detrás de la idea de Castillo de darle una ayuda a Bolivia.

El informe del congresista Wilson Soto tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si se aprueba allí, pasa a discutirse a la Comisión Permanente, donde también debería recibir el visto bueno y así llegue a la última instancia: el Pleno.

En el Pleno del Parlamento se tendrán dos escenarios para respaldar la acusación por traición a la patria contra Castillo: el antejuicio político y el juicio político.

Con el primero se permitirá levantar la inmunidad presidencial y el juicio continuaría ante la Corte Suprema del Perú contra el presidente.

Por su parte, el segundo tiene tres sanciones: destitución, inhabilitación o suspensión. En este caso, solo se necesitan 66 votos