Juan Jiménez: “No tenemos una clase política a la altura de las circunstancias para salir de esta crisis” | ENTREVISTA

La semana pasada, el presidente de la República, Pedro Castillo, cumplió un año en el poder. Lo hizo en medio de las graves denuncias por corrupción que investiga el Ministerio Público y la creciente desaprobación por las promesas electorales incumplidas a los sectores que lo respaldaron. Como una muestra fue el pedido de la oposición en el Congreso para que presente su renuncia al cargo.

Debido a este clima de polarización, Infobae contactó con Juan Jiménez Mayor, ex primer ministro y exministro de Justicia, quien recalcó que los líderes políticos deben dialogar para gestar la única salida a la crisis que es la vacancia de Castillo. Además, se mostró en contra de la alternativa de que el Poder Judicial suspenda al presidente en el ejercicio de sus funciones.

En una entrevista dijo que vio a Pedro Castillo como “presidente temeroso y nervioso”. ¿Por qué?

Las imágenes que hemos visto del presidente en Palacio de Gobierno. En la mañana se hizo un saludo protocolar del gabinete como una forma de apoyo y confianza a la gestión que se viene para los próximos doce meses. Usted veía al presidente en esas imágenes, lo notabas absolutamente tenso, saludando muy fríamente a sus ministros, con la cabeza puesta en lo que se le venía esa mañana porque hubo dos avalanchas. La primera del arzobispo de Lima que, digamos, dio un gran discurso señalando la actitud de desprendimiento de un estadista citando al general San Martín, quien cedió el paso a Bolívar para la independencia. Creo que fue muy directo.

Y, luego, lo que pasó en el Congreso, donde ciertamente el presidente esperaba una actitud muy hostil. Aunque ocurrieron incidentes o escaramuzas de algunos congresistas que se pararon, voltearon y hubo gritos; finalmente lo dejaron hablar al presidente. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia eventos de mensajes presidenciales muy duros como el que pasó Alan García en 1990. Eso no hemos tenido este año. A nivel del discurso, el presidente ha respirado con tranquilidad quitándose ese primer peso de encima que significa la rendición de cuentas al país que, por su puesto, no ha sido satisfactoria.

El análisis que se tiene del mensaje de Castillo es que fue un repaso de algunos pequeños logros y pocos anuncios. ¿Usted tiene la misma observación?

Ha sido un discurso de, básicamente, datos que lo pudo haber hecho el primer ministro. El presidente de la República tiene que dar un mensaje que genera expectativa, ilusión y certeza de hacia dónde va el país. En realidad, como usted bien lo dice, se hizo una serie de anuncios, se ha mostrado una realidad paralela en el que país se encuentra en el mejor de los mundos cuando no es así, no se abordó el tema principal que es la crisis política y cuál es la salida a la misma. No estoy hablando que el presidente plantee la renuncia o el adelanto de elecciones porque no lo va hacer. Al día siguiente que deje el poder, [Pedro Castillo] se irá preso. El problema es que debió existir un fórmula para convocar a todos los líderes políticos a un gran diálogo que permita encontrar una salida a esta situación de subida de precios, crisis política, de cómo podemos entendernos los peruanos para avanzar. Esto fue simplemente obviado por el presidente.

Habla de que en el mensaje no hubo alguna propuesta para salir de la crisis. El presidente no va renunciar y en el Congreso, pareciera, que primero desea que se vaya él y de ahí verán qué hacer. ¿Cuál debe ser la salida a este entrampamiento?

La salida tiene que ser una pulcra investigación que realice la fiscalía contra el presidente y su entorno. Que determine claramente que han habido una serie de actos ilegales que afectan la conducción del gobierno y, propiamente, la presidencia de Castillo. Creo que tomará algún tiempo que puede ser semanas o meses. Ojalá que termine su trabajo oportunamente y que los procesos de colaboración eficaz avancen. Sin embargo, ciertamente, esto depende de la actitud histórica que deben tomar los parlamentarios para poder lograr una vacancia. Finalmente, el Congreso no se tiene que ir si la vicepresidenta asume el mandato por sucesión constitucional.

