Josefina Miró Quesada publicó su nuevo libro “Ser mujer en el Perú”: “Para resolver un problema, primero hay que entender por qué ocurre”

Ser mujer en el Perú es el libro que muchos peruanos se negarían a abrir, aunque represente el panorama de vulnerabilidad al que están expuestas millones de mujeres en el país. Cientos de feminicidios se registran anualmente en el territorio peruano, a diario los Centros de Emergencia Mujer reciben más de 30 denuncias de violencia sexual, en las escuelas les arrebatan a los menores la oportunidad de recibir Educación Sexual, desde el Congreso pretenden eliminar el Ministerio de la Mujer, además de atentar contra el derecho al aborto terapéutico.

Hablar de género en el país constituye un agravio. “Distorsión de la realidad”, “ideologías”, son algunos de los adjetivos con los cuales descifran los políticos peruanos a la violencia de género. Y cómo olvidar la excusa “a los hombres también los matan”, para justificar la evasión de la mirada a esta problemática. Como si hablar de las mujeres maltratadas, de la falta de participación de estas en la política, de la falta de igualdad en materia económica y salarial, representara un fantasma que hace huir a un determinado grupo social, en algunas ocasiones —mal llamados— conservadores.

Quienes niegan esta desigualdad afirman que no existen pruebas que validen la desigualdad entre hombres y mujeres. Pero Ser mujer en el Perú demuestra lo contrario. Junto con el experto análisis de Josefina Miró Quesada y Hugo Ñopo, en el libro se hace un recuento de cifras del Ministerio de la Mujer, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, de la Defensoría del Pueblo y otras entidades que evidencian la desproporcionalidad de los roles de género en la sociedad.

La lectura de este libro ayuda a comprender, con mayor detalle, el porqué existen altos índices de violencia hacia las mujeres en Perú. En la sección de violencias de género, los autores revelan que INEI identificó que, en el 2019, el 52,7% de población mayor de 18 años de edad está de acuerdo en que la mujer debe cumplir el rol de madre y esposa, luego sus sueños. También describe el porqué el hogar es uno de los espacios más comunes donde la violencia basada en género se desarrolla.

—En el país aún existe un debate acerca del verdadero significado de desigualdad de género. ¿Crees que esta situación se deba a que no todos somos conscientes de la desproporcionalidad que existe en el rol de lo femenino y masculino en la sociedad, o se trata de una omisión intencional?

—La violencia de género tiene, entre sus causas, la existencia de un sistema de género que organiza nuestras vidas en función de mandatos tradicionales de femineidad y masculinidad. Este sistema reproduce situaciones de dominación masculina y subordinación femenina que establece jerarquías en el valor que la sociedad otorga a roles, atributos, actitudes masculinos y femeninos, teniendo el primero una sobrevaloración y el segundo una infravaloración. La desigualdad de género es producto de esta forma de organizar nuestras vidas. La situación de desconocimiento se debe en gran parte al arraigo de estos mandatos socioculturales, constantemente presentes en distintos espacios de socialización desde hace milenios. Se cree comúnmente que lo natural debe siempre mantenerse como tal. Hay también quienes se benefician de este sistema de dominación que los privilegia y a pesar de ser conscientes de lo injusto de mantener una situación de mayor subordinación en más de la mitad de la población, harán todo por preservarlo, empezando por negar que existe tal desigualdad.

—¿Es posible erradicar la violencia de género sin antes reconocer que existe este panorama de inequidad?

—No, no es posible. Para resolver un problema, primero hay que entender por qué ocurre. No se puede prevenir, atender y erradicar la violencia de género contra mujeres y niñas, si antes no se comprende qué factores la generan. No solo porque abundan estudios que respaldan cómo las actitudes, prácticas, creencias arraigadas en este sistema de género dominante —que produce la desigualdad de género— aumentan las posibilidades de ejercer conductas violentas que mujeres y niñas viven desproporcionadamente, sino que, además, impacta en la percepción que tiene la víctima de estas conductas, disminuyendo las posibilidades de denuncia.

—Recientemente hemos observado que en el país se ha intentado reemplazar el Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Familia para devolver el “enfoque de familia”. Teniendo en cuenta los datos mencionados, ¿Consideras que esta medida pretende invisibilizar la violencia que padecen las mujeres dentro del hogar?

—Es una medida absurda porque ya existe una dirección en el Ministerio de la Mujer que vela por la protección del resto de integrantes del grupo familiar. La medida representa gravísimos retrocesos en la lucha contra la violencia de género porque considera que el mal que afecta a las mujeres se constriñe al ámbito familiar. La desigualdad de género es un problema estructural que afecta las mujeres dentro y fuera del hogar, donde la violencia es ejercida por parte de quienes son parte de la familia, pero también por parte de quiénes no. Cuando se percibe como un problema solo al interior de la casa, se insiste en que la violencia que viven las mujeres a diario es un problema privado, y no público. También reduce los problemas que afectan a las mujeres a un asunto de familia, se les encasilla a los roles de género tradicionalmente asignados: el de madre y esposa.

—También se ha aprobado una norma que dispone la capacitación obligatoria en enfoque de género para la prevención de la violencia y discriminación por género en la Administración Pública. ¿Consideras que podría resultar una medida efectiva para erradicar la violencia de género en las instituciones públicas?

—Efectiva en el sentido de contribuir a una mayor concientización sobre la dimensión, las múltiples causas subyacentes a la desigualdad y violencia de género y las medidas que deben implementar los funcionarios para prevenir y combatirla, sí. Que sean suficiente las capacitaciones en la administración estatal, lo dudo. En el sistema de justicia, estas se dan desde hace mucho tiempo y no necesariamente garantizan un mejor desempeño de los operadores de justicia. El cambio en las ideas y creencias no necesariamente se traduce un cambios genuinos y permanentes en los comportamiento de policías, fiscales, jueces, peritos, todos los actos del sistema de justicia cuando atienden a las víctimas-sobrevivientes. Si se va a establecer la obligatoriedad de las capacitaciones en la administración estatal, estas deben abarcar un sistema de formación continua y permanente, de evaluaciones y estudios que permitan medir el impacto generado en un tiempo determinado para evaluar su efectividad.

—Para prevenir la violencia de género es necesario cambiar estos patrones socioculturales establecidos que la reproducen, según mencionas. Pero en el país tenemos un congreso sumamente conservador que ha puesto en jaque iniciativas como la Educación Sexual Integral en el colegio. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

— No solo el Congreso, sino también el Ejecutivo que tuvo la oportunidad de observar el proyecto y no lo hizo. En general, ambos poderes del Estado están petardeando los avances realizados para reformar el sistema educativo en el país. La propuesta en mención es un ejemplo de ello. En específico, se le reconoce a las asociaciones de padres de familia el poder de objetar en base a desinformación o prejuicios que la niñez sea formada bajo un enfoque de género y una educación sexual integral, conforme lo establece la Convención de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. Se cree, por ejemplo, que al enseñar a la niñez sobre roles de género se les incita a cambiar de sexo. O que la Educación Sexual los inicia temprano en practicar relaciones sexuales. Nada más falaz que ello. En el caso de la Educación Sexual, se trata de brindar información accesible y pertinente acorde al desarrollo y el nivel de madurez de los niños y niñas, para empoderarlas en el ejercicio de sus derechos, a la igualdad y no discriminación, a una salud integral, incluido el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos.

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