Pedro Castillo se retiró de la Fiscalía luego de declarar por el caso de ascensos irregulares en las FF.AA.

El presidente de la República, Pedro Castillo, se retiró de la sede del Ministerio Público luego de declarar por espacio de una hora ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas en el 2021. Hasta el momento no se ha indicado si el mandatario guardó silencio o contestó las preguntas de la diligencia indagatoria de la autoridad.

“Respaldo a mis abogados defensores (Benji Espinoza y Eduardo Pachas) respecto a que tengo derecho a declarar en Palacio de Gobierno, sin embargo, les he pedido que me acompañen a la Fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la justicia”, escribió Castillo en su cuenta oficial de Twitter previo a partir para dar su manifestación.

Castillo caminó desde Palacio de Gobierno hasta la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Abancay, en el Centro de Lima. En todo momento, el presidente estuvo escoltado por sus abogados y seguridad del Estado.

Hasta hace unas horas se conocía por declaraciones de Benji Espinoza, defensa legal de Pedro Castillo, que el mandatario no acudiría a rendir su manifestación luego que Patricia Benavides indicara que no iría a Palacio a tomar su testimonio debido a que el Jefe de Estado se encuentra en calidad de investigado.

Espinoza sostuvo que “el presidente va a atender a la fiscal de la Nación en su despacho. Lo que ha pedido la fiscalía es que se haga la declaración del presidente y el presidente la está citando a su despacho para mañana. Las dos se realizarán en el despacho del presidente”, manifestó el jurista.

Sin embargo, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dijo que la diligencia se hará en la sede del Ministerio Público. Explicó que si bien el pedido de la defensa se basa en el artículo 167 del Código Procesal Penal, afirmó que esa prerrogativa solo se es aplicable cuando el alto dignatario es testigo, y si es investigado, como en el caso de Castillo, tiene el deber de asistir a la sede de la Fiscalía.

Incluso, la cuenta oficial del Ministerio Público comunicó la decisión de la Fiscalía de la necesidad que el Jefe de Estado acuda a la sede de la Fiscalía de la Nación para responder el interrogatorio por los presuntos delitos que se le acusa.

“La diligencia será en el Ministerio Público. El pedido de la defensa se basa en el Art.167 del Código Procesal Penal. Esa prerrogativa solo es aplicable cuando el alto dignatario es un testigo. Al ser investigado tiene la condición de asistir a la sede de la Fiscalía”, publicó la Fiscalía de la Nación rechazando el pedido de los abogados del mandatario.

A través de un documento, la Fiscalía sostuvo que “la Norma Procesal Adjunta prevé que los altos dignatarios tienen el privilegio de ser examinados en su domicilio o en su despacho, a su elección. Sin embargo, tal norma regula la declaración de testigos y no de investigados y dado el caso tiene la condición de investigado, por lo que, no le asisten privilegios contemplados en la precitada norma”.

“Precisar que la declaración del investigado José Pedro Castillo Terrones se realizará en el Despacho del Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ubicadas en el piso 8, oficina 801-A de la Sede Central del Ministerio Público”, indica la carta enviada a los abogados del presidente.

La fiscal Benavides decidió incluirlo en las pesquisas preliminares seguidas por las irregularidades en el proceso de ascensos de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en el 2021.

En la disposición fiscal se indica que hay elementos que vinculan al presidente con “complejos hechos ilícitos” que llevarían a suponer que “dirigiría una organización criminal”.

Castillo Terrones se vio implicado luego que el excomandante general del Ejército Peruano, José Vizcarra, y el excomandante general de la Fuerza Aérea (FAP), Jorge Chaparro, denunciaron que el Ejecutivo, a través del mandatario, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el exministro de Defensa Walter Ayala, trataban de beneficiar a determinados oficiales cercanos al presidente.

La representante del Ministerio Público describió los hechos como un “requerimiento irregular” a los excomandantes Vizcarra y Chaparro para ascender al grado inmediato superior -generales- a los oficiales Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama, en el Ejército Peruano; y a Edgar Briceño, Carlos Castillo y Herbert Vilca, en la Fuerza Aérea.

La Fiscal de la Nación mantiene cinco investigaciones en contra del presidente chotano por presuntos delitos de organización criminal en agravio del Estado, encubrimiento, corrupción de funcionarios y obstrucción de la justicia en la captura de los prófugos Juan Silva y Fray Vásquez.

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