Pero tenemos el problema que Dina Boluarte puede ser inhabilitada por infracción a la Constitución. Van primero por ella y luego por Castillo.

Ese es el problema porque, claro, porque van primero por ella [Dina Boluarte] y después por el presidente. Si Boluarte asume la presidencia, ya no puede ser inhabilitada ni acusada. Eso para el Congreso sería suicida porque si es inhabilitada, entonces la vacancia presidencial implicaría el adelanto de las elecciones para todos. Se establecería una transición por parte del que preside el Congreso que debería convocar a elecciones generales. No sé si el Congreso desee todo o nada. Es decir, soplarse a los dos [Pedro Castillo y Dina Boluarte] para tomar una decisión de suicidarse políticamente todos.

La vacancia se hace más complicada tomando en cuenta la alta fragmentación en el Congreso. Ya hay trece bancadas y los 87 votos resulta ser una cifra inalcanzable. Finalmente, todo dependería de una acusación constitucional por el informe del caso Sarratea. ¿Cómo ve esta alternativa?

No hay forma que prospere constitucionalmente una acusación contra el presidente por hechos de corrupción. La propia Constitución señala, claramente, que solo puede ser acusado por cuatro puntos específicos. No convocar a elecciones, traición a la patria, entre otros. Entonces, no se le puede acusar por temas penales para una infracción constitucional. Ahí, los opinólogos y los congresistas realizan una interpretación que no es válida. La literalidad de la Constitución no puedes ejecutarla con una interpretación jalada de los pelos. Obviamente, sería algo bueno que la Constitución diga que el presidente puede ser vacado por hechos de corrupción. Creo que esto es pura especulación y lo dije en una entrevista hace poco: no tenemos una clase política a la altura de las circunstancias para salir de esta crisis. Ningún partido o líder político está en condiciones de plantear una solución. La política debe ser deliberativa y no imposición de unos sobre otros. Es penoso que no se puede llegar a un acuerdo. Te estoy diciendo de un acuerdo político básico y darle una solución al país: alcanzar los 87 votos para vacar a un presidente sin vergüenza.

No será que el Congreso tiene temor a que pase lo mismo que en noviembre de 2020. Digamos, vacan a Castillo e inhabilitan a Boluarte. La calle no saldrá para respaldarlos, sino a exigir que los parlamentarios también se vayan con el presidente y la vicepresidenta.

Es posible, pero creo que el gran problema que tenemos es que los liderazgos políticos son muy endebles en este momento. Nadie puede controlar, incluso, a los propios parlamentarios. César Acuña no puede gestionar a su partido, Acción Popular no puede controlar y aglutinar a sus correligionarios, no hay una disciplina parlamentaria que permita que los acuerdos políticos puedan surgir. Entonces, en un escenario así de anarquía parlamentaria y política, es difícil porque cada uno juega por sus propios intereses. Hay parlamentarios que están siendo comprados por el gobierno. Espero que en cualquier momento se pueda conocer cómo es que se han dado estos acuerdos bajo la mesa que implica la compra de votos.

Esto yo lo he visto en Honduras, donde el gobierno compraba los votos de los diputados a través de proyectos sociales. En Honduras, los congresistas pueden recibir fondos públicos para sus proyectos y hacer proselitismo. La Constitución se los permite, pero aún con eso lo que hacían era robarse el dinero y no hacer el proyecto social. El tema, finalmente, es la compra de votos. Aquí ocurre lo mismo: entrega de puestos públicos y obras. A través de prebendas, el gobierno ha conseguido a un grupo de parlamentarios que, no siendo del partido del gobierno, los apoya. En ese sentido, han sido muy astutos y parece una práctica sindicalista que es la reclusión de adversarios para poder acallarlos y lograr sus objetivos. Es típico de las mafias.

Obviaba un tema de la vacancia. El congresista Diego Bazán ha propuesto reducir el número de votos para la vacancia de 87 a 78. ¿La propuesta es constitucional?

