Esta mañana el presidente de la República, Pedro Castillo, acudió a Fiscalía para declarar ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el caso de los ascensos irregulares en las FF.AA. Sin embargo, de acuerdo a su abogado, Benji Espinoza, este no respondió a las preguntas de la magistrada.
“Más adelante va a declarar, pero por el momento va a ejercer su derecho a guardar silencio [...] Es mejor que el presidente conteste todo en un parte. Será mejor, más adelante cuando se acopie toda la información, que el presidente de las explicaciones que corresponde”, afirmó.
Actualmente, la situación legal del Jefe de Estado es crítica. Castillo Terrones enfrenta cinco investigaciones de parte de la fiscalía. El mandatario está investigado por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, por el presunto tráfico de influencias en el caso Petroperú y por el plagio de su tesis. También está acusado de ser el presunto cabecilla de una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por las declaraciones del exministro del Interior Mariano Gonzáles, quien afirmó que el profesor cajamarquino tiene un “compromiso” con la corrupción.
Para el abogado penalista Juan Carlos Jiménez, guardar silencio en las próximas citaciones ante la fiscalía representa un derecho legítimo que podría significar una estrategia legal que pretende esperar a la información que recauden las autoridades para confrontar. “Declarar antes podría significar cometer un error al comentar una información que quizás sea contraria a sus intereses”, sugirió.
“Yo creo que lo que está haciendo el abogado defensor es esperar que la Fiscalía recabe más información a través de otras declaraciones y luego, una vez que la Fiscalía tiene toda la información en base a colaboraciones eficaces y testigos, confrontar estos hechos. Pero, por ejemplo, si todavía no se conoce lo que seguramente el Secretario General ha declarado porque todavía está en proceso de colaboración eficaz, creo que el abogado está esperando esta información”, indicó el también docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
Por su parte, el constitucionalista Aníbal Quiroga señaló que esta estrategia no beneficia al mandatario, pues, de todas formas, la Fiscalía tendrá los actos de comprobación que determinarán la implicancia de Castillo Terrones en los casos investigados aunque él declare o no.
“Es una estrategia improductiva porque, conforme a ley, a la Constitución, la titularidad de acción penal la tiene Ministerio Público. Por ello, la carga probatoria la mantiene el Ministerio Público. Es decir, que el presidente declare o no, no lo favorece en absolutamente nada. Igual la Fiscalía tendrá los actos de comprobación y determinará lo que haya comprobado independientemente de lo que él diga o no”, explicó.
El letrado también se refirió a la situación legal de Castillo Terrones y aseguró que se encuentra en un momento difícil por las investigaciones que enfrenta. Por ello, expresó que su defensa debe tener mayor control acerca de las estrategias que emplee ante la fiscalía.
En el caso del abogado constitucionalista Christian Delgado refirió que si bien acudir al derecho a guardar silencio es una acción válida, esta puede generar que no se aclaren las acusaciones en contra del presidente de la República.
“Pedro Castillo ya no está en calidad testigo o de alguien que podría colaborar con lo que puedo saber. Él está investigado. Es un poco más grave. Entonces, ¿Cuál es la consecuencia de guardar silencio? La no colaboración con el esclarecimiento de los hechos. Es una estrategia, sí, pero no es una estrategia que se ve bien”, informó.
El especialista recalcó que, a nivel político, resulta una estrategia incongruente, pues el profesor ha manifestado en más de una ocasión que él no obstruye a la justicia. Sin embargo, no desea responder ante las acusaciones en su contra.
“No me parece adecuado que decida guardar silencio. ¿Tiene derecho de hacerlo? Sí, tiene derecho, pero el guardar silencio se ve mal porque hay una cuestión llamada presunción de conducta procesal. Esta consiste en que el juez o la fiscal cuando tenga que acusarlo puede considerarlo como que él ha estado ocultando eso a nivel jurídico”, aseveró.
En tanto, el analista político y abogado Rafael Gertin dijo que el presidente debe contar con mayor disposición para responder ante las preguntas de la Fiscalía, pues, no hacerlo, podría traer consecuencias negativas en el ámbito político y jurídico.
“El presidente debería tener más disposición a aclarar estos hechos. Si los abogados están dirigiendo sus estrategias al silencio, entiendo que es una medida que responde a un tipo de estrategia más dilatoria que aclaratoria. Si alguien no tiene nada que temer, va a la Fiscalía, se presenta, sea Presidente de la República o un ciudadano y actuar con la verdad”, detalló.
De acuerdo a lo mencionado por el experto en leyes, que el presidente colabore con la justicia también ayudará a que la actual crisis que vive el país se disipe, al igual que la permanencia de la inestabilidad política.
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