General PNP es enviado a prisión por cobro de cupos a discotecas en Lambayeque

No le importó ocupar un alto cargo en la Policía Nacional del Perú y se habría dedicado a extorsionar a empresarios. El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque informó que se dictaron quince meses de prisión preventiva contra el exjefe de la II Macrorregión Policial, general PNP Max Henry García Esquivel.

El investigado es señalado como presunto autor del delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial, y según el Ministerio Público, la medida también recae contra el suboficial Ray Velásquez, quien sería el encargado de contactar a los empresarios y “negociar” sobre el pago de cupo correspondiente.

Esta medida ha sido solicitada por el fiscal provincial Julio Taboada Ramón, quien señaló a ambos implicados como protagonistas del cobro de dinero a dueños de discotecas en Chiclayo, a cambio de permitir el funcionamiento de sus establecimientos y evitar intervenciones policiales.

La información oficial de la Fiscalía detalla que, entre junio y julio del presente año, el general PNP Max Henry García Esquivel, por intermedio de su supuesto cómplice, Velásquez Calsín, solicitó S/ 1 000 a, al menos, cinco empresarios.

Este dinero recaudado era un “chantaje” para no realizar operativos policiales en los alrededores de sus establecimientos, los cuales ya tenía acostumbrado ejecutar los fines de semana en horas de la noche, donde se presentaba mayor afluencia de público.

Asimismo, las autoridades correspondientes indican que el suboficial Velásquez Calsín habría coadyuvado a la solicitud de dinero. Su función era contactar, coordinar y establecer con los propietarios de centros nocturnos el monto a entregar a cambio de no ser “visitados” durante los operativos policiales.

Luego de los acuerdos él también recolectaba los montos que serían entregados posteriormente a su superior. Según los testigos, las entregas se realizaban en efectivo y por depósito a diferentes cuentas bancarias.

Al conocerse todos los hechos y realizarse la denuncia correspondiente, el representante del Ministerio Público formuló su requerimiento con fundados elementos de convicción, además de incluir declaraciones de varios testigos con reserva, quienes serían los empresarios extorsionados.

Del mismo modo, se incluyeron capturas de pantalla de aplicativo WhatsApp, con conversaciones sobre las negociaciones y hasta envío de cuentas para el depósito de dinero. Como si fuera poco, también se incluyó registro fotográfico con registro de los vouchers de las transacciones bancarias.

Hasta el momento, se conoce que la probable sanción superaría los siete años de pena privativa de la libertad, existencia de peligro de fuga y obstaculización por parte de los investigados los cuales se evidenciarían con la falta de arraigo domiciliario, resquebrajamiento de arraigo laboral, gravedad de la pena, entre otros elementos.

Por otro lado, se alertó que existe un peligro de obstaculización, ya que los investigados podrían identificar a los testigos y atentar contra ellos, por lo cual se advirtió que se deben tomar las medidas necesarias para que no tengan contacto alguno y no se vea perjudicado el proceso legal que se viene atravesando.

Cabe mencionar que, el exjefe policial y el suboficial fueron capturado el pasado 29 de julio por parte de los agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digemin). Todo ello, luego que el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chiclayo declarara fundado el requerimiento de detención preliminar solicitado por el fiscal quien está a cargo del caso.

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