Juan Silva no tendría pruebas contra el presidente Pedro Castillo

El abogado del exministro de Transportes y Comunicaciones indicó que su patrocinado no le ha dicho si cuenta con documentos que incriminan al jefe de Estado en presuntos actos de corrupción.

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Pedro Castillo y Juan Silva | Foto: Agencia Andina
Pedro Castillo y Juan Silva | Foto: Agencia Andina

El exministro de Transportes, Juan Silva, no tendría pruebas que incriminarían en graves actos de corrupción al presidente de la República, Pedro Castillo. Así lo ha deslizado la defensa legal del hoy prófugo exmiembro del Poder Ejecutivo que es buscado por la justicia para que responda por el caso Puente Tarata-Provías Descentralizado.

“Hasta el momento, Juan Silva no me ha indicado si (cuenta con información) contra el presidente Pedro Castillo. Pero sí me aseguró que tiene pruebas contra varios funcionarios de su sector (el Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Tiene abundante medios de pruebas que entregará en su momento a la Fiscalía”, indicó el abogado Alfredo Yalán en diálogo con el diario La República.

El letrado volvió a reiterar que su patrocinado no se entregó a las autoridades tal como se deslizó ayer. “Me he comunicado con el coronel Harvey Colchado y me ha informado que es falso. Ellos no han detenido a mi cliente, ni lo han intervenido y por eso desmiento públicamente esa información falsa de que se le habría detenido a mi cliente o éste se habría entregado”, señaló.

La comunicación que tuvo Yalán con Colchado se da pocos minutos después de que el abogado haya sido entrevistado en canal N, donde mencionó que “no tengo información directa de mi cliente que haya decidido entregarse en estos días”.

Como se sabe, en las últimas horas del último miércoles 3 de agosto, varios medios de comunicación señalaron que el prófugo Juan Silva se había entregado a las autoridades del Equipo Especial de la Policía Nacional a fin de aspirar a ser colaborador eficaz en el caso de corrupción que se investiga.

ABOGADO DE JUAN SILVA NIEGA QUE PEDRO CASTILLO ESTÉ COORDINANDO FUGA DEL EXMINISTRO

Por otro lado, el abogado de Silva también negó que un representante del gobierno de Pedro Castillo se haya comunicado con su patrocinado para coordinar su fuga del país.

“Si antes que nos aceptaran el peritaje, mi cliente no se ha fugado, ¿qué razones habría ahora que nos han dado la posibilidad del peritaje para que él pueda fugarse? (...) No, no lo han contactado, aseguró el letrado.

Cabe mencionar que, diario El Comercio informó que un colaborador eficaz del caso señaló que desde el Ejecutivo han estado buscando al exministro para ofrecer una negociación a fin de que éste no se entregue.

El informante explicó que el plan sería lograr a toda costa que el exministro siga manteniéndose inubicable para las autoridades, como lo está desde junio de este año. “Lo que se quiere es sacar a Silva cuanto antes y llevarlo a un paradero desconocido. Supuestamente, le quieren hacer creer que lo están ayudando”, advirtió el informante.

Pese a que aún se desconoce quién estaría ayudando a Silva Villegas a fugarse del país, se sospecha que sería alguien de la misma influencia que tiene el actual subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, quien ayudó por un tiempo a Pacheco a eludir la orden de detención que pesaba contra este último por el caso Puente Tarata a fines de marzo.

JUAN SILVA EN LA LISTA DE LOS MÁS BUSCADOS

Cabe destacar que el Ministerio del Interior incluyó a Juan Silva Villegas en la lista de “los más buscados” y ofrece una recompensa de 50 mil soles por información que ayude a determinar su ubicación y los lleve a su captura. Cabe mencionar que, Silva se mantiene prófugo de la justicia desde junio pasado, pero su abogado argumenta que solo está “a buen recaudo”.

El juez supremo Juan Carlos Checkley fue quien ordenó “algo tarde” la ubicación y captura a nivel nacional de Juan Silva para que cumpla la orden de detención preliminar por 15 días que se dictó en su contra por el caso Provías Descentralizado – Puente Tarata. El exfuncionario ya tenía impedimento de salida del país por 36 meses por la citada investigación.

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