Pedro Castillo: las cinco investigaciones que la Fiscalía ha iniciado en contra del presidente peruano

Ya pasó un año desde que Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú. Sin embargo, más que sus obras o gestiones a favor del país, se conocen una serie de denuncias que necesitó la intervención de la Fiscalía por presentar indicios de su participación en presuntos delitos.

Frente a todas estas investigaciones, el presidente de la República solo ha optado por el silencio y señalar en reiteradas ocasiones que hay “un sector minoritario” que aún no acepta que “un hombre del pueblo, un profesor rural haya llegado al poder”.

Sin embargo, el mensaje de 28 de julio, los últimos acontecimientos y decisiones tomadas por él mismo lo han vuelto a conducir por el sendero de la crisis política provocando que la Fiscal de la Nación inicie una nueva pesquisa.

Como se recuerda, uno de los primeros casos que involucra al jefe de Estado, se presenta en el primer mes del 2022, donde la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, ordenó abrir investigación contra el mandatario por presuntos delitos de tráfico de influencias en la licitación para abastecer de biodiésel a Petroperú.

Del mismo modo, se sumó la irregular licitación del proyecto Puente Tarata III en la región San Martín. Pero el proceso no continuó con su curso, tras el desarrollo de una interpretación de la Constitución, por lo cual Ávalos suspendió dicho proceso hasta que culmine su mandato presidencial en 2026.

Luego de cuatro meses, Zoraida Ávalos dejó el cargo en la Fiscalía, siendo reemplazada de manera interina por Pablo Sánchez, quien pidió incluir al presidente de la República, en la investigación que se abrió en contra del exministro de Transportes Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular.

En este caso conocido como ‘Los Niños’, se le involucra a Castillo Terrones por su presunta participación para beneficiar a empresas chinas en millonarias licitaciones, por lo cual la Fiscalía señala al jefe de Estado como el presunto líder de una organización criminal construida dentro del Ministerio de Transportes.

Sobre el tema, especialistas aseguran que aunque la investidura de Pedro Castillo lo protege de cualquier condena en su contra, tras el término de su gestión, el mandatario, de ser hallado culpable, podría ser condenado a 8 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias.

Por ejemplo, por ser cabecilla de organización criminal, podría pasar en prisión entre 15 hasta 20 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Respecto al delito de colusión, la condena sería de 6 a 15 años, inhabilitación de 5 a 20 años, pero si forma parte de una organización criminal, la pena se eleva a 15 a 20 años.

A continuación te detallamos los cinco delitos en los que se involucra a Castillo Terrones:

La Fiscalía de la Nación abrió investigación el 11 de noviembre de 2021 contra los entonces ministros de Defensa, Walter Ayala, y secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, alegando supuestas presiones a los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea para favorecer a algunos oficiales en el proceso anual de ascensos.

Ambos funcionarios renunciaron y ahora son investigados para determinar si incurrieron en “la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, previstos y sancionados en el Código Penal”, según un documento de la Fiscalía.

El caso se dio a conocer cuando Castillo removió sorpresivamente al jefe del Ejército, general José Vizcarra, y al jefe de la Fuerza Aérea, general Jorge Chaparro, a inicios de noviembre. Los dos generales afirmaron que sus salidas se debieron a roces con Ayala y Pacheco, quienes les pidieron ascender irregularmente a oficiales afines al gobierno.

La nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su equipo especial contra “la corrupción del poder” inició una investigación contra Pedro Castillo por el tráfico de influencias en el caso Petroperú. Aunque el expediente había sido cerrado por la entonces representante del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, este, finalmente, seguirá su curso.

En este caso se conoció que presuntamente se habían reunido el exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez; la empresaria y actual colaboradora eficaz, Karelim López; el miembro de la Junta Nacional de Palmicutores, Gregorio Sáenz Moya; y el mandatario peruano con Samir Abudayeh, dueño de Heaven Petroleum Operators (HPO), proveedora de la empresa estatal peruana, para ganar una licitación de más de 70 millones de dólares por la compra de Biodiesel en enero pasado.

Conocida la noticia, la licitación se anuló y Ávalos abrió una investigación preliminar al jefe de Estado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, por los contratos de Petroperú en las compañías vinculadas a Karelim López y Samir Abudayeh. Sin embargo, luego ordenó que las investigaciones queden anuladas hasta el final del mandato de la primera autoridad del Perú en 2026.

La nueva fiscal, Patricia Benavides, revirtió esta suspensión y todo seguirá su curso.

La fiscalía también se encuentra investigando a Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes por haber incurrido en el presunto plagio de su tesis para obtener el grado académico de magísteres por la Universidad César Vallejo (UCV).

Este caso fue derivado a la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, donde se continuará con las indagaciones de los presuntos delitos de plagio agravado y falsedad genérica en los que habrían incurrido Castillo Terrones y su esposa.

“Se dispone derivar la investigación a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo - Distrito Fiscal de La Libertad a efectos de que se designe a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa correspondiente y proceda conforme a sus atribuciones por el presunto delito contra los derechos intelectuales, en su figura de delitos contra los derechos de autor y conexos, en modalidad de plagio agravado”, se lee en el documento fiscal.

Luego que Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación suspendiera las investigaciones contra Pedro Castillo por su investidura presidencial, la nueva máxima autoridad del Ministerio Público, Patricia Benavides, ratificó que seguirá con la investigación contra el presidente de la República por el caso Puente Tarata III, por el presunto delito de ser cabecilla de una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones junto al exministro Juan Silva, Bruno Pacheco y su sobrino Fray Vásquez.

Según la tesis fiscal, Castillo encabezaría una organización criminal en complicidad con el exministro Juan Silva, quien es señalado por Zamir Villaverde de recibir “cien grandes” como parte del pago ilegal por la adjudicación de contratos en el MTC.

Para la Fiscalía, el mandatario estaría envuelto en estos presuntos actos de corrupción en el MTC al ser mencionado en los audios de Zamir Villaverde como la persona que intercede en dichas adjudicaciones por medio de su sobrino, por ello pasó de calidad de testigo a investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

A pocas horas de concluir el 19 de julio, a través de sus redes sociales, el presidente de la República anunció la renuncia del exministro del Interior Mariano Gonzáles. Inmediatamente la reacción del exfuncionario no se hizo esperar, y visitó diversos medios de comunicación para revelar su convencimiento de que el jefe de Estado planea encubrir a las personas allegadas y a los prófugos.

Como consecuencia de esta denuncia pública, el 20 de julio, Mariano Gonzáles fue citado a la Fiscalía para declarar los detalles de las acusaciones contra el mandatario. El 22 de julio, Patricia Benavides ordenó abrir investigación contra Castillo Terrones por el presunto delito contra la administración de justicia-encubrimiento personal.

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