Esto tiene un origen constitucional. Durante el gobierno de Toledo, había la intención de vacarlo como se hizo con Fujimori por incapacidad moral. El Tribunal Constitucional, en una sentencia de 2004, analizó el tema de la vacancia presidencial. A Fujimori se le vacó con una votación con mayoría simple. Entonces, el tribunal dijo que si para aprobar la censura de un ministro se requiere de una votación calificada, para aprobar una vacancia del presidente de la República con mayor razón. El Tribunal Constitucional hizo una exhortación al Congreso para que apruebe una reforma de su reglamento estableciendo el número de votos para la vacancia. Lo definieron en dos tercios [87 de 130] que, además, se requieren para un proceso de acusación constitucional o el impeachment que se refiere al artículo 100 de la Constitución. Entonces, dos tercios [87 de 130 votos] es un número razonable. Los consensos se pueden lograr si hay una clase política responsable y que pueda tomar decisiones en función del país. No creo que sea la vía el cambio del sistema de votación, sino que los propios partidos que tienen representantes en el Congreso vean la forma de establecer una disciplina de sus miembros y tomen la decisión que el país exige. No puede ser que un gobierno con el 79% de rechazo haya perdido legitimidad, credibilidad y confianza de la población.

Otra propuesta que se ha deslizado en los últimos días es que el Poder Judicial suspenda al presidente Castillo en el ejercicio de sus funciones por obstruir las investigaciones del Ministerio Público. ¿Esto es viable?

No, creo que es descabellado. El presidente de la República tiene un blindaje especial que está establecido por estas cuatro causales de acusación referidos en el artículo 117 de la Constitución. Esto por la fragilidad que han tenido los presidentes en el Perú. Vivimos en épocas democráticas y el último golpe fue en el 92 con Fujimori. Entonces, lo que hemos tenido en el país es permanentemente gobiernos débiles que han concluido sus mandatos por golpes de Estado. Esto viene desde el siglo XIX, entonces lo que ha buscado el constitucionalismo peruano es tratar de buscar un blindaje al presidente para que pueda tener, básicamente, estabilidad en el cargo.

Por eso, inclusive, se creó la presidencia del Consejo de Ministros en 1856 por dos motivos. Primero, para debilitar el poder del presidente. La figura del primer ministro era un poco para generarle cierta estabilidad, pero también con el fin de que se hagan responsables políticos. Ese es otro elemento que le da estabilidad al gobierno. El presidente puede hacer trapacerías, pero quienes asumen la responsabilidad política son los ministros. Por eso, lo dije el otro día: cuidado porque cuando el presidente comete delitos y el Consejo de Ministros no deslinda de esos actos y no renuncian pese a que se observen hechos ilícitos como los que se vienen investigando ahora, según la Constitución son solidariamente responsables de todos los delitos. Si el presidente no sale bien de estos temas, no delinque solo. Nunca hemos tenido un gobierno tan malo. Hemos tenido presidentes ladrones y autoritarios, pero nunca uno que es ignorante y que no sabe cómo gobernar.

Un poco para ahondar en la propuesta de la suspensión se toma como argumento que Castillo obstruye la acción de la justicia. Están los ejemplos del reciente oficio del Ministerio del Interior para retirar al coronel Harvey Colchado de la coordinación del equipo especial de la Policía, que se va pedir la nulidad de la declaración de Bruno Pacheco y el presidente ha dicho que denunciará a Panorama por revelar lo dicho por su exsecretario. ¿Estas actitudes no evidencian que hay un bloqueo a las indagaciones de la fiscalía?

Sí, pero todo eso no genera la posibilidad de que el presidente pueda ser suspendido de sus funciones. ¿Quién lo haría? El Congreso, pero no lo puede acusar ni inhabilitar. Yo creo que son opiniones respetables, pero no están acordes al modelo constitucional peruano que siempre protege y preserva al presidente. Más bien, en estos hechos hay actos delictivos que los ministros tendrán que responder en su momento. Esta cosas no se ven en su momento actual, sino después. Recordemos qué pasó en los años noventa cuando hubo muchos indicios de corrupción y recién, cuando se recuperó la democracia, varios ministros fueron sometidos a las investigaciones. De manera que los ministros no crean que están jugando a la política, sino que pueden ser materia de investigaciones y hechos delictivos.