Las cifras de contagios, hospitalizados y fallecidos a causa de la cuarta ola de la COVID-19 continúa incrementándose y causando la preocupación de las autoridades y la ciudadanía.
El analista de datos, Juan Carbajal, advirtió que el reporte de fallecidos se ha incrementado desde mediados de junio. “Hace 50 días fallecían entre 8 a 10 personas. En los últimos 7 días están falleciendo entre 40 a 50″, indicó a través de su cuenta de Twitter.
Además, indicó que el 75% de los pacientes que perdieron la vida no habían completado su esquema de vacunación por un largo tiempo, y el 15% no contaba con vacunas, sobre todo el sector de la población de adultos mayores.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado instó al Poder Ejecutivo a tomar medidas rápidas frente a esta situación y señaló que entre el 24 y 30 de julio (Semana 30) 290 personas perdieron la vida a causa del SARS-CoV-2, según el reporte del Ministerio de Salud (Minsa)
Esta entidad considera que desde la tercera ola de contagios de coronavirus, entre enero y marzo del presente año, no se han actualizado los protocolos para enfrentar esta enfermedad, ni tampoco se han adecuado a este nuevo escenario, y se ha delegado el control de la pandemia exclusivamente al Minsa.
“Se observa una flexibilización de las medidas de prevención a nivel nacional, como el uso incorrecto de las mascarillas, el uso frecuente únicamente de mascarillas de tela, la celebración de reuniones, la concentración de personas, sin que se observe una reacción del Poder Ejecutivo al respecto”, señaló la Defensoría del Pueblo.
En esa línea, indicó que en el mes de junio, en el inicio de la cuarta ola de contagios, las autoridades brindaron un mensaje que se prestó a malinterpretaciones en torno al uso de las mascarillas en espacios abiertos, el cual, según indican, no ha sido aclarado de manera suficiente.
Carlos Almonacid, jefe del Programa del Derecho a la Salud, enfatizó que el fortalecimiento del primer nivel de atención es una tarea urgente que sigue pendiente y añadió que también se requiere el compromiso real en relación al presupuesto para la infraestructura, el mantenimiento, reparación, o compra de equipos, además de la contratación de personal asistencial.
De otro lado, el funcionario de la Defensoría del Pueblo lamentó que se considere como un logro que más del 95% de la población se encuentre asegurada, pues ese índice responde a un marco normativo del 2017. “El problema actual de la política de aseguramiento no es la cobertura poblacional, sino el acceso efectivo a los servicios de salud, debido a las brechas y el gasto de bolsillo de la población”, puntualizó.
Asimismo, reiteró que la reforma de salud continúa siendo la gran ausente en la gestión de las autoridades sanitarias en este último año.
De CAS COVID a CAS Regular
En tanto, el ministro de Salud, Jorge López Peña garantizó el cumplimiento de la ley que permite el cambio de contrato CAS COVID a CAS regular a fin de reconocer los derechos laborales del personal de salud y estimó que en dos meses se debe culminar este proceso.
Asimismo, informó que para el próximo año se prevé nombrar a 10 mil profesionales de la salud, tal como lo anunció el jefe de Estado, Pedro Castillo.